El Gobierno de Page lanza otra ley para tratar de frenar los trasvases al Segura
Quiere que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha emita un informe preceptivo de los desembalses que decida el Ministerio
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa una nueva ley para tratar de frenar los trasvases de agua del Tajo al Segura, una materia que es competencia del Estado. La norma autonómica, que se encuentra en tramitación, propone que se emita un informe preceptivo del Ejecutivo castellano-manchego antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica o la Comisión Central de Explotación, según los casos, autoricen cualquier transferencia.
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El borrador del anteproyecto de ley estaba en fase de información pública hasta ayer martes. El Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) presentó sus alegaciones contra esta propuesta, al estimar que invade competencias del Estado.
Se trata de un nuevo intento legislativo del Gobierno castellano-manchego para frenar los trasvases. En su redacción actual, el borrador no propone el cierre del acueducto, y tampoco habla de los nuevos caudales ecológicos, una materia esta última que será regulada en el próximo ciclo de planificación del Tajo, que también se tramita en la actualidad.
En una disposición adicional, la futura ley establece que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a los intereses de Castilla-La Mancha, en defensa de las competencias e intereses de esta comunidad. Especifica que dicho informe deberá emitirse en el plazo máximo de quince días, a partir del momento en que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha reciba de la administración hidráulica del Estado la documentación completa relativa a la transferencia que se proyecte llevar a cabo.
Dilatar los envíos
El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, presentó el lunes las alegaciones, sobre la base de que el Ejecutivo de la comunidad vecina carece de competencias en este terreno. Aunque lo que se plantea es un informe preceptivo, y no vinculante, puede darse el caso de que se retrasaran sistemáticamente los desembalses, a expensas de que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha emitiera dicho informe. Con anterioridad, el Ministerio tendría que justificar la transferencia, con una documentación completa.
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El dirigente del Scrats se pregunta cuál sería esa información completa a juicio de Castilla-La Mancha, y hasta cuándo se podría dilatar el envío. Añade que el borrador de la ley tiene un marcado carácter recaudatorio en el ámbito de esta comunidad, y va orientado en ese sentido, pero ha sido aprovechado para introducir esta disposición sobre el Trasvase.
«Es una trampa que pervierte las reglas de funcionamiento»
«Se introduce de forma artera un mecanismo que pretende impedir que las transferencias de agua a través del Trasvase Tajo-Segura puedan acordarse y ejecutarse con la celeridad que requieren», señala el Sindicato de Regantes en sus alegaciones a la futura ley castellano-manchega. A su juicio, «queda claro» que con las dos disposiciones «se pretende pervertir el funcionamiento de las reglas del Trasvase Tajo-Segura mediante la introducción de un informe aparentemente inocuo para las mismas, pero realmente perverso». Sostiene que «la verdadera trampa a la que nos referimos es que el plazo de emisión (para el informe preceptivo) contaría a partir de que la Agencia del Agua reciba la documentación completa. No es necesario un gran esfuerzo para adivinar la larga serie de requerimientos de documentación adicional que podría formular la Agencia». Alega asimismo que esta ley «va a mantener o incluso incrementar la litigiosidad que de forma temeraria viene manteniendo la Junta de Castilla-La Mancha».
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