El juez lleva a juicio a Trinitario Casanova con una petición de 17 años por fraude

El empresario Trinitario Casanova. / efe
El empresario Trinitario Casanova. / efe

El fiscal considera autor de cuatro delitos fiscales y de otro de falsedad al empresario oriolano, para quien reclama multas que suman 36,5 millones

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Trinitario Casanova Abadía, el empresario oriolano asentado desde hace décadas en la Región y uno de los más relevantes del panorama nacional en la actualidad, se sentará en el banquillo en los próximos meses con una petición del Ministerio Público de 17 años de prisión, de imposición de multas que superan los 36 millones de euros y de abono de indemnizaciones por otros 9 millones. El especialista en delitos económicos de la Fiscalía Superior, Rafael Pita, ha presentado su escrito de calificación provisional, en el que atribuye a este hombre de negocios cuatro delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de falsedad en documento mercantil, lo que ha llevado al magistrado instructor, David Castillejos, a ordenar la apertura de juicio oral.

Los hechos que serán objeto de enjuiciamiento han sido motivo de una prolongadísima investigación judicial, que se abrió en el año 2009 por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia y que se centra en unas presuntas maniobras ilegales que el empresario Casanova habría efectuado en los años 2004, 2005 y 2006, a través de la sociedad Grupo Inversor Hispania, del que era propietario en esa época, con el aparente propósito de ahorrarse pagos millonarios al fisco.

La presunta defraudación se enmarca en la operación urbanística que Trinitario Casanova impulsó en los primeros años de este siglo en la finca La Zerrichera de Águilas y que, pese a no haber llegado finalmente a buen puerto por las sospechas de irregularidades que rodearon su tramitación, le generaron unos beneficios muy relevantes con la venta de los terrenos.

«Por unos hechos idénticos ya fui enjuiciado en 2008 y resulté absuelto», señaló anoche el conocido hombre de negocios

Unos años después, inspectores de la Agencia Tributaria detectaron que el promotor oriolano se habría concertado con otras personas y sociedades con el aparente fin de evitar los pagos que tendría que haber realizado a la Hacienda Pública. Para ello, tal y como ahora insiste el fiscal en su escrito de acusación, habría utilizado dos vías aparentes: la simulación de trabajos y movimientos de tierra en solares de su propiedad y la falsa existencia de labores de intermediación en compraventas de fincas.

Lo que habría hecho, siempre según las acusaciones que han motivado la apertura de juicio, consistió en adquirir facturas falsas a través del Grupo Inversor Hispania, lo que le habría permitido simular importantes gastos y, con ello, aminorar ficticiamente la cuantía de los beneficios obtenidos, con la consiguiente rebaja en el abono de los obligados impuestos.

Una trama de facturas falsas

Mediante ese sistema, el fiscal considera que Casanova, junto a las personas con las que presuntamente se concertó, habría dejado de abonar 1,6 millones correspondientes al Impuesto de Sociedades de 2004; un millón por el Impuesto de Sociedades de 2005; 6,1 millones, por el mismo concepto en 2006; y 203.000 euros por el IVA de 2006.

A tales imputaciones se suma la de falsedad continuada en documento mercantil, por la aparente utilización de facturas ficticias para justificar gastos que no se habrían producido. En total, estos cincos presuntos delitos han llevado a la Fiscalía a pedir las referidas penas de 17 años de prisión, multas de 36,5 millones y el pago de indemnizaciones por otros 9 millones.

La Abogacía del Estado, que también ha presentado su escrito de acusación, fija su petición de penas de cárcel en 15 años y medio, pero pide casi 50 millones de euros de multa. La indemnizaciones que debería abonar Casanova las cifra igualmente en 9 millones.

Junto a este conocido hombre de negocios serán juzgados otros 21 encausados por esta supuesta trama defraudatoria, muchos de ellos titulares de mercantiles que, en unos casos, como Batirén, habrían incurrido en otros presuntos fraudes fiscales, y en otros, que habrían participado en la emisión de las presuntas facturas falsas. Las peticiones globales de pena para todos ellos ascienden a varias decenas de años de prisión.

Una vez que las defensas hayan formulado sus propias calificaciones de estos hechos, el juzgado de lo Penal al que corresponda se encargará de señalar la fecha del juicio.

A través de su secretaria, el empresario Trinitario Casanova manifestó anoche a 'La Verdad' que «por unos hechos idénticos a estos ya se me enjuició en 2008 y fui absuelto», con lo que mostró su convicción en que este asunto acabará de igual manera.

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