La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

«Se interesa, igualmente, que se declare la nulidad del derecho de crédito/compensación de 266.000 euros reconocidos a un particular en dos contratos celebrados en 2006 y 2007. Y se debe reconocer un derecho de crédito al Ayuntamiento de Ceutí por el importe de 561.557,27 euros, a reclamar en vía administrativa», añadieron estas fuentes.

Fue en 2019 cuando acusó al exalcalde Manuel Hurtado, funcionarios y adjudicatarios por presunto fraude o malversación en la adquisición y el pago de obras de arte por el Consistorio sin expediente de contratación, valoraciones, tasaciones ni informes de Intervención y Tesorería. La Fiscalía pide ocho años y medio de prisión para Hurtado. En otro asunto, el exalcalde socialista fue condenado a 15 meses por la adjudicación y construcción de una pista polideportiva. Recurrió al Supremo.

En el 'caso Biblioteca', referente al Ayuntamiento de Librilla, la Fiscalía reclama para el Estado un millón de euros. Lo hace en el Juzgado de Instrucción 6 de Murcia. Este órgano investiga al exalcalde José Martínez, del PP, a varios concejales y a responsables de una empresa por una aparente trama dedicada a amañar concursos públicos para que las obras municipales recayeran siempre en las mismas mercantiles.

En un juzgado de Murcia, dentro del 'caso Umbra', la Fiscalía plantea «requerimientos de pago y los embargos necesarios por 2.500.000 euros respecto a la rehabilitación del Casino». Están procesados el exedil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), funcionarios y adjudicatarios.

También en el ámbito municipal, la Fiscalía espera poder conseguir la recuperación de 769.000 euros para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por el 'caso Guardería'. Las diligencias, en un juzgado de Lorca, se dirigen contra el exalcalde (y expresidente de la Comunidad Autónoma) Pedro Antonio Sánchez por el destino de más de 600.000 euros en subvenciones autonómicas al municipio. Se solicita para él 13 años y medio de prisión por presuntas irregularidades en la construcción de los centros de atención a la infancia y de la mujer. En el 'caso Auditorio', Sánchez fue condenado a tres años por prevaricación y falsedad en la construcción del auditorio. Recurrió al Supremo.

Sobre la Comunidad Autónoma, en los 'casos Desaladora I y II' o 'casos La Sal I y II', la Fiscalía insta a que las empresas Hidromanagemet y Tedagua se hagan cargo de 65,5 millones de euros. Se juzgará a autoridades regionales y compañías por la construcción y el arrendamiento de la desaladora de Escombreras. En la pieza principal está procesado el exconsejero de Agua Antonio Cerdá (del PP). Y en el 'caso La Sal II', Ramón Luis Valcárcel. El expresidente de la Comunidad afronta una solicitud de once años y medio de prisión por presunta prevaricación, fraude y malversación.

En una pieza separada del 'caso Biblioteca', sobre las consejerías de Presidencia y Sanidad por hechos de 2009, la Fiscalía reclama 305.000 euros. Y en el 'caso Novo Carthago', «se trata de evitar la reclasificación como urbanizable de un espacio natural, beneficios intangibles no cuantificables que podría suponer la nulidad de un proyecto urbanístico de 10.000 viviendas en el entorno del Mar Menor». Cerdá y el exconsejero de Obras Públicas (y exdelegado del Gobierno), Joaquín Bascuñana, serán juzgados el mes que viene.

Ya en la esfera de la Administración General del Estado Anticorrupción tiene en el punto de mira al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Transportes y a «grandes constructoras». Las presuntas anomalías en las obras de la línea entre Murcia y Madrid se han traducido en una posibles responsabilidad económica de 24,9 millones de euros. Y en otro asunto similar, que afecta a Adif y a la Junta de Hacendados de Murcia, la cuantía asciende a 900.000 euros.