Los regantes piden a Puig que sea más firme en su defensa del Tajo-Segura
Los usuarios del acueducto se reúnen este martes con el presidente valenciano y confirman para el 11 de enero la manifestación en Madrid
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, anunció este lunes que reclamarán al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, con el que se reúnen este martes, «que sea tan fuerte en su defensa del Trasvase como Emiliano García-Page (presidente manchego) lo ha sido para destruirlo».
Jiménez hizo estas declaraciones durante un encuentro con los medios de comunicación tras la Asamblea del Sindicato reunida en Murcia. Cuando se toca el Trasvase, añadió, «siempre se perjudica al mismo, a la población del Levante y la de Castilla-La Mancha no se va a beneficiar en nada de lo que propone su líder regional».
Los regantes, por tanto, esperan que Puig «sea más vehemente y eche más carne en el asador que su contrincante, García-Page, en la defensa contra el ataque al Trasvase». A este respecto, resaltó que el texto que se prevé aprobar es una modificación sobre el proyecto de real decreto que tanto Puig como el secretario general del PSRM, José Vélez, anunciaron «a bombo y platillo» que habían pactado con el Ministerio.
La organización de regantes, apoyada por los informes realizados por expertos de la Universidad de Alicante y de la de Alcalá de Henares, Joaquín Melgarejo, Andrés Molina y Alberto del Villar, insistió en las grandes cifras de pérdidas que supondría el recorte del agua trasvasada y el aumento «injustificado científicamente» del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (de seis a siete metros cúbicos por segundo): 27.314 hectáreas (de las que un tercio corresponden a la provincia de Alicante); 15.322 empleos directos y 5.692 millones de euros hasta 2027. Esta última cifra aumentaría en unos 3.600 millones en pérdidas de actividades económicas ligadas a las agrarias.
Lucas Jiménez recordó que se manifestarán en Madrid el próximo 11 de enero, en Nuevos Ministerios, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica vote el proyecto de decreto del Plan de cuenca del Tajo, y que harán lo mismo cuando llegue al Consejo de Ministros, para lo que todavía no hay fecha. «Si hay algún cambio, ni siquiera en una coma, que sea para mejorar el texto», señaló el presidente de los regantes.
Sociedad civil
Con respecto a las movilizaciones programadas, Jiménez invitó a unirse a la del 11 de enero «a toda la sociedad civil, a todas las Mesas del Agua -tanto la de Murcia como las de Almería y Alicante-», así como a todas las organizaciones sociales y económicas que las integran.
«Existen importantes dudas sobre la legalidad del plan»
El director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales la Universidad de Alicante, Andrés Molina, expuso en la reunión de ayer de los regantes un análisis jurídico del proyecto de Plan Hidrológico del Tajo en relación con los caudales ecológicos. «Observamos que existen importantes dudas de legalidad de este proyecto por diferentes razones», indicó Molina, quien citó «deficiencias» en el proceso participativo porque «las alegaciones que se presentaron por parte de los usuarios y de las instituciones alicantinas y murcianas no fueron prácticamente contestadas, más allá de respuestas genéricas».
También habló de «deficiencias» porque «no ha habido un intento de concertación real» con los usuarios del Trasvase, a los que «se les ha dejado al margen» del proceso. «No lo compartimos, porque creemos que son una pieza fundamental también en la planificación del Tajo», subrayó.
Jerarquía normativa
El estudio considera que una elevación «tan notable» de los caudales ecológicos en una norma que tiene un carácter reglamentario «iría en contra de la legislación que garantiza y regula los derechos de los usuarios del Trasvase». Esto plantea, añade, «un problema de jerarquía normativa que podría dar lugar a la anulación del Plan del Tajo», remarcó.
El Gobierno manchego afirma que «este trasvase franquista ya está amortizado»
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se mostró ayer convencida de que el Ejecutivo nacional «aguantará la presión» de los regantes del Levante ante el recorte de los recursos derivados del Trasvase Tajo-Segura. Así de contundente se mostró la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, preguntada sobre la protesta que los regantes de Levante llevarán a cabo el mes próximo a Madrid.
«Éramos conscientes de que esa presión se iba a producir toda vez que llevan más de 40 años dependiendo del Trasvase Tajo-Segura. Pero estamos convencidos de que el Gobierno aguantará la presión», precisó Fernández, que sentenció que, en caso de que no se ejecute lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá a los tribunales. Fernández añadió que este «trasvase franquista» después de 40 años «ya está amortizado».
Respuesta de Valencia
El secretario autonómico de Agricultura del Gobierno valenciano, Roger Llanes, expresó el estupor y sorpresa de la Generalitat ante las manifestaciones de la portavoz de Castilla-La Mancha en las que afirma que confía en que el Gobierno no apruebe algo diferente a lo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua sobre el Trasvase.
«Efectivamente -afirmó Llanes- nosotros esperamos lo mismo, porque lo que se aprobó en el proyecto de Real Decreto por parte del Consejo Nacional del Agua incluye un punto que es esencial para nosotros en la medida en que garantiza la continuidad del Trasvase Tajo-Segura».
