El Gobierno regional paraliza una iniciativa de Vox para aumentar el suelo industrial

El plan de ordenación territorial para la industria es un instrumento de regulación que clarifica las posibles localizaciones que pueden ocupar las empresas de este sector productivo en cada municipio. Antelo promovió este cambio en la normativa supramunicipal, que afectaba a dos artículos en concreto, porque tras 18 años en vigor «se pone de manifiesto el excesivo alcance que establece su redacción actual», tal y como se explica en la memoria del proyecto, al que ha tenido acceso LA VERDAD.

Uno de los cambios buscaba redefinir qué usos industriales se podían establecer en determinados espacios. El borrador excluyó del texto actividades complementarias como las comerciales, los equipamientos turísticos o la logística. «Usos comerciales complementarios a la actividad principal, los usos comercial y terciario, los centros de servicios, los centros logísticos y los equipamientos» son actividades que ya no hubieran estado consideradas como industriales a ojos de las administraciones, por lo que los consistorios podrían influir más a la hora de permitir su instalación.

Sin embargo, la modificación de más calado se centraba en reinterpretar el artículo que establece qué condiciones se deben cumplir para la puesta en marcha de una industria en suelo no urbanizable y urbanizable sin sectorizar. La Dirección General de Ordenación del Territorio, entonces en manos de Antelo, apuntaba a los retrasos en las revisiones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios para adaptarlos a la vigente normativa urbanística regional.

«En la actualidad, el no desarrollo de gran parte de dichos suelos ha ocasionado que algunos municipios acumulen grandes bolsas de suelo calificados como suelos urbanizables no sectorizados, que en la práctica no son distinguibles del suelo no urbanizable», reflejaba la iniciativa del presidente provincial de Vox, que pretendía evitar «que suelos con una calificación urbanística determinada por planes generales que aún no han sido revisados para adaptarlos a las leyes urbanísticas del suelo vigentes influyan en la implantación de actividades industriales que puedan ser autorizadas» en estas superficies.

La propuesta, de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto un aumento del suelo compatible con la 'industria aislada' de 143.771 hectáreas. El plan de ordenación no tiene carácter ejecutivo, por lo que los ayuntamientos hubieran tenido que ratificar los cambios después: «La modificación no desarrolla actuaciones concretas, sino que estas serán definidas en cada caso en el proyecto que se pretenda desarrollar, siempre bajo la compatibilidad de usos dada por el planeamiento municipal».

La modificación del documento llegó a salir a consulta pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 12 de julio de este año, un día después de que Vox anunciara su salida del Ejecutivo murciano. Este periódico preguntó entonces por los cambios propuestos en dicho plan, pero no ha sido hasta ahora cuando la Consejería de Fomento, dirigida por el popular Jorge García Montoro, ha respondido asegurando que «los informes obrantes en el expediente desaconsejan su tramitación», por lo que el nuevo equipo de este departamento «no va a seguir con el procedimiento».

Fomento alega que la modificación «no está suficientemente justificada», y añade que todavía queda suelo industrial para ocupar en los municipios de la Región. Por otro lado, fuentes de Vox consultadas por este periódico aseguran que esa modificación «estaba avalada por el sector» y su intención era «liberalizar suelo industrial». No concretan qué tipo de industria se pretendía favorecer en esos territorios que no estaban destinados a ningún sector productivo, pero el partido acusa al PP de «retraer suelo industrial si echa para atrás esa normativa que ya está hecha».

Jumilla y Caravaca de la Cruz eran los dos municipios que más se hubieran visto afectados por esa modificación: el primero tiene 472 hectáreas de suelo urbanizable no sectorizado y el segundo 371 hectáreas. Murcia y Alhama serían otros dos territorios con importantes cambios de haber seguido adelante el proyecto. La mayoría de los terrenos que hubieran sido compatibles están dedicados ahora a actividades agrícolas.

El análisis que hizo entonces Ordenación del Territorio remarcaba que «la proporción de suelo urbanizable no sectorizado de uso residencial respecto a la del término es especialmente notable en Jumilla, Los Alcázares o Pliego». Este departamento justificó entonces que «la flexibilización de la norma debería repercutir positivamente en el tejido productivo, aumentando la seguridad jurídica y facilitando una información más clara al empresario de cara a la toma de decisiones».

La modificación del Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial pretendía darle una nueva interpretación para ampliar los usos que pueden acoger los suelos que no están revisados por los ayuntamientos. La iniciativa buscaba que se pudieran aumentar las instalaciones industriales en zonas rurales alejadas de las grandes ciudades y pueblos, pero Fomento considera ahora que todavía queda mucho suelo por consumir y que está destinado a este sector.

Vox, que tampoco pudo completar su prometida nueva Ley del Suelo, ve que una bolsa importante de terrenos en la Comunidad no tienen oportunidad de ser urbanizados y de compatibilizarlos con usos industriales. Por ejemplo, las pedanías al sur de Murcia hubieran sufrido un importante cambio en cuanto a la planificación urbanística municipal. Alhama de Murcia hubiera podido destinar gran parte de sus terrenos agrícolas al este del municipio a actividades industriales. Abanilla o los alrededores de la localidad de Fortuna también habrían pasado por el mismo proceso.

La propuesta, hoy paralizada, veía como un inconveniente que el 46,7% de los municipios estén adaptados a día de hoy a leyes urbanísticas anteriores a 1999, mientras que el resto tienen sus planes generales acordes con normativas estatales y regionales más modernas.

En paralelo a esto, la entonces Consejería de Interior consideró que el sector industrial regional tenía «debilidades» en cuanto a la productividad de las empresas. Esta situación «viene condicionada por la escala de las empresas de la Región, la elevada dependencia energética del petróleo y la baja inversión en actividades innovadoras y tecnológicas».

La paralización de este proyecto de Vox se suma a otros impulsados por el PP desde que se quedó solo gobernando en la Comunidad. Dos ejemplos son el decreto que pretendía homogeneizar los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales y la contratación de un servicio de vigilancia específico en zonas rurales.