Luengo: «Esperamos que las ayudas reduzcan el impacto económico en el ciudadano»

Las administraciones locales confían en que los fondos europeos les ayuden a reducir el impacto económico de la aplicación normativa. Según Margarita Ruiz, representante del Miteco, «en 2021 se distribuyeron 420 millones de euros de los fondos 'Next Generation' a las comunidades autónomas para implantar estas iniciativas en los municipios, y este año hay 176 millones de euros y habrá más».

Luego dejó claro a los responsables municipales llegados de diversos municipios de España a este encuentro informativo sobre la Ley de Residuos que «tendrá un impacto económico y no podemos engañar a nadie». En el caso del Ayuntamiento de San Javier, espera «captar fondos europeos para la compra de contenedores para que repercuta menos en el ciudadano». También proyecta convertir el Centro de Gestión de Residuos en una terminal del Consorcio regional de Gestión de Residuos.

La experiencia de Almería, que cuenta con una planta de tratamiento de residuos propia, permitirá al municipio andaluz reducir la factura que supondrá la implantación de la Ley, pero «todos tendremos que pagar el impuesto del vertedero porque los proyectos de economía circular son costosos», afirma la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Considera los 850 millones de la financiación estatal «escasos» y pone como ejemplo «la biorrefinería proyectada en Almería, con el apoyo de los sectores agrícola y ganadero y la sociedad, cuesta 30 millones y generaría residuos de alto valor».

Para la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, «nunca ha habido un volumen de transferencia de fondos de este volumen desde el Estado a los ayuntamientos, pero pedimos que en casos como la gestión de residuos, también las comunidades deriven ayudas económicas». A falta de realizar los estudios económicos que tendrán que elaborar todos los ayuntamientos, la alcaldesa gaditana asegura que «todos tendremos que pagar un recibo de la basura más alto, ya que hasta ahora pagamos por la retirada, pero a partir de ahora tendremos que pagar su tratamiento».

Desde la Fempse trabaja para aportar soluciones y propuestas de cara al proceso de desarrollo del reglamento de la Ley que se alargará hasta final de año, explicó su secretario general, Carlos Daniel Casares. Uno de los puntos que preocupa especialmente a las entidades locales es el de la financiación que permita hacer viable la asunción de sus nuevas responsabilidades en materia de gestión de residuos.

Varios colectivos defensores del Mar Menor difundieron ayer un comunicado en el que critican la decisión de la FEMP de celebrar la reunión de la Comisión de Medio Ambiente en San Javier. «No es este ayuntamiento, presidido por José Miguel Luengo, el mejor ejemplo de políticas ambientales municipales», denunciaban. Recuerdan la situación crítica del ecosistema y critican los nuevos desarrollos urbanísticos aprobados en La Manga y «los actos de ensalzamiento por parte del alcalde del cultivo de pimiento que forma parte de la agroindustria que está envenenando la laguna», afirman en el comunicado. Los activistas desplegaron pancartas de protesta en la puerta del Consistorio.

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