Murcia, Cartagena y Lorca amplían hasta fin de año los descuentos en el transporte

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha admitido a trámite las solicitudes presentadas por los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca para acogerse a la línea de ayudas que financia los descuentos en el transporte público urbano y metropolitano durante el segundo semestre de 2025. Esta resolución supone el paso previo a la concesión definitiva de las subvenciones, que el Ministerio sufragará con cargo al paquete estatal de 355 millones de euros habilitado para comunidades autónomas y entidades locales, según indicaron fuentes del Ministerio en una nota de prensa.

En total, a nivel nacional, son 141 entidades locales, supramunicipales y comunidades autónomas a las que se ha admitido provisionalmente la solicitud para obtener las ayudas directas al transporte público para el segundo semestre de 2025.

De esta manera, las administraciones que hayan solicitado dichas ayudas pueden saber si han sido admitidas a trámite, y se ofrece a las inadmitidas la oportunidad de corregir los defectos que hayan motivado el rechazo, así como acreditar la presentación de las solicitudes en tiempo y forma.

En concreto, se ha admitido a trámite la solicitud de trece comunidades autónomas y 128 municipios, diputaciones, ciudades autónomas y mancomunidades para acceder al paquete de 355 millones de euros habilitado por el Gobierno para financiar la gratuidad del transporte público a menores de 15 años, las rebajas de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales. De los 355 millones de euros activados, 235 se destinarán a las comunidades autónomas y 120 millones a las entidades locales.

Este nuevo esquema contempla tres tipos de descuentos: gratuidad para la población infantil hasta los 14 años (incluidos); reducción del 50% del precio de los abonos joven y títulos multiviaje joven; y rebaja de, al menos, un 40% en el resto de los abonos y títulos multiviaje. En este caso, el Ministerio financiará un 20% de los descuentos siempre y cuando las entidades locales o comunidades competentes se comprometan a financiar con sus propios fondos una rebaja mínima de un 20%.

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