El juez procesa a nueve implicados en la presunta trama de contratos de la CHS

A la vez, el auto que abre la fase hacia el juicio oral, al que ha tenido acceso LA VERDAD, ordena el sobreseimiento de los cargos que se mantenían respecto de otras personas vinculadas a las empresas adjudicatarias de contratos y de un amplio grupo de exfuncionarios de la CHS, debido a que la investigación judicial no ha aportado finalmente indicios de delito suficientes como para mantenerlos encausados.

En este grupo de exculpados destacan algunos antiguos altos responsables de la Administración Pública, como Manuel Aldeguer, quien fue Comisario de Aguas de la CHS; el exsecretario general José María Bernabé; y el exdirector técnico Joaquín Ezcurra. Todos ellos han quedado libres de sospecha.

La resolución deja constancia de que fue presuntamente Manuel Bravo quien, a partir del año 2005, habría impulsado desde la sombra la constitución y la gestión de dos empresas del ramo de la construcción y la ingeniería, Frahesa y Jurama, a cuyo frente situó en apariencia a tres de sus hijos y a su propia esposa. Y sostiene que el encausado, aprovechándose de su condición de empleado público en la CHS y de sus amistades y contactos en ese organismo de cuenca, entre ellas la relación de confianza que mantenía con quien fue secretaria general entre los años 2004 y 2010, Paloma Moriano, habría logrado la adjudicación de decenas de contratos menores, así como de otros encargos negociados sin publicidad o en condiciones de emergencias.

De esta manera, entre los años 2006 y 2018, a la firma Frahesa le fueron otorgados 58 contratos, por un importe total de 2.081.346 euros, mientras que a Jurama se le concedieron 89, por una cuantía global de 3.483.697 euros. Los dos contratos de emergencias que se les adjudicaron sumaron a su vez la cantidad de 440.000 euros.

Tal como lo describe en su auto el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, «Manuel Bravo Martínez se aprovechó de su larga trayectoria profesional en la CHS, así como de las relaciones personales que este tenía en la misma, para crear un entramado societario junto con su familia, sin participar formalmente, aunque sí realmente, para a través de las dos empresas creadas alcanzar el fin de obtener de manera ilícita contratos de la CHS, que de no haber sido por sus funciones como empleado público y esas relaciones desarrolladas a raíz del mismo, no hubieran obtenido, lo cual también está avalado por el hecho de que ambas mercantiles prácticamente subsisten con los ingresos que reciben de la citada entidad».

Y ofrece como un elemento especialmente significativo, que vendría a probar los privilegios de los que este empleado público ya jubilado disfrutaba en el seno de la CHS, que el primer contrato que recibió Frahesa de ese organismo se firmó el mismo día en que la mercantil se constituyó formalmente.

Junto a Manuel Bravo, a quien se le atribuyen presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, han sido imputados su esposa y tres de sus hijos, así como otros familiares.

Respecto de la presunta participación de Paloma Moriano en esta trama, señala el instructor que facilitó «la adjudicación de contratos de la CHS a las empresas Frahesa, Jurama y Promociones Siglo XXIII, concretamente propuso un total de ocho veces a las dos primeras y cinco veces a la última. Además, en muchos de los contratos en los que otros fueron los que efectuaron la propuesta de la empresa, ella firmó como presidenta por delegación, observándose una caída muy notable del número de contratos adjudicados a las empresas investigadas, alrededor del año 2011, en el momento en el que Paloma deja de ser secretaria general de la CHS (finales de 2010)».

Al margen del supuesto trato de favor que Paloma Moriano habría dado a Manuel Bravo con las adjudicaciones, el juez reseña que ella misma habría obtenido algunas «contrapartidas» personales de este entramado, como por ejemplo la contratación de su hijo en la empresa Frahesa. Incluso habría llegado a impulsar el otorgamiento de contratos a su propio vástago, lo que habría hecho canalizándolos a través de la citada mercantil para tratar de evitar que se descubriera esa conexión.

El magistrado atribuye a Paloma Moriano los presuntos delitos de prevaricación continuada y de asociación ilícita.