El grupo burbuja de Campuzano

Nueve meses después del previsiblemente receloso recibimiento por parte de la siempre contestataria y movilizada comunidad escolar, las relaciones no han mejorado. La desconexión de la consejera, salvo contadas excepciones, con la mayor parte de las asociaciones, entidades y sindicatos implicados en la educación regional, no ha encontrado mayor fluidez, y el descontento por la ausencia de nuevas apuestas es general.

A la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Juan González, mayoritaria en la Región, le cuesta entender que la Consejería no haya encontrado aún un hueco en su agenda para reunirse con ellos. «Nunca nos ha atendido, ni ha asistido a las jornadas a las que le hemos invitado. No tenemos relación», lamenta la presidenta de la FAPA, Marisa Maldonado. Sus demandas las ha escuchado hasta la fecha el director general de Centros Educativos e Infraestructuras, Jesús Pellicer Martínez, a quien, junto a los directores de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, Víctor Javier Marín, y de Formación Profesional e Innovación, Juan García Iborra (los tres ya ocupaban cargos de responsabilidad con la anterior consejera, Esperanza Moreno) buena parte de la comunidad educativa adjudica la gestión real en Educación estos meses.

Tampoco en la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos (Confapa) mantienen un contacto estrecho con Campuzano. Tras una única reunión en junio, ha sido imposible concertar otra cita. «La verdad es que no nos sentimos escuchados; y la opinión de las familias debería ser tenida en cuenta», reivindica José Antonio Abellán. La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) tiene mejores sensaciones, con una relación «cordial» y una gestión que califica su presidente, Alberto González Costea, de «correcta y tranquila».

La conexión tampoco es sólida entre la consejera y las agrupaciones de directivos de colegios e institutos, salvo en el caso de Direcmur, donde también concentran sus encuentros con los tres directores generales. «La interacción con Ades (directivos de Secundaria) es mínima», reprocha la presidenta, Isabel Saturno. Los de Primaria, representados por Olga Catasús, también echan en falta más fluidez y, sobre todo, respuestas a sus demandas: profesores de apoyo en las aulas, reducción de ratios, sustitución de las bajas por Covid...

Las contadas comparecencias públicas de la consejera relacionadas con cuestiones educativas, testimoniales si se comparan con las que realizaron en la última década sus predecesoras en el cargo, se han limitado a momentos inevitables, como la rueda de prensa de inicio de curso o la presentación de los nuevos currículos. En otros casos, se han saldado con el envío de vídeos con su comparecencia pregrabada por su gabinete.

El peso de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región (Ucoerm) en la educación regional ha sido atendido por la Consejería, pero fundamentalmente, como en otros casos, a través de las tres direcciones generales. Aunque las relaciones del presidente, Juan Antonio Pedreño, con la consejera son correctas, las cooperativas echan de menos un contacto más directo y pasos adelante en grandes retos pendientes, como la digitalización y la expansión de la Formación Profesional. «Hay continuidad con los proyectos en marcha, pero nos gustaría avanzar más», reclama Pedreño.

La lista de reivindicaciones de los sindicatos, como por otra parte ha sido habitual con independencia de quién ocupe el cargo de consejero, es extensa. Desde el mantenimiento de la semipresencialidad a final del curso pasado, cuando los contagios habían decaído; el «caótico» arranque del año académico con la crisis del transporte escolar; la no renovación de los 1.500 profesores Covid de apoyo; y los retrasos en la sustitución de docentes contratados, pasando por los desarrollos normativos de la Lomloe en la Región, «centrados exclusivamente en esquivar la ley», apunta Nacho Tornel, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. «Es evidente que la Consejería la llevan los directores generales, el papel de la consejera es escaso porque no tiene proyecto; todo sigue funcionando casi por inercia», critica.

En Anpe valoran en el saldo de la consejera la firma del acuerdo de interinos, pero también son críticos con la decisión de no mantener a los docentes de apoyo ni revertir los recortes. Como UGT y Sterm, los dos muy incisivos con la gestión de la consejera. «La situación es preocupante. Las instalaciones están en muchos casos hechas un desastre, y no se reparan. Hay una clara falta de interés por revertir los recortes, y lo último ha sido la reducción de la oferta de plazas de oposición», dice Ernesto de la Cruz desde UGT.

Los planes más personales de la consejera no han llegado a término en estos nueve meses. El veto parental ha perdido todo su efecto en la edulcorada versión que fue aprobada en julio; de la propuesta de Campuzano para eliminar el lenguaje inclusivo de los libros de texto, nada nuevo se ha sabido, más allá de su declaración de intenciones.