Fuga de talento por bajos sueldos en una tecnológica naval estratégica para el país

En los últimos cuatro años, 28 de sus poco más de cien empleados han dejado esta compañía considerada estratégica para los intereses nacionales, destacó la presidenta del comité de empresa, Esther Moya. Estos días, en sus dos centros de trabajo, Cartagena y San Fernando (Cádiz), se realizan paros para protestar y llamar la atención sobre el problema de esta firma que desarrolla sónares y sistemas de guerra antisubmarina para los nuevos barcos de la Armada. Cada vez que se marcha un ingeniero no solo se ralentizan proyectos de alta tecnología militar; también se pierde conocimiento y sobrecarga al resto de la plantilla. La reposición de bajas es complicada.

Según Moya, la viabilidad de la empresa está en peligro si no se ataja el problema. Saes emplea a titulados superiores con quince años de experiencia que no superan los 30.000 euros anuales. Tecnológicas extranjeras les tientan con mejoras de sueldos de hasta el 50%, compromisos de iniciar una carrera profesional y todo ello sin necesidad de cambiar de ciudad, gracias al teletrabajo.

La solución al problema no está en la propia empresa, que preside el antiguo diputado regional y senador del PSOE Joaquín López Pagán, sino en el Ministerio de Hacienda. Al estar participada por el Estado, Saes se ve afectada por las políticas de contención del gasto público y los límites salariales a empleados públicos, aunque los suyos no lo son. Tampoco sirve de mucho ser una empresa rentable: el último ejercicio lo cerró con una facturación cercana a los diez millones de euros y un beneficio de 1,5. Ni unas perspectivas de crecimiento inmejorables, con contratos de tecnología submarina y de defensa a largo plazo en varios países, proyectos consolidados de I+D+i y transformación tecnológica, así como el respaldo del gigante de la industria aerospacial y de defensa Thales.

A finales de 2021 y gracias a sus influencias políticas, López Pagán logró llevar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda un plan estratégico en el que reclama y justifica la necesidad de adecuar los salarios al mercado y un proyecto de desarrollo profesional para los trabajadores. «Es un gran paso», según los trabajadores, ya que planteamientos similares de anteriores directivos no habían logrado pasar de la SEPI. No obstante, el Gobierno sigue sin contestar seis meses después. Moya reconoció los avances conseguidos por López Pagán, pero también el hartazgo de la plantilla pese a que el clima laboral es «bueno» y el compromiso con la empresa, «alto».

Desde la dirección de Saes, consultada por LA VERDAD, expresaron su «respeto a las movilizaciones de la plantilla» y su intención de seguir haciendo «todo lo que esté en nuestra mano para solucionar este asunto lo antes posible y conseguir la aprobación del plan estratégico presentado ante los órganos competentes».