Dos autovías provocan otro choque entre el Gobierno central y la Comunidad
El Ejecutivo regional denuncia que la «dejadez» del equipo de Sánchez «bloquea» el vial del Puerto de Mazarrón y el eje de Venta del Olivo
Nuevo enfrentamiento entre las administraciones autonómica y nacional. El Ejecutivo regional denuncia que «la dejadez» del Gobierno de Pedro Sánchez bloquea la construcción de dos autovías que deben articular el norte y el noroeste, y mejorar los accesos a la costa. Se trata del desdoblamiento de la carretera de Puerto de Mazarrón y el eje entre Venta Cavila y Venta del Olivo. El Gobierno de López Miras sostiene que el Ministerio de Hacienda «incumple» la ley de Contratos del Sector Público, que obliga a crear la Oficina Nacional de Evaluación de Proyectos, encargada de autorizar las inversiones de colaboración público-privada.
La Delegación del Gobierno contestó que el verdadero motivo estriba en que el plan financiero propuesto por el Gobierno regional no cumple los requisitos de Hacienda.
El Ejecutivo de López Miras considera que la Administración central «no da respuesta a las demandas de los murcianos y no permite que la Región cuente con infraestructuras imprescindibles para su crecimiento y desarrollo. Este bloqueo impide una inversión superior a los 200 millones en la construcción de estas dos infraestructuras».
Las obras están valoradas en 200 millones de euros, para ser ejecutadas con un modelo público-privado
«Demandas históricas»
Explica que ha recurrido al mecanismo de colaboración público-privada para que el gasto no compute como déficit público, lo cual considera una alternativa de financiación más idónea para acometer el desdoblamiento del tramo de carretera con mayor tráfico de la Región y que corresponde a la RM-332, que une Mazarrón y Puerto de Mazarrón. El otro proyecto es la autovía que conectará Venta Cavila y Venta del Olivo.
«Estas dos actuaciones permitirán atender unas demandas históricas de los ciudadanos para mejorar las comunicaciones con los municipios de Mazarrón, Caravaca, Moratalla, Calasparra y Cehegín», añadieron fuentes de la Comunidad. Supondrá la construcción de 58 nuevos kilómetros de autovías y vías de alta capacidad. Asimismo, se garantizará la conservación de unos 600 kilómetros de carreteras del entorno de Mazarrón, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Calasparra y Cehegín.
El Gobierno regional elaboró un estudio económico-financiero que avala y determina la viabilidad y la rentabilidad de las dos infraestructuras con financiación público-privada. También preparó los pliegos técnicos y administrativos que permiten comenzar los actos preparatorios para la licitación con vistas a la construcción de las dos infraestructuras, señala el Ejecutivo.
Oficina de Proyectos
Apunta que se remitió al Gobierno de España la documentación completa que respalda la construcción de estas dos infraestructuras (estudio económico-financiero y los pliegos técnicos y administrativos), para la autorización de la Oficina Nacional de Evaluación de Proyectos, dependiente del Ministerio de Hacienda. No obstante, el 14 de marzo respondió que no ha dictado la orden que regula la Oficina Nacional de Evaluación de Proyectos y que no puede emitir el informe. «De este modo, el Gobierno de España incumple la normativa que entró en vigor hace un año, pese a que ha dispuesto de tiempo más que suficiente para su desarrollo», concluye el Ejecutivo regional.
Delegación: «Era completamente inasumible»
La Delegación del Gobierno ofrece una versión diferente a la del Ejecutivo autonómico sobre las dos autovías proyectadas. «Las condiciones de financiación que propuso la Comunidad Autónoma no son aceptables», apuntó un portavoz, quien dijo que el Ejecutivo de López Miras «planteó un pequeño PIC (Plan Extraordinario de Infraestructuras en Carreteras) con una fórmula de financiación que de ninguna manera cumple las condiciones del Ministerio de Hacienda. Es una situación parecida a la del PIC que dejó Mariano Rajoy, que afectó a muchas obras, y en el que la financiación era completamente inasumible», recalcaron desde la Delegación del Gobierno.