Investigan si el líder de la trama de los cadáveres traficó también con órganos en Marruecos

La investigación sobre una presunta trama de empleados de funerarias y de funcionarios del Ministerio de Justicia que se habrían enriquecido con trámites irregulares de identificación y repatriación de cadáveres de inmigrantes magrebíes –en especial argelinos fallecidos en pateras–, gracias a la toma de fotografías y al acceso a datos en las salas de autopsias, empezó como unas pesquisas de la Guardia Civil de alcance local, relativas a Cartagena. Pronto, las diligencias adquirieron dimensión regional y, luego, nacional. Este mayo, apenas dos meses después de la llegada de las diligencias al juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que como desveló LA VERDAD en exclusiva empezó el 11 de marzo a interrogar a los primeros detenidos por la Benemérita y ordenó el ingreso en prisión de los dos principales imputados, el asunto ha adquirido alcance internacional.

Según aseguraron fuentes de toda solvencia a LA VERDAD, el juzgado incorporó días atrás a las diligencias una comunicación de la Dirección General de la Policía Nacional en la que esta le informa de que el marroquí Rachid S., supuesto cabecilla de la trama, está siendo investigado en su país de nacimiento por unos hechos de apariencia delictiva vinculados también a escabrosos negocios con cuerpos. Se trata de su supuesta «implicación en el enterramiento de restos humanos y en el tráfico de órgano humanos».

A mediados de mayo, la Dirección General de la Policía informó al magistrado de que, por medio de la Oficina Central Nacional de Interpol, la Policía marroquí solicitó colaboración para conocer las actividades de Rachid en España. Los agentes norteafricanos reclamaron información sobre el destino de los restos de un marroquí cuya repatriación gestionó Rachid por encargo de los familiares y sobre el que se investiga la aparición de su cadáver en la vía pública.

Las averiguaciones de la policía de la región de Oujda sobre Rachid arrancaron tras una denuncia de la esposa del fallecido. La viuda explicó que designó a Rachid, identificado como director de pompas fúnebres que trabajaba para una compañía de seguros de España, para que se ocupara de la devolución del cuerpo de su marido. La mujer afirmó que las autoridades españolas le informaron de que su marido murió por causas naturales y de que sus restos habían sido enterrados en un cementerio.

Las sospechas sobre Rachid –afincado en Murcia desde hace dos décadas y relacionado con un tanatorio de la Región y con dos empresas funerarias, una de Molina de Segura y otra de la capital administrada por él mismo– se unen a las numerosas que ya pesaban sobre él. Todo ello en una causa que incluye los delitos de organización criminal, estafa, falsedad en documento público, delitos contra el respeto a los difuntos, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

Según el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha practicado una veintena de detenciones en el marco de la 'operación Dhakiras Rachid', se dedicaba a «lograr las adjudicaciones de fallecidos magrebíes, previa exhibición a sus familiares de datos, informaciones e incluso fotografías de los cadáveres, y a la posterior repatriación de cadáveres». Este hombre «controlaba absolutamente todo el operativo necesario para la recopilación de datos de fallecidos, valiéndose de M. J. L. [empleada de una funeraria de Almería], con la que habla de cadáveres, fotografías e información reservada en múltiples conversaciones; así como de Antonio C. H. [trabajador de una funeraria de Huércal Overa]. Ambos se personaban en institutos de medicina legal» de Almería, Murcia y Cartagena, así como en «cuarteles de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía».

Dichas personas presionaban a funcionarios para recabar datos e imágenes, para adjudicarse la repatriación de cadáveres a Marruecos y Argelia. A cambio, habrían pagado a los funcionarios «pequeñas comisiones» o mordidas.

Asimismo, relatan los agentes, Rachid se aprovechó de «ciertas situaciones de privilegio» en los consulados de Marruecos y Argelia para conseguir contratos. Sus actividades alcanzaban la provincia de Jaén e incluían el «soporte de empresarios y comerciales de las funerarias». En el registro de su vivienda, la Guardia Civil halló más de 60.000 euros en billetes de origen desconocido y sin justificación laboral o económica, además de documentación de magrebíes y permisos de residencia. También decomisó dos coches de alta gama, con abundante dinero, y «licencias de enterramiento y facturas de tanatorios de toda España».

Rachid es un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España. Fue detenido en 2016 por la Policía Nacional por haber suplantado presuntamente la identidad de un médico de su nacionalidad y haber realizado la circuncisión a niños musulmanes en la Región de Murcia, Toledo y Ávila. Antiguo comerciante del barrio de San Antón de Cartagena, durante dos años operó a decenas de menores con grave riesgo para ellos. Uno de los cuales acabó en la UCI por una infección que los agentes vincularon con la intervención quirúrgica.

El exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML) en la Región y actual asesor del Ministerio de Justicia, Rafael Bañón, fue formalmente detenido y declaró como investigado ante la Guardia Civil el 25 de marzo, en Murcia, por su presunta implicación en la trama de adjudicación irregular de repatriaciones de cadáveres de magrebíes. El alto funcionario fue interrogado «como presunto autor de un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos». La Benemérita sospecha que conocía las actividades del supuesto líder de la red, Rachid S., y la difusión de fotos de cuerpos, pero no realizó «acciones tendentes a la denuncia de ilícitos penales». Sí lo hizo una médico forense de Cartagena, ante la Fiscalía.

La Guardia Civil se apoya en correos electrónicos de Bañón a personal del IML de Cartagena. Habla de «la queja de que estén circulando fotos de fallecidos en las redes que se han hecho en nuestro instituto»; y de que, «al parecer, hay una red que aprieta a las familias cuando dispone de esta información con intereses comerciales».

En febrero de 2023, escribió a sus subordinados: «Con respecto a Rachid, en Murcia lo conocemos bien, trabaja para la funeraria y es un sujeto bastante turbio. Tened cuidado con la información que le pasáis y, sobre todo, evitad que tenga acceso a hacer fotos de los cuerpos porque luego las difunde por redes sin ningún tipo de control y nos crea problemas».

Bañón declaró que supo de las fotos por una empleada de la ONG Cipimd y que avisó a empleados del IML de Cartagena para que llevaran cuidado con la realización de imágenes. Admitió que, como médico forense, conocía a Rachid porque este trabajaba en una funeraria recogiendo cuerpos. Pero aseguró que llevaba diez años sin verlo y que desconocía que Rachid hubiera cometido delito alguno.

Agregó que aludía siempre a lo que le decían en Cipimd; que con «intereses comerciales» se refería a «la competencia entre funerarias para adjudicarse los servicios»; y que desconoce si los auxiliares de forensía recibían sobres con dinero de funerarias. Técnicos de Cartagena investigados rechazaron los cobros y señalaron que, antes del aviso de Bañón, solo se difundieron dos fotos para ayudar a una familia a identificar a un fallecido.

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