El juzgado reclama numerosos informes a la Comunidad y a la Asamblea Regional en el 'caso Desaladora'

El juzgado de instrucción de Murcia que investiga al expresidente de la Región y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en la pieza separada del 'caso Desalinizadora' ha reclamado numerosos informes tanto a la Comunidad Autónoma como a la Asamblea Regional, además de anunciar que llamará a declarar a exmiembros del Ejecutivo autónomo.

Se aprueba, también a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Murcia, tomar declaración como testigos al exsecretario del Consejo de Gobierno, Fernando de la Cierva, y al exconsejero y exportavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, así como al excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer, entre otros. Sobre esas comparecencias, el juzgado señala en su resolución que se admite la práctica de las mismas, pero que queda pendiente fijar la fecha en que se llevarán a cabo.

Por lo que se refiere a la documentación que reclama a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), la resolución judicial acuerda requerirle el envío de los acuerdos del Consejo de Gobierno de los años 2005 a 2010, por los que se autorizó al Ente Público del Agua (EPA) a firmar convenios con los ayuntamientos para ofrecerles el futuro suministro de agua procedente de la desalinizadora de Escombreras.

También la requiere para que remita los informes del Comité de Secretarios que acompañaron a los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre la creación del EPA y de los acuerdos referidos a la cesión de una parcela de 11.000 m² para levantar la planta y la autorización a este organismo para la firma de los referidos convenios.

Igualmente, el juzgado requiere al Ejecutivo regional para que le envíe la autorización del mismo Consejo para la concesión de la garantía «comfort letter», aprobada para garantizar la devolución del préstamo concedido por un banco a la empresa constructora, del Grupo ACS.

Asimismo, se reclama información sobre las reuniones de la Comisión Mixta de Vigilancia y Control fijada en los convenios del EPA suscritos con distintos ayuntamientos, los planes de abastecimiento acordados y los puntos de entrega del agua que se acordase respecto a cada uno de aquellos.

A la Consejería de Presidencia y Hacienda se la requiere especialmente para que informe si existió algún otro acuerdo de supresión del límite de los avales a prestar por la Comunidad, como se hizo con el EPA, a cualquier otra empresa pública regional, y si existió, que se indique cuándo fue.

En cuanto a la Asamblea Regional, se la requiere para que entregue la documentación del Plan Inicial de Actuaciones que acompañó al anteproyecto de ley de creación del EPA, así como la documentación que, en su caso, presentó el Grupo Popular junto con la proposición de modificación de la ley del mismo organismo.

Finalmente, reclama las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Desalinizadora que se constituyó en el legislativo regional, «con copia de todas las intervenciones y transcripciones». La providencia señala que la misma puede ser apelada a través de un recurso de reforma en el plazo de tres días.

En esta pieza separada, abierta tras la denuncia presentada por la fiscalía en julio de 2019, se trata de investigar si Valcárcel pudo haber incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones en su participación en el proyecto y construcción de la planta, lo que este negó al declarar hace unos meses.