La instrucción del procedimiento por el asalto al Pleno de Lorca se reabre dos años después
Cuando se cumple el segundo aniversario del altercado, tendrán que volver a declarar ante el juez algunos de los investigados y testigos
El procedimiento judicial por el asalto al Pleno del Ayuntamiento protagonizado por un grupo de ganaderos el 31 de enero de 2022 retrocede cuando está ... a punto de cumplirse el segundo aniversario. Después de que la instrucción del caso, en el que hay 19 personas investigadas y que se prolongó durante un año y medio, se diera por finalizada, ahora deberá reabrirse de nuevo. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación presentado hace más de un año por el abogado Pedro Montes, que representa a tres de los investigados, para que se repitan las declaraciones que realizaron ante la jueza Cristina Ojados cuatro de los ganaderos implicados el 7 de noviembre de 2022. Él no pudo asistir a los interrogatorios por tener un juicio en otra provincia, pero no se suspendieron esas declaraciones y la Audiencia ha dado la razón al letrado, que entendió que se vulneró el derecho de defensa de sus representados.
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Montes confirmó a LA VERDAD que ha solicitado ahora la nulidad de las actuaciones porque lo realizado con posterioridad a esas declaraciones de los cuatro ganaderos es «nulo de pleno derecho, el procedimiento está viciado». Aún no ha recibido respuesta del juez Patricio Arribas, que sustituye a Ojados como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7. Si el juez no la estima, el letrado recurrirá de nuevo a la Audiencia Provincial, que «tardará otro año en resolver», adelantó.
Si finalmente hay que repetir la diligencias como reclama Montes, entre los que deberán sentarse de nuevo ante el juez está Francisco Román, expresidente de Adespolorca, una de las entidades organizadoras de la manifestación de ganaderos que terminó en el asalto al edificio municipal en el que se iba a celebrar el Pleno. Román prestó declaración en calidad de investigado a solicitud de la Fiscalía en junio de 2023, después de haberlo hecho como testigo en abril de 2022.
«El procedimiento está viciado», afirma el abogado Pedro Montes, que representa a tres de los ganaderos
El empresario ganadero lamentó tener que «volver a pasar por lo mismo, no es agradable ponerse delante del juez», aunque reconoció haber recibido con agrado que el Ayuntamiento decidiera apartarse del procedimiento por orden del alcalde, Fulgencio Gil, el pasado mes de julio. El regidor anunció a este diario haber dado orden al equipo jurídico del Consistorio de no seguir ejerciendo la acusación particular porque los investigados son «trabajadores y autónomos a los que se colocó en una posición muy difícil» por el cambio normativo que afectaba a sus granjas y que se iba a debatir en el Pleno, que no llegó a iniciarse aquel día.
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El PSOE criticó esa decisión y estudió personarse en el procedimiento para «llegar hasta el final» y descubrir «quién estaba detrás» instigando a los ganaderos. Sin embargo, su portavoz, Diego José Mateos, confirmó que finalmente «no lo consideramos oportuno» por temor a que se «politizara» el pleito. «Confiamos en el trabajo de la Fiscalía» que «sigue adelante, en defensa de la legalidad», dijo.
«Se cometió una injusticia»
Dos años después de los incidentes, Román aseguró que «no puedo estar tranquilo hasta que todo esto acabe». Confesó que, con el paso del tiempo, «veo las cosas desde otra perspectiva, se cometió una injusticia metiéndonos en esto», refiriéndose a la judicialización del altercado. Pero el caso no tiene visos de terminar pronto. Aún no se han presentado los escritos de acusación y pueden pasar entre dos y cuatro años para que se celebre el juicio. Los plazos son «imprevisibles», señaló el letrado.
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