La concesionaria de la guardería municipal de Fuente Álamo denuncia «vigilancia policial permanente»

Apenas una semana después de que la guardería municipal reabriera su actividad, tras una resolución judicial que obligaba al Ayuntamiento a entregar casi 48.000 euros a la concesionaria, Larena Cooperativa, como medida cautelar mientras se dirime el pleito principal entre ambas partes, su portavoz, Luis Moreno, denuncia que el Consistorio está «controlando policialmente y de forma permanente la actividad del centro». Moreno asegura tener «testimonios gráficos» de la presencia de patrullas policiales «a todas horas», lo cual le lleva a plantear, dice, «si alguien ve lógico que con los problemas de seguridad ciudadana que hay, la alcaldesa mande a la Policía a vigilar la actividad de un centro de atención a la infancia (CAI) como si fuésemos delincuentes».

Larena admite que la actividad del CAI está bajo mínimos, «con diez alumnos, cuando la capacidad es de 107», y que, «en cualquier momento», les llegará la resolución del contrato, después de que el Pleno municipal, con la mayoría del equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos) votara a favor la propuesta de resolución en tal sentido. Cuando llegue ese momento, advirtió Moreno, «proseguirá» su lucha judicial «sin cuartel» contra todos aquellos que desde el ayuntamiento, subrayó, «hayan actuado de forma sectaria, injusta, ilegal e irracional» para retirarles la concesión.

Fuentes del equipo de gobierno aseguraron a LA VERDAD que la presencia de la Policía Local «se debe exclusivamente al control horario de apertura y cierre del CAI». Sobre el futuro del CAI, las mismas fuentes afirmaron que «pronto» habrá nueva concesionaria, momento en el que, añadieron, «la gente recuperará la confianza en la gestión del centro y volverá a llevar allí a sus hijos e hijas».

Por su parte, el edil del grupo municipal CIFA, Agustín Sánchez, acusó al equipo de gobierno de «espantar y perjudicar a las familias de la guardería municipal por su nefasta gestión de este conflicto». Aseguró que las dos primeras empresas del procedimiento que se convocó en paralelo al expediente de resolución del contrato con Larena «han declinado constituirse como concesionarias». Algo que, a su juicio, «puede deberse a la desconfianza que les genera tener enfrente un gobierno local sectario e incapaz de reflexionar sobre las consecuencias que está teniendo su contumacia con Larena».

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