El Ministerio de Inclusión monitorizará los mensajes de odio derivados del veto en Jumilla a celebraciones musulmanas en espacios municipales
El departamento de Elma Saiz llevará a cabo ese seguimiento a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, como hizo en Torre Pacheco. El Ministerio de Justicia ha rechazado por «extremista» y «excluyente» el acuerdo de PP y Vox
El Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) del Ministerio de Inclusión vuelve a tener su lupa puesta en la Región de Murcia. Como ocurrió en Torre Pacheco, ahora, tras el acuerdo en Jumilla propiciado por PP y Vox para acotar las celebraciones religiosas en instalaciones deportivas municipales, monitorizará los mensajes de odio que se puedan derivar de este nuevo episodio. Porque, si bien los populares mantienen que es una medida que no se refiere a ninguna confesión concreta, el sentido de la moción impulsada por la formación de Santiago Abascal tenía en su diana prohibir las celebraciones religiosas y las manifestaciones culturales de la población musulmana, con referencias concretas a la Fiesta del Cordero, además del fin del Ramadán, o a la proliferación de establecimientos con carne 'halal'.
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Desde el departamento de Elma Saiz, señalan a LA VERDAD que a través del Oberaxe «seguiremos muy de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las personas».
Para ello, se realizará un «monitoreo continuo de redes sociales con el sistema FARO, una herramienta automática que detecta posibles discursos de odio racista y xenófobo en tiempo real», así como una revisión doble por personas expertas, «que analizan manualmente los contenidos identificados para garantizar rigor y fiabilidad en la clasificación».
Antes de este último episodio, el Observatorio detectó que los mensajes de odio en redes sociales pasaron de 6.824 a 33.046, a raíz de la la agresión a un hombre en Torre Pacheco, lo que supone un incremento de más del 384%. A través de la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se realizó un informe específico para analizar la actividad en redes sociales relacionada con los sucesos en la localidad, donde se vivió una ola de violencia racista a causa de la agresión a un jubilado.
Durante el periodo analizado, entre el 6 y el 22 de julio, el 91% de los contenidos de odio detectados estuvieron dirigidos a personas del norte de África. Otros grupos como las personas musulmanas (6%) y afrodescendientes (5%) recibieron una hostilidad significativa pero considerablemente menor. El documento concluía que estos porcentajes «reflejan un patrón de estigmatización selectiva, en el que las personas del norte de África fue objeto principal de discursos deshumanizantes, mientras que el resto de colectivos se mantuvieron en niveles inferiores de visibilidad en los mensajes de odio».
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Trabajo con las plataformas
Según detalla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este observatorio cuenta con la calificación de 'trusted flagger' (alertador de confianza). Eso significa que las plataformas deben darle prioridad en la moderación, y por tanto, sus denuncias y notificaciones presentadas para su retirada deben ser procesadas con prioridad y sin demoras indebidas por las plataformas.
Para ello también, la ministra Elma Saiz, convocó el pasado 30 de julio a los representantes de las grandes plataformas digitales (Meta, X, TikTok y Google) para abordar el «preocupante» aumento de los discursos de odio en las redes sociales y analizar la reacción y la eficacia de estas empresas a la hora de retirar dichos contenidos. En el encuentro se acordó la creación de un grupo de seguimiento permanente para analizar de manera periódica los discursos de odio en las redes.
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«Un modelo político y social contrario la Constitución»
El Gobierno también ha rechazado por «extremista» y «excluyente» este acuerdo aprobado en Jumilla. «En España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución», señalan a Europa Press fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ven en la decisión de PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla «un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha».
«Han prohibido obras de teatro, películas, revistas y, ahora, impiden una celebración religiosa en una instalación municipal. Su proyecto es imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias», subrayan las citadas fuentes.
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En este escenario, desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños recuerdan que, «en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución» y que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.
«Además, la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa», sostienen las fuentes de Justicia.
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