Investigados cuatro ganaderos por verter los desechos de más de 13.000 cerdos en ramblas de Murcia

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló la operación 'Poga' para verificar una serie de irregularidades medioambientales en varias explotaciones ganaderas del municipio de Murcia. La operación culminó con la investigación de cuatro responsables de granjas, a los que se les acusa de delitos contra los recursos naturales por verter a las ramblas los desechos de sus cabezas de ganado.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita abrieron la operación hace unos meses para investigar indicios que apuntaban a que varias empresas del sector ganadero del término municipal de Murcia cometían ciertas irregularidades.

Se llevaron a cabo media docena de inspecciones en la zona, en las que se comprobó que se había construido en varias ramblas sin cumplir con la zona de servidumbre y sin impermeabilizar hasta diez balsas de recogida de purines. Además, se constataron vertidos directos a las ramblas del Carmen y Cuesta Alta por parte de diversas explotaciones porcinas de una mercantil con más de 13.500 cabezas de ganado porcino.

Tras la recepción del informe preceptivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre el daño causado a la Reserva natural, los guardias civiles del Seprona investigaron a los cuatros responsables de las granjas, a los que se les instruyeron diligencias como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Durante la filtración sistemática y continua de los lixiviados (purines y restos de residuos líquidos) de las diez balsas no impermeabilizadas, adyacentes y próximas a las explotaciones porcinas, se corre un riesgo real de una posible permeabilidad excesiva hacia el subsuelo, agravada llegado el caso por un posible fenómeno meteorológico de gota fría como las danas, típicas del clima mediterráneo.

Este fenómeno atmosférico no solo aumenta la filtración y escorrentía de los lixiviados de forma cuantitativa, sino que además reduce altamente el tiempo de llegada de los mismos, por permeabilización del subsuelo a las aguas subterráneas del acuífero de la zona.

El Código Penal recoge en su artículo 325 el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de uno a dos años al que realice, entre otras cosas, directa o indirectamente, vertidos en el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas.

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