Pedro Antonio Sánchez descarga en los técnicos: «Yo me limitaba a dar traslado»

Lo hizo durante la instrucción y este martes, sentado ya en el banquillo, Pedro Antonio Sánchez repitió estrategia. El expresidente regional descargó en los técnicos todas y cada una de las decisiones controvertidas que se tomaron en el proceso de adjudicación y construcción que se desarrolló en torno al teatro-auditorio de Puerto Lumbreras y que lo han llevado a sentarse en el banquillo por el 'caso Auditorio'. A preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, el antiguo jefe del Gobierno murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras repitió hasta la saciedad que desconocía todos los detalles del expediente municipal –incluido el contenido de los documentos que firmaba– e hizo hincapié en que no era su función comprobar esos extremos. «El alcalde solo envía el documento», subrayó. «Es el impulso político para conseguir los fondos».

La declaración de Sánchez en el juicio del caso que lo acabó desalojando de San Esteban, hace ya un lustro, se prolongó durante varias horas. Con aparente calma, Sánchez -que se negó a contestar a las preguntas de la acusación popular, que representa a PSOE y Podemos- descargó la responsabilidad sobre los técnicos municipales y también sobre el director del proyecto, el arquitecto Martín Lejarraga, procesado también en la causa. El expresidente regional relató que ambos se conocieron en un evento cultural que tuvo lugar en Puerto Lumbreras y en el que el arquitecto habría estado aplaudiendo la oferta cultural del municipio y poniendo sobre la mesa la necesidad de albergar todas esas propuestas en un edificio.

Sánchez sostuvo que la idea de levantar un auditorio en la localidad partió de este profesional y enfatizó que nunca se le realizó un encargo. «Él, por iniciativa profesional, propuso documentos con ideas que pensó, pero no hubo ningún encargo», insistió ante el magistrado Juan del Olmo, que preside el tribunal. «Como no hubo ningún encargo, no hubo ningún contrato, ni ningún pago». El exjefe del Ejecutivo regional quiso enfatizar, además, la escasa relación que, según su versión, mantenía con el arquitecto. «Yo no despachaba con el señor Lejarraga».

El principal acusado del 'caso Auditorio' no tuvo más remedio que asumir, a preguntas del fiscal, que las «ideas» del arquitecto fueron utilizadas seguidamente para pedir una subvención de hasta seis millones de euros a la Comunidad. Sánchez incidió, no obstante, en que no se leyó el documento que el Consistorio envió a la Consejería de Cultura para reclamar esa ayuda y que desconocía su contenido. «No era mi función comprobar el registro del Ayuntamiento y yo no fiscalizaba los expedientes».

Respecto a la parcela junto a la rambla de Nogalte en la que supuestamente iba a ubicarse el teatro auditorio, el exalcalde aseguró que esa opción nunca se valoró. «No se habló con los propietarios porque nunca se planteó hacerlo allí», defendió.

De esta manera, el exregidor lumbrerense descartó que, como sostienen las acusaciones, simulase un concurso con el aparente fin de que se presentaran proyectos para diseñar y construir el auditorio, a pesar de que presuntamente estaba ya encargado desde dos años antes a Lejarraga. Sánchez defendió a capa y espada un concurso que, aseguró, fue transparente y anónimo y que no fue creado para dar cobertura legal al proyecto. «Yo no metí mi lápiz en esas bases», remarcó rotundo. A la pregunta del fiscal sobre por qué este procedimiento se despachó en quince días y no en 52 jornadas como se hacía de forma ordinaria, sostuvo que era una época de exceso de trabajo para los arquitectos y que la agilización del procedimiento en esa ocasión era crucial. El procesado insistió, en este punto, en que hasta tres propuestas se disputaron la adjudicación, que acabó en manos de Lejarraga.

A lo largo de su intervención, Sánchez trató de convencer al tribunal de que el expediente municipal no se inició hasta que la Consejería de Cultura otorgó la subvención, pese a que antes se habían redactado presuntamente un anteproyecto y un proyecto. Admitió que la subvención se otorgó con base a las ideas de Lejarraga, aunque insistió en que luego se desarrolló el verdadero proyecto en un sitio diferente.

Cuando el fiscal Anticorrupción le interpeló acerca de cómo era posible que la prensa hubiera publicado, ya en 2006 y 2007, antes de convocarse el concurso de ideas, que el director del proyecto iba a ser Lejarraga, Sánchez subrayó que era «publicidad» y que «la Administración no se expresa con estas publicaciones».

El expresidente de la Comunidad también tuvo que hacer frente, a lo largo del interrogatorio del fiscal, a preguntas sobre el proyecto modificado, variación que, supuestamente, hubo que acometer por la necesidad de retranquear nueve metros el edificio por la existencia de un vial. La Fiscalía mencionó que las acusaciones apuntan a que ese modificado se utilizó a modo de excusa, con el fin de justificar el hecho de que no se iban a acabar las obras. El acusado afirmó que «el concejal me dijo que había un problema, una causa sobrevenida», y que él confió en el criterio técnico. En este punto, aseguró sentir una gran decepción por el hecho de que el auditorio lumbrerense no llegase a abrir sus puertas. «Con la judicialización de la obra nadie se ha atrevido a seguir con el proyecto», recalcó. «Ese auditorio ha sufrido mucho».

Sánchez llegó puntual a su cita con la justicia en una de las vistas más esperadas de los últimos tiempos. Lo hizo respaldado por su abogado, José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y letrado de estrellas como Cristiano Ronaldo. Nada más comenzar la vista, la carga que soportaba la espalda del exdirigente popular se vio aligerada. El fiscal anunció su intención de retirar la acusación que mantenía contra Sánchez por un delito de fraude de subvenciones, dado que una reforma legal vigente en ese periodo se lo impedía. Con esta decisión, a la que se sumó la acusación popular, que representa a PSOE y Podemos, la petición de la Fiscalía se rebaja en dos años. El expresidente se libra, además, de la petición de pago de una multa de seis millones de euros -con seis meses más de cárcel en caso de impago- que el Ministerio Público había puesto encima de la mesa.

El fiscal Lozano sigue reclamando, no obstante, que el tribunal condene al expresidente regional por un delito de prevaricación continuada y otro de fraude -en concurso con prevaricación-. En estos momentos, pide que se le impongan dos años y seis meses de prisión y 19 años y un día de inhabilitación para empleo y cargo público. El representante del Ministerio Público contempla, no obstante, la posibilidad de acabar imputándole a Sánchez un presunto delito de falsedad documental -como sí lo recoge la acusación popular, que solicita tres años de cárcel-. Este delito podría elevar la petición final de condena por parte del fiscal hasta los cinco años y medio.

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