Frente común en Lorca en defensa del Trasvase Tajo-Segura

El Gobierno regional y los ayuntamientos de Lorca y Puerto Lumbreras mostraron ayer su respaldo sin fisuras a las reivindicaciones del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) en contra de la decisión del Gobierno de España de modificar las reglas de explotación del acueducto. En un acto convocado por la Comunidad de Regantes de Lorca, los políticos del PP y el PSOE mostraron sintonía en el apoyo a las peticiones de los regantes de que se mantenga el 'statu quo' en el desembalse al Levante.

El presidente de los regantes lorquinos, Juan Marín, aseguró que «tenemos que demostrar una unidad total» para reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que «se mantenga la cordura y el sentido común y que primen criterios técnicos» frente a los políticos. Marín aseguró que en la comarca del Guadalentín el sector agroalimentario supone más del 30% del PIB, que ahora está amenazado por la decisión del Gobierno, que puede ser un «golpe definitivo» a la economía local.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, dijo que «nos encontramos ante una encrucijada muy preocupante», que puede provocar una reducción permanente del 39% de los caudales que se venían recibiendo y «habrá años en los que no habrá agua para el regadío». Eso generará un «agujero negro por el que no sabemos qué es lo que puede caer».

El presidente regional, Fernando López Miras, dijo que la Comunidad ve con «preocupación el cambio de la hoja de ruta para elevar los caudales ecológicos del Tajo, que supondrá en definitiva el cierre del Trasvase». Según el jefe del Ejecutivo, «se reducirán a la mitad los caudales, en los años de sequía no recibiremos agua y subirá el precio para los regantes y también para las familias». Ante esta posibilidad, el Gobierno regional está «al lado de los agricultores en cuantas acciones entiendan que debemos hacer».

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, apostó por «dotar de seguridad» al Travase para que los regantes «no estén siempre con esta incertidumbre». Consideró que se trata de una infraestructura «irrenunciable» y dijo que la «controversia responde más a una cuestión territorial que ideológica».

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, dijo que más del 60% de la población activa de su localidad se dedica al sector primario y mostró su apoyo total a los regantes.