El Gobierno regional se suma a la ofensiva del PP contra la Ley Amnistía en el TC

Entre los principales argumentos jurídicos esgrimidos, el Ejecutivo murciano señala que la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez «afecta al modelo constitucional del Estado compuesto y los principios fundamentales que lo sustentan».

Tras su aprobación el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados, en virtud del pacto alcanzado por el PSOE con Junts y ERC, considera la Comunidad Autónoma que el texto legislativo supone «una lesión para la igualdad reconocida a todos los españoles frente a la Constitución» e «infringe el más elemental principio de justicia», ya que «las mismas fuerzas políticas en las que estaban integradas los beneficiados por la amnistía», no sólo no se han arrepentido «sino que manifiestamente stán dispuestos a ejecutar esos mismos hechos delictivos».

Más allá de que en sus explicaciones la Región empiece considerando que se quiera «declarar inexistentes las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado y que han sido declaradas por los tribunales de justicia», destaca también el plano económico en un momento en el que el debate sobre la financiación autonómica tensiona las relaciones entre los teerritorios del PP y el Ejecutivo socialista.

En este sentido se refiere a la «exoneración de la responsabilidad y la eliminación del efecto restitutorio, lo que implica un menoscabo de las finanzas públicas que indirectamente afectan al resto de España y, por tanto, a la Región de Murcia, lo que supone la infracción del Derecho de la Unión Europea».

En declaraciones en la Cadena Cope, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha señalado que «no vamos a permitir que se genere más desigualdad entre españoles ni que se puedan cometer delitos en función de dónde se viva o a quién se vote». La ha calificado de ley «vergonzosa» porque «permite que se puedan cometer delitos en función de donde vivas y a quien votes».

Desde las filas del PSRM-PSOE, consideran que «el Partido Popular de la Región de Murcia es experto en perder recursos», algo que asegura que «llevamos viendo muchos años en materia de agua».

A diferencia del recurso que ha presentado la dirección nacional del PP o la Comunidad de Madrid, éste no pide la recusación de tres magistrados del Tribunal de Garantías «por su notoria vinculación con el PSOE», según la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Esa petición va dirigida contra el propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, además de Juan Carlos Campo y Laura Díez.Entiende el Ejecutivo murciano, que se trata de una petición «política» sobre la que ya tendrá que existir un pronunciamiento por ese recurso presentado el jueves por los de Alberto Núñez Feijóo, por lo que han querido centrar su texto en demandas «institucionales». Así, explican fuentes del Gobierno, el recurso va encaminado a la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia, según fuentes del Ejecutivo regional.

Además de Murcia, también ha hecho oficial la presentación de ese recurso la Comunidad de Madrid y la de Aragón. En el caso de Valencia, Carlos Mazón reunió su Consejo de Gobierno en la tarde del lunes para la aprobación del recurso que presentará la Generalitat. También ultiman sus textos Andalucía, Extremadura, Baleares y Galicia.

Sólo una comunidad autónoma del PSOE también ha elevado al TC otro recurso: ha sido La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliago García-Page.

La Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 11 de junio, por lo que el plazo para recurrirla acaba el miércoles.