El exalcalde de Ceutí frustra un acuerdo de conformidad en el caso del polideportivo

La negativa del exalcalde de Ceutí y exsenador socialista Manuel Hurtado impidió este viernes alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción de Murcia, que pasaba por reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la petición de penas en el caso de la presunta adjudicación irregular de un complejo deportivo.

Fuentes de las defensas de los otros cinco acusados dijeron que sus defendidos estaban, en principio, dispuestos a tratar de alcanzar un acuerdo con el fiscal, lo que finalmente no fue posible al negarse Hurtado a reconocer los hechos. Ante esta situación, será ahora el tribunal de la Audiencia Provincial ante el que debía plasmarse el acuerdo de conformidad el que señale las fechas para el desarrollo de la vista oral.

Según la acusación estatal, el exregidor municipal pudo incurrir en los presuntos delitos de prevaricación y fraude con el encargo a dedo de las obras de un complejo deportivo que lleva el nombre del exseleccionador de fútbol José Antonio Camacho y que fue inaugurado en diciembre de 2003.

El fiscal, que acusa también a otras cinco personas, reclama para Hurtado en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión y una multa de 16.200 euros, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años.

Entre los cinco acusados figuran un ingeniero técnico municipal y dos empleados de una gran superficie a la que fueron encargados los trabajos sin acudir a la libre concurrencia y sin respetar, presuntamente, la normativa en vigor.

«El presupuesto de licitación, según el proyecto técnico ejecutado realmente pero fechado mendazmente en enero de 2004, era de 1,8 millones de euros», afirma el ministerio público, y añade que a la inauguración, celebrada el 10 de diciembre de 2003, acudieron también, junto a Camacho, el exseleccionador nacional Vicente Del Bosque.

Comenta el fiscal que, una vez ejecutada la obra, y para poder proceder al pago de los trabajos, como era necesario crear un expediente que justificase documentalmente la legitimidad de los mismos y evitar la realización de pagos sin soporte alguno, Hurtado habría ordenado su confección a los funcionarios municipales y a los representantes de la empresa.