La oposición tumba en Fuente Álamo el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza urbana

De nada sirvieron las explicaciones de la alcaldesa, Juana María Martínez, de que se trataba de un contrato «en definitiva, no de diez pero sí de notable». La duración prevista del contrato habría sido de cinco años no prorrogables, por importe inicial de 11.688.165 euros, a la espera «de las bajas que hay siempre en el procedimiento de contratación», aclaró la regidora. En julio del año 2017, FCC firmó el contrato tras ganar el procedimiento por 5.636.943 euros y cuatro años de duración, prorrogables por dos más.

Entre las mejoras respecto al contrato caducado, Marínez citó el aumento de maquinaria, «especialmente barredoras», la limpieza de ramblas en los tramos urbanos, la recogida de los nuevos contenedores marrones de biorresiduos, el incremento de frecuencias y la ampliación de limpiezas en los parques de todo el municipio. También enfatizó la recogida de basura, «por primera vez», en el Parque Tecnológico.

Por el contrario, el portavoz socialista, Antonio Jesús García Conesa, citó diez razones «suficientes» para que los pliegos fueran rechazados, pero resaltó tres de ellas. La recogida de los contenedores marrones «no se producirá en todos los núcleos de población, lo que contraviene la ley», dijo. Además, consideró que determinadas cláusulas «por su ambigüedad podrían generar inseguridad jurídica, dejando la vía abierta a posibles reclamaciones del adjudicatario». Finalmente, incidió también en que «no se dice nada de la subrogación de los trabajadores con contrato a tiempo parcial», algo que calificó de «incomprensible, puesto que no tienen por qué diferenciarse de los que trabajan a tiempo completo».

Tanto el portavoz de Vox, Diego Jesús Martínez, como el concejal de Cifa, Agustín Sánchez, se refirieron al montante «sobrevalorado y poco austero» del contrato. Martínez subrayó que «los cálculos se podrían haber hecho con precios más razonables». Puso, por ejemplo, «analizar si el servicio se puede prestar con 20 personas en lugar de 23, y que el ayuntamiento se ahorre ese coste». Y dejó claro, sin embargo, que el adjudicatario «generalmente grandes empresas, estaría obligado a contratar a esas tres personas en otro lugar donde preste servicios». Sánchez, por su parte, criticó que los pliegos «se hayan consultado poco o nada con la oposición», y exigió que en la nueva fase de elaboración «se piense más en la ciudadanía con un contrato más austero que este, de casi 12 millones de euros».