Incertidumbre en los ayuntamientos ante la ley que prohíbe sacrificar animales de compañía

El consejero Miguel Ángel del Amor juega con 'Frida' y 'Cosita', ayer, en el pipicán del jardín de la Constitución de Murcia. / Carm
El consejero Miguel Ángel del Amor juega con 'Frida' y 'Cosita', ayer, en el pipicán del jardín de la Constitución de Murcia. / Carm

La Consejería aún no ha cuantificado la dotación presupuestaria necesaria para adaptar las perreras y los centros de acogida

DANIEL VIDAL , EDUARDO RIBELLES y PILAR WALS

La prohibición de sacrificar animales de compañía a partir de enero en la Región, un compromiso de 'sacrificio cero' contemplado en la Ley de Protección y Defensa de los Animales, está generando ciertas dosis de incertidumbre en los ayuntamientos. Francisco José Zapater, director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, aseguró ayer que «aún no está cuantificada la dotación presupuestaria necesaria» para que los ayuntamientos adapten los centros de acogida, que multiplicarán el número de mascotas al que dan cobijo en sus instalaciones. «No es lo mismo albergar a 50 perros que a 500, hay que asegurar el bienestar animal con dimensiones suficientes, y de ahí la complejidad del decreto. Los ayuntamientos son los principales afectados», reconoció Zapater, que presentó los avances en el desarrollo de la ley junto al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, y el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, Gaspar Ros.

En este sentido, el concejal de Salud y responsable del Servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, reconoció que el consistorio capitalino va a tener «un problema» a partir de enero si no se concede la moratoria en la aplicación de la ley que ya reclamó el Ayuntamiento con anterioridad. Según Coello, el problema estriba en la «adaptación de las instalaciones», que ya está realizando el Consistorio, pero prácticamente a contrarreloj, así como en la falta de tiempo para programar nuevas actuaciones para fomentar la acogida de mascotas, uno de los pilares de la nueva ley: «Vamos a tener serias dificultades para cumplir con los objetivos», reconoció el edil.

El otro ayuntamiento de la Región que cuenta con perrera de titularidad municipal directa, el de Cartagena, espera como agua de mayo «las especificaciones» del decreto que regulará las ayudas a la adaptación de las instalaciones, aunque también se ha puesto manos a la obra para ampliar la capacidad del centro hasta en un 30%.

En el resto de municipios, como Lorca, la gestión de los animales domésticos la realizan empresas privadas, que «podrían aumentar significativamente la cantidad exigida en el contrato municipal», según la edil de Sanidad y Consumo, María del Carmen Ruiz Jódar.

La propia concejal aseguró que este tema se debatirá en la próxima reunión de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

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