La jubilación parcial anticipada beneficiaría a 10.000 funcionarios de la Región de Murcia

Los representantes en la Región de estas centrales sindicales valoraron positivamente este punto del acuerdo, que permitirá «el relevo generacional» en una administración que, en el caso de la Región de Murcia, se encuentra «muy envejecida», con una media de edad superior a los 50 años, según indicó a LA VERDAD el secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda.

Según Peñaranda, aunque el acuerdo está todavía por concretar, la idea es que los empleados públicos puedan jubilarse parcialmente una vez que lleguen a los 63 años, quedando obligada la Administración a contratar a un sustituto. Ambos trabajarían juntos durante un periodo de tiempo, hasta que llegue la jubilación completa del trabajador.

Asimismo, los sindicatos UGT y CC OO destacan que se ha levantado la prohibición que tenían las comunidades autónomas con déficit público de volver a implantar la jornada de 35 horas para los empleados públicos. «Siempre que lo hemos planteado en la mesa de negociación, la Dirección General de Función Pública se ha escudado en esta prohibición que existía, pero ya se ha quedado sin excusa, así que volveremos a exigir la inmediata recuperación de esta jornada de 35 horas semanales», avanzó el coordinador de Administración Autonómica de CC OO, Francisco Saura. «La conflictividad está asegurada si el Ejecutivo regional se mantiene en sus trece», añade Saura, que afirma que habrá que iniciar una fase de negociación, ya que la reducción de la jornada (actualmente está en 37,5 horas semanales) «obligará a realizar contrataciones en el Instituto Murciano de Acción Social (Imas) y el Servicio Murciano de Salud (SMS)».

«Los funcionarios no teníamos por qué pagar el pato del déficit de las comunidades autónomas, así que aplaudimos este paso para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales en la Comunidad Autónoma», indica el delegado de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, que coincide con Saura en que se va a reivindicar a la Dirección General de Función Pública que aplique en la Región desde ya el acuerdo alcanzado el lunes por los sindicatos con el Ejecutivo central.

Este acuerdo también contempla una subida de hasta el 9,5% a los empleados públicos en los próximos tres años, con el fin de compensar el aumento del coste de la vida. Este incremento es «a todas luces insuficiente», en opinión del presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF, Juan Miguel López Blanco. Esta organización no ha suscrito el pacto con el Ministerio de Hacienda.

Juan Miguel López Blanco señala que su sindicato está de acuerdo con la recuperación de la jornada de 35 horas y la jubilación parcial, pero critica que falta concreción a la hora de aplicar dichas medidas.

El sindicato La Intersindical se unió el martes a las organizaciones que rechazan la creación de la Agencia de Transformación Digital de la Región, una nueva entidad que pretende crear el Gobierno regional para unir las áreas de informática de los diferentes departamentos de la Comunidad en un mismo organismo autónomo.

El sindicato recuerda en un comunicado que, hace cuatro años, el Ejecutivo regional ya intentó la creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (Arca), «en la que se otorgaba a la patronal Croem capacidad ilimitada de decisión en asuntos y tareas que corresponden a la Comunidad». En esta ocasión, alerta La Intersindical la creación de esta Agencia de Transformación Digital, mediante el concurso de la Fundación Integra, «puede llevar el mismo camino».

«La Fundación Integra, según su web y estatutos, está promovida por la Comunidad y su principal órgano de gobierno, representación y administración es su Patronato, constituido por 8 altos cargos regionales, la directora territorial de CaixaBank, el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, un miembro de la Universidad de Murcia y de la UPCT, y un último miembro de Croem».

Así, la organización exige al Ejecutivo de Miras que, «en lugar de privatizar los servicios públicos mediante la participación de la empresas externas, los dote de los suficientes recursos económicos, recursos que no deben llegar por medio de anuncios de bajadas de impuestos sino por una gestión adecuada de los fondos públicos».

La Intersindical insiste en su apuesta por unos servicios públicos de calidad, exigiendo un aumento considerable de las plantillas en los diferentes organismos autonómicos.