Un juzgado investiga una tercera trama de saqueo de los fondos del AVE a la Región

Las primeras noticias sobre este presunto entramado criminal, adelantadas en exclusiva por LA VERDAD hace seis años, surgieron a raíz de una investigación desarrollada por Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, cuya coordinación terminó asumiendo la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte.

Estas diligencias se acabaron concretando hace unos meses en el procesamiento de cuarenta altos responsables de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresarios de la construcción, directivos de compañías de control de obras (ACO) y antiguos dirigentes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri. La Fiscalía reclama para todos ellos unas penas que suman 373 años de prisión por presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude en concurso con malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible. El fraude cometido presuntamente por esta trama, investigada bajo la denominación policial de 'Operación César', se estima en casi 25 millones, por los que se reclama que siete grandes constructoras (Dragados, Tecsa, Acciona, Villegas, Hormigones Martínez, Sacyr y Neopul) respondan como responsables civiles subsidiarias.

En febrero de 2019, este periódico adelantó igualmente la apertura de una investigación judicial por otra presunta trama corrupta, esta ya vinculada de lleno a las obras del AVE en territorio murciano; en concreto, a los trabajos de la alta velocidad que se desarrollaban a través de los términos municipales de Beniel y Murcia. En este asunto, que coordina el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, se investiga una supuesta malversación de unos 800.000 euros, según fuentes próximas al caso, que igualmente se habría cometido hinchando la facturación por la reposición de infraestructuras hídricas de la huerta.

Uno de los principales investigados en este procedimiento es el expresidente de la Junta de Hacendados de Murcia, Sigifredo Hernández, a quienes se suman responsables de la firma San José, directivos de una empresa constructora con sede en El Raal y altos directivos de Adif. Entre todos ellos destaca el antiguo jefe de Infraestructuras de la compañía ferroviaria estatal, José Luis Martínez Pombo, quien ya en la primera trama aparecía como el supuesto cerebro de la red delictiva.

El presunto desvío de grandes cantidades de dinero público de las obras del AVE acaba de dar origen a una tercera investigación judicial, esta vez dirigida por una juez de Elche, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de esa ciudad alicantina, Marta Alba Tenza. Fuentes de toda solvencia han confirmado que en este procedimiento se encuentran imputados una veintena de sospechosos de delitos de malversación de caudales, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, en los que habrían incurrido para apoderarse supuestamente de unos 538.000 euros. Una vez más, el sistema empleado consistiría en sobrevalorar el coste real del arreglo de acequias y azarbes en los términos de Crevillente, San Isidro de Albatera, Orihuela y Cox, del que Adif acababa haciéndose cargo y abonando con fondos públicos.

La nómina de antiguos responsables de la sociedad ferroviaria que están siendo investigados en estas diligencias vuelve a estar encabezada por José Luis Martínez Pombo, a quienes se unen excompañeros suyos ya procesados por el 'caso César' como quienes fueron directores de Obras de Adif, Francisco Rodríguez Montón y Arturo Pastor García.

Asimismo están imputados tres jefes de las empresas de control de las obras (ACO), que también irán a juicio por la primera trama, y varios dirigentes de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, como el expresidente Manuel Serrano Richarte y el ex gerente-secretario general José Manuel Miralles Moll; el antiguo presidente del Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, Pascual Gómez Seva, y el que era presidente de la Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo, Antonio Terres Gómez.

Especialmente conocido por su trayectoria profesional en la agricultura y en el mundo de las finanzas es el ilicitano Manuel Serrano Richarte, quien durante años ejerció el cargo de vicepresidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y que llegó a presidir la Caja Rural de Alicante.

Las fuentes mencionadas han señalado que Serrano Richarte fue citado para declarar en calidad de investigado el pasado 28 de septiembre.

Estas diligencias se abrieron a raíz de una investigación de Vigilancia Aduanera sobre las obras de reposición de infraestructuras hidráulicas acometidas en la línea del AVE, entre Crevillente y el límite de la Región de Murcia, entre los años 2011 y 2012. Las conclusiones de esas averiguaciones llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia por estos hechos.