Investigan la presunta venta ilegal de alimentos que debían ser incinerados

Según la denuncia de un equipo del Seprona del Campo de Cartagena ante la Fiscalía, que ha llegado al juzgado, la empresa pachequera Rodar habría actuado en connivencia con GV Ecogest SL, de Los Alcázares. Además, se investiga si para encubrir sus actividades fraudulentas al menos en una ocasión tuvieron apoyo de dos agentes de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Cartagena. Con la comercialización clandestina de una partida de 17.077 kilos de pimiento de Chile, habrían podido ingresar unos 34.154 euros.

Fuentes judiciales confirmaron a LA VERDAD que los funcionarios de Aduanas, organismo de la Agencia Tributaria (del Ministerio de Hacienda y Función Pública), han sido citados para declarar como testigos. En la causa se investigan los presuntos delitos contra el medio ambiente, de estafa y de falsedad documental.

«No hemos podido localizar el destino real que se ha podido dar a la partida de pimientos de Chile, cuyo destino final era la eliminación por incineración para evitar su introducción en la cadena alimentaria. Como fin más probable, podría haberse introducido nuevamente en la cadena alimentaria a través de fábricas de producción de pimentón alimentario para condimento, dado el alto valor económico que alcanzaría la partida», comunicó el Seprona al Ministerio Público.

Lo hizo tras una serie de pesquisas que arrancaron en agosto de 2021, cuando sus agentes inspeccionaron unas instalaciones de Rodar en la pedanía murciana de Valladolises. Allí, detectaron que en un recinto dedicado a aparcamiento de vehículos y oficinas se hacían trabajos de descarga de un contenedor marítimo precintado por la Agencia Tributaria y por Sanidad Exterior. La operación estaba siendo certificada por la Unidad de Vigilancia Aduanera, encargada de expedir un acta de destrucción de la partida de pimiento.

Para sorpresa de la Benemérita, «los agentes de la Agencia Tributaria habían certificado la destrucción de la mercancía cuando únicamente se había procedido a su descarga, dejando en manos del gestor la efectiva destrucción de la partida». Los guardias constataron que los sacos de pimientos estaban en «perfecto estado», es decir «óptimo para su comercialización».

«La descarga no se ha realizado en el lugar declarado, no se ha completado su destrucción y mucho menos por incineración, máxime cuando resulta a todas luces evidente que las instalaciones carecen de sistemas de destrucción», señaló el Seprona. El recinto no estaba siquiera autorizado para la gestión de residuos. Además, se perdió la «trazabilidad» de la mercancía, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

Para los investigadores, que están convencidos de la existencia de un «grupo organizado», «el destino menos probable» de las hortalizas «sería su uso para producción de compost» en el recinto que Rodar gestiona en Valladolises. Ello, razonan, «no aportaría beneficio económico, salvo la venta al peso como fertilizante agrícola».