Hacienda creará con las policías locales una red regional de control del juego

La Administración regional cuenta en la actualidad con el Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 2021-2022, pactado con los sindicatos UGT y CC OO y con la patronal Croem. En su primer ejercicio de vigencia ha permitido detectar e ingresar 18.362.900 euros.

El objetivo es que a la finalización de este plan el próximo año se haya alcanzado una recaudación de 40,5 millones de euros procedentes de la lucha contra los defraudadores.

Para conseguirlo, la Agencia Tributaria de la Región, encargada de desarrollar las medidas anti-fraude, prevé poner en marcha a lo largo de 2022 algunas de las principales actuaciones previstas en el plan.

Una de ellas es la creación de una red regional de control del juego con la implicación directa de las policías locales de los 45 municipios de la Región. La finalidad es mejorar la vigilancia sobre esta actividad y la detección de los posibles incumplimientos de la norma que lo regula.

La Agencia Tributaria ha preparado ya un convenio tipo que presentará a los ayuntamientos en la reunión del Consejo de Cooperación Local del mes de enero. La puesta en funcionamiento de esta red supondrá la realización de talleres de formación y asesoramiento para los agentes locales sobre la inspección del juego, y también el desarrollo de campañas de sensibilización social para prevenir la ludopatía.

Hace pocas semanas, la Consejería de Economía y Hacienda anunció otra medida que afecta directamente al sector del juego, como fue la eliminación a partir del próximo año de todas las bonificaciones fiscales que disfrutan en la Región las empresas del juego.

Según se explica en el plan de prevención del fraude, la función de esta red de control del juego será «detectar las infracciones que se produzcan en este ámbito y adoptar las medidas correctoras que sean proporcionales y adecuadas, evitando situaciones que redunden de manera negativa en la sociedad en general y en los colectivos más sensibles en particular».

Otra de las actuaciones que se llevarán a cabo el próximo año es la creación de una unidad de seguimiento de grandes contribuyentes, cuya finalidad es ofrecerles un servicio integral que incluya asistencia, gestión, inspección y recaudación. La Agencia Tributaria trabaja en el diseño de esta unidad, pero aún no ha concretado los criterios a partir de los que considerar a los grandes contribuyente a tenor de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria.

Además de los tributos que recauda la Comunidad, como son los de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y patrimonio, la Agencia Tributaria tiene convenios suscritos con casi una treintena de municipios de la Región para la recaudación de los tributos locales.

El impulso de la colaboración con los ayuntamientos, tanto para la gestión de tributos como para mejorar el intercambio de información fiscal, es otra de las medidas incluidas en el plan de prevención del fraude.

Entre esas medidas, otra que está pendiente es la creación de un buzón de denuncias que se pondrá a disposición de los ciudadanos para que puedan colaborar en la detección del fraude fiscal.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, considera que el fraude fiscal «es una conducta que genera un grave perjuicio a nuestra sociedad y a nuestra economía, ya que supone no solo una menor recaudación para la Administración, sino también una competencia desleal entre empresas que compiten en el mismo sector, una forma de poner en riesgo los empleos de las empresas que son cumplidoras y un engaño a toda la sociedad por el incumplimiento de las reglas que nos hemos marcado para poder financiar los servicios públicos».

«Se trata -agrega- de un ataque a la línea de flotación del Estado de bienestar, sobre todo en un momento como el que atravesamos y en una comunidad como la Región, castigada desde hace más de una década por un sistema de financiación injusto y caduco que nos da menos de lo que necesitamos para mantener los servicios públicos que merecen los murcianos».