Un juez abre diligencias por el supuesto trato de favor sanitario a un familiar de Teodoro García

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Murcia ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por Podemos e Izquierda Unida contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, a los que acusan de cohecho por haber mediado, presuntamente, para que se adelantaran los plazos de una operación quirúrgica a un familiar del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En un auto notificado el pasado 2 de diciembre, el juez solicita al Ministerio Fiscal que en el plazo de diez días, se pronuncie acerca de la viabilidad de la denuncia presentada, «con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados».

La denuncia se presentó tras publicarse en el medio de comunicación Infolibre una información que indicaba que el jefe del Ejecutivo regional habría mediado el pasado mes de abril para llevar a cabo una operación quirúrgica a la que tenía que someterse un familiar del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

El contenido se basaba en una fotografía de la pantalla del teléfono móvil de López Miras, durante una sesión plenaria en la Asamblea Regional, en la que se capta un fragmento de una conversación de WhatsApp. El citado medio da por hecho que no solo se interesó por cuándo sería operado el familiar de García Egea, sino que habría mediado ante el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, para que se hiciera.

«Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde», fueron las palabras de López Miras. «Cojonudo», respondió García Egea, según indicó infoLibre.

Tras esta publicación, se abrieron diligencias en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde investigaron también si se produjo trato de favor para este paciente por ser familiar de García Egea. En ese sentido, hay un informe del coordinador de admisión que certificó que «el caso clínico ha seguido el proceso habitual de transferencia entre centros para determinadas patologías y está en la media de espera de intervención dentro de los procesos clasificados en su mismo nivel de complejidad patológica y riesgo». «Con los datos obrantes y certificados, entendemos que no hay indicios de trato de favor a este enfermo», concluyó el informe.

Además, La Arrixaca detectó el acceso indebido al historial clínico del familiar de Teodoro García Egea y la filtración de datos privados sobre su estado de salud. El hospital abrió una investigación a raíz de las quejas del paciente, que comprobó cómo el medio de comunicación conocía datos muy exactos sobre su historial clínico que hacían sospechar que tenían conocimiento de detalles del mismo.

La inspección siguió el rastro de quién había accedido en dicho expediente. Y descubrieron una entrada que les sorprendió por no tener justificación profesional alguna. La persona que había entrado en el historial de forma irregular era un trabajador sanitario del Hospital Morales Meseguer, que actualmente no ejerce funciones asistenciales porque está dedicado a su labor de delegado del sindicato UGT en el centro hospitalario. Por tanto, ajeno al proceso asistencial del enfermo.

El instructor de las diligencias citó a este responsable sindical y le tomó declaración el pasado 1 de julio. Este admitió los hechos y confesó que lo hizo a petición de otra persona de nivel jerárquico superior en el sindicato UGT, históricamente vinculado al PSOE. Aunque admitió que le extrañó esta solicitud, cumplió con el encargo, entrando en la historia clínica del familiar de Teodoro García Egea sin conocimiento ni autorización de este paciente, que es el único propietario legal de su documentación sanitaria. No obstante, aseguró que solo comunicó a su superior el nombre del facultativo de cabecera del afectado, sin obtener ningún otro tipo de dato o informe médico.

Por otra parte, el director de Infolibre y la redactora que firmaba la información tuvieron que declarar recientemente en los juzgados, tras la denuncia por revelación de secretos que les presentaron López Miras y García Egea. Este delito castiga al que «para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación».

También está penada la difusión sin consentimiento de datos reservados de carácter personal o familiar». Puede acarrear penas de hasta cinco años de prisión.

El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna ha valorado duramente este nuevo escándalo: «No es la primera vez que juegan con las vidas de la gente. Las vacunas vip a altos cargos en enero ya demostraron lo mucho que piensan en sí mismos y lo poco que les importan las vidas del resto. Este escándalo es otra prueba más. Cuando un político favorece a un familiar para saltarse la lista de espera aprovechándose de su cargo, lo hace en detrimento de otro paciente».

Desde la formación morada subrayan, además, que «ninguno de los implicados ha negado los hechos, sino que se han dedicado a intimidar a los medios que hablan de este caso», un ataque a la libertad de prensa que, en opinión de Sánchez Serna, supone «una prueba más de que el PP ha traspasado en esta legislatura todas las líneas rojas».

Para el diputado de Unidas Podemos, que recuerda otros escándalos como la vacunación VIP de altos cargos o la compra de voluntades en la Asamblea, «la impunidad de López Miras y García Egea debe acabar y Podemos ha dado el primer paso con esta denuncia».

Sánchez Serna quiso también mandar su apoyo a los usuarios y profesionales de la sanidad pública que se manifiestan por la falta de sanitarios especialistas, el deterioro de la atención primaria o las listas de espera, y desea que la justicia ponga las cosas en su sitio. «Las listas de espera y el acceso a la sanidad pública hace tiempo que dejaron de ser iguales para todos. Es hora de que la justicia demuestre que sí es igual para todos y ponga freno a este esperpento permanente que vive la Región de Murcia con López Miras».

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, ha manifestado su «satisfacción por esta noticia» y considera que «la justicia no podía obviar sin más una evidencia delictiva tan palpable, que debe ser como mínimo investigada». En su opinión, «la documentación oficial puede aclarar sin ningún lugar a dudas por qué algunos pacientes tienen que esperar meses para una operación de este tipo y el familiar de García Egea habría sido operado presuntamente en solo 6 días y habría conseguido una consulta con el especialista en cuestión de horas tras las gestiones de López Miras».

Álvarez-Castellanos subrayó que «estos chanchullos tienen consecuencias fatales», en referencia a la denuncia presentada por dos médicos del Hospital de la Arrixaca por la manipulación de las listas de espera en cardiología, una manipulación que los denunciantes consideran detrás de al menos 30 muertes de pacientes en listas de espera. «Murcia tiene que dejar de ser el cortijo del PP», concluyen desde Izquierda Unida.

La portavoz del PP en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, acusó a Podemos de utilizar los tribunales para sus sus fines políticos, «con el único objetivo de politizar la justicia e interponer denuncias a sabiendas de que son rotundamente falsas».

Guardiola indicó que la querella contra el presidente Fernando López Miras y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, «trata de manchar el honor y el prestigio de personas honradas». «Es una mentira con la que Podemos pretende desprestigiar el buen nombre de políticos intachables».

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