La Fiscalía investiga las emisiones de polvo de la cantera Santa Rita VI de Abanilla

La apertura de diligencias para investigar las emisiones pulverulentas dimana, según aclara la propia Fiscalía en su notificación, de la última denuncia presentada por Paem-PBQ el pasado 3 de febrero.

Los vecinos de las aldeas y caseríos de Peña Zafra, Balonga y Quibas, en Abanilla y Fortuna, y grupos ecologistas han formulado «centenares de denuncias por incumplimiento sistemático de las medidas de control y prevención de contaminación exigidas en la autorización a la empresa minera. Hoy, que el ambiente está húmedo porque llovió ayer, no hay polvo», explican desde Paem-PBQ, que recuerdan que la Dirección General de Medio Ambiente concedió la Autorización Ambiental Única a Colina Cimar para la extracción de piedra caliza ornamental y para la construcción el 23 de febrero de 2022 y, dos años después, «no cumple con las obligaciones estipuladas en la autorización», insiste.

Las denuncias, detallan, han sido presentadas tanto ante la administración regional, como ante los ayuntamientos de Abanilla y Fortuna, también han mediado avisos a la Policía Local y al Seprona, sin que hasta la fecha la mercantil haya resuelto la situación que «supone una amenaza para la salud de los vecinos, la flora y fauna de la sierra, así como para los cultivos de secano próximos (olivo, almendro,...)», consideran los vecinos.

Desde hace años, los vecinos registran y publican en vídeo cada uno de los episodios de «emisiones brutales de polvo», pero «este año decidimos presentar una denuncia cada vez que se producía uno de estos episodios y solo en los primeros tres meses de 2024 hemos presentado 10 denuncias», constata la plataforma vecinal.

LA VERDAD contactó ayer con el gerente de la empresa investigada, N. J. I. M., para que diera su versión de los hechos y defendiera las actuaciones llevadas a cabo por la mercantil que representa en el desempeño de su actividad, pero, como en ocasiones anteriores, no quiso hacer declaraciones al respecto.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Abanilla, su alcalde, José Antonio Blasco, aseguró que el Consistorio no tiene competencias en este asunto y declinó la responsabilidad en Medio Ambiente, pese a que la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en su artículo 4.1 recoge que «incumbe a las entidades locales adoptar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en materia de (...) polvo»; y, en el 4.2 le otorga «la capacidad de aprobar ordenanzas de protección en las materias a que se refiere el párrafo anterior, y para regular los (...) requisitos exigibles a las actividades que pueden producir riesgos o daños al medio ambiente o la seguridad y salud de las personas», así como la potestad de vigilar, inspeccionar e imponer «sanciones ambientales en materia de su competencia».