Los okupas de dos edificios de Molina serán desalojados en un mes

En poco más de un mes, los dos edificios situados junto a la rotonda de la carretera de Molina a Alguazas quedarán vacíos de okupas. Todavía quedan varios inquilinos ilegales que serán desalojados por orden judicial, según anunció la concejal de Urbanismo y Policía Local, Julia Fernández. Se trata de dos bloques de viviendas que no están terminados porque, hace ya más de una década, la promotora cesó las obras por problemas económicos, lo que motivó movilizaciones de los trabajadores, que protagonizaron varias protestas a la puertas de una entidad financiera por la demora en el cobro de sus salarios.

Desde entonces, los dos edificios se convirtieron en un hervidero de okupas que entraban y salían a sus anchas. Además, fuentes municipales indicaron que muchos pisos sufrieron daños porque algunos inquilinos optaron por arrancar puertas y ventanas. Para los vecinos molinenses, los áticos con pintadas de grafiti se han erigido durante muchos años en los estandartes referentes de la okupación ilegal en la localidad.

Mientras tanto, desde hace meses, guardias de seguridad vigilan la entrada y salida a los inmuebles con el fin de evitar que entren más okupas a las fincas. Y esperan a que llegue el día, en el mes de noviembre, en que se produzca el desalojo definitivo de las tres últimas viviendas que en estos momentos se encuentran okupadas.

Fernández aduce que, cuando se producen casos «puntuales» de okupación ilegal de viviendas, se están pudiendo resolver atendiéndolos de forma individual y dando respuesta a las necesidades de las familias. «Así se ha procedido con el edificio ubicado en la carretera de Alguazas», explicó. La edil de Urbanismo, que mantuvo conversaciones con la inmobiliaria propietaria –los pisos estuvieron antes en manos de la Sareb–, avanzó que «la intención de la empresa es rehabilitar y asegurar los edificios con el objetivo de ponerlos en el mercado».

Cuando suceda, al Consistorio molinense le gustaría negociar con la inmobiliaria la posibilidad de destinar algunos pisos a alquiler social, «siempre y cuando se den las circunstancias apropiadas». El propio alcalde, Eliseo García Cantó, admitió que «esta opción entraña dificultades» y, además, es consciente de que «tardarán mucho tiempo en acabar las obras para poner las viviendas en el mercado inmobiliario».

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