Los daños en el Coto Fortuna de Mazarrón siguen sin sanción firme tres años después

Hace tres años, los daños detectados en el sitio histórico del Coto Fortuna (Mazarrón), un yacimiento minero que ya se explotaba en época romana, llevaron a la Consejería de Cultura a iniciar una investigación. En el punto de mira aparecía una empresa (Agrícola Perichán), que había invadido el perímetro del conjunto catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) para plantar lechugas. Las indagaciones se plasmaron en un expediente, que apreció una infracción muy grave y fijó una multa de casi 123.000 euros.

Esa resolución llegó en junio del año pasado, si bien quince meses después todavía no se ha elevado a firme. A preguntas de este diario, fuentes de Cultura indican que la empresa presentó un recurso de reposición, dentro del plazo establecido por la normativa, y que el caso sigue en estudio. Es la Secretaría General de la Consejería (al frente de la que se encuentra Juan Antonio Lorca Sánchez) la que tiene la última palabra. En su poder obran «el informe jurídico de la Dirección General de Patrimonio Cultural, los argumentos respecto a ese recurso y el expediente de Coto Fortuna para su estudio y pendientes de la resolución final». En la Consejería creen que la decisión «se conocerá pronto».

La empresa siempre ha defendido que desconocía que invadía un entorno con protección cultural. Y que nada más ser advertida de esta situación, paralizó todos los trabajos dentro del sitio histórico. Lamentó, también, que la zona carecía de cualquier señalización en este sentido, y que esa catalogación cultural no aparecía ni en el Registro de la Propiedad ni en el Catastro.

Asociaciones conservacionistas lamentan la tardanza en la tramitación de este tipo de expedientes por parte de Cultura. «No es normal; más que una carencia de medios parece que lo que hay detrás es dejadez y falta de impulso por parte de los responsables de la Consejería», aseguran desde Huermur. Este colectivo de defensa de la huerta de Murcia denuncia que algunos expedientes no llegan a resolverse nunca, y cita el caso de las torres eléctricas «ilegales» junto a la acequia mayor de Alquibla, que data de 2010. «Otras denuncias se quedan en las diligencias previas».

Para evitar este tipo de situaciones, Pedro Jesús Fernández, colaborador de Huermur, recuerda que en 2014 ya propusieron, con motivo de un congreso de molinología, la puesta en marcha de un cuerpo de inspectores de monumentos, encargados de velar por la salvaguarda de este patrimonio histórico.

La demora en el caso del Coto Fortuna (donde hubo derribos de elementos catalogados, movimientos de tierra y desbroces dentro del perímetro de protección) no es algo aislado. La demolición del Corralazo, un edificio del siglo XVI en Guadalupe (Murcia), ocurrida en 2011, no tuvo resolución firme hasta una década después. Su reconstrucción aún sigue pendiente.

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