La oposición a la planta de residuos de Calasparra alerta de una «estafa» a los vecinos

Esta organización considera que se está produciendo «una estafa» a los ciudadanos. «Si el decreto de archivo de la ampliación de la planta no pasa por junta de gobierno, no vale para nada», asegura un portavoz de la plataforma. El colectivo remarca que el asunto afecta directamente al interés general y requiere un acuerdo expreso del órgano municipal.

La abogada de la plataforma, María Luisa Turpín, explica que han tenido constancia de la existencia de, al menos, tres expedientes distintos tramitados por el Ayuntamiento. No obstante, denuncia, «se desconocen los números de dichos expedientes», lo que, critica, dificulta el acceso a la información. «Esto impide cualquier control público sobre un asunto de enorme trascendencia». Turpín añade que existe un informe municipal que razona la necesidad de ubicar la planta en ese emplazamiento, por lo que reclama que, si el Ayuntamiento no comparte ese criterio, lo manifieste de forma oficial. «Si no se dice claramente donde corresponde, todo será humo».

El presidente de la plataforma, Sergio López, insiste en el grave perjuicio medioambiental que, a juicio del colectivo, la planta viene provocando desde su instalación. Reclama a la administración local que resuelva la situación de manera definitiva y que eleve el asunto a la Junta de Gobierno Local si existe una voluntad real de frenar lo que consideran un perjuicio para todo el municipio. Desde la plataforma aseguran tener «serias sospechas» de que en la planta «se estén gestionando residuos para los que la empresa no cuenta con autorización».

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, salió al paso de las declaraciones realizadas por la plataforma reafirmando que el Ayuntamiento está actuando «en todo momento conforme a la normativa vigente» y que el equipo de Gobierno «mantiene una postura firme en contra de la instalación de una planta de biogás en esa zona». Añadió que el consistorio «está llevando a cabo todo el procedimiento tal y como marca la ley». En relación con el posible mal uso de las actuales instalaciones, subrayó que el Consistorio «ha realizado inspecciones y ha actuado siempre».