La Fiscalía denuncia la impunidad penal de los conductores que toman drogas

Una situación que lleva años repitiéndose y que llevó en 2018 al fiscal de Seguridad Vial de Murcia, Pablo Lanzarote, a proponer una reforma legislativa para que los conductores se enfrentasen a un delito automáticamente tras dar positivo en una de estas pruebas. Una propuesta que, lamenta, «cayó en el olvido» y que da por perdida. «No hay ninguna voluntad por parte del legislador de perseguir penalmente la conducción tras la ingesta de drogas», remarca.

Actualmente, el artículo 379.2 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta seis meses y con la retirada del permiso de conducir durante un tiempo máximo de cuatro años la conducción bajo los efectos de las drogas. Para considerar la existencia de este delito, sin embargo, no basta solo con el positivo del automovilista en la prueba de drogas, sino que se debe acreditar que presenta síntomas de estar influenciado por estas sustancias y que estas afectan a su conducción. Un requisito que no se tiene en cuenta en el caso del alcohol, en el que inmediatamente un positivo por encima de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado se traduce en un delito y su consiguiente condena.

Esta situación provoca que la gran mayoría de los positivos en drogas acaben siendo derivados a la vía administrativa. Lanzarote descarta, sin embargo, que la respuesta administrativa consiga disuadir a los ciudadanos para que estas conductas no vuelvan a tomar el asfalto. «Es tan evidente que no disuade que cada vez hay más procedimientos administrativos sancionadores», recalca. «Aunque haya menos controles, hay más procedimientos porque hay más positivos». En los últimos años, explica, la cifra de conductores que son sorprendidos en controles 'antidroga' es cada vez más alta, aunque el número de controles se reduzca –como ocurrió, por ejemplo, el pasado año debido a la crisis sanitaria–. El pasado año se realizaron 2.421 controles frente a los 3.315 desplegados a lo largo de 2019. La Guardia Civil de Tráfico detectó 790 positivos en drogas, de los que derivó cinco a la vía penal –frente a los 14 del año anterior–. En el caso de la Policía Local de Murcia, los agentes sorprendieron a 103 conductores al volante tras tomar droga, de los que derivaron una quincena a la vía penal. El resto acabaron enfrentándose a una sanción administrativa.

El fiscal especialista en delitos de tráfico lamenta, no obstante, que la vía administrativa no sirva, en este caso, como «prevención general para toda la colectividad que ve que estas conductas están sancionadas penalmente, ni como prevención especial para el sujeto que recibe la sanción, que se da cuenta de que tiene una serie de consecuencias». Remarca que «si te ponen una multa, que a lo mejor no pagas porque no tienen donde echarte mano, pues eso no tiene ningún efecto disuasorio». De esta manera, denuncia, «esa conducta se reitera y va in crescendo porque la sanción administrativa no tiene el efecto disuasorio suficiente».

Este es un problema que el fiscal Lanzarote ya puso negro sobre blanco hace años en una memoria del organismo, en la que advertía de que las sentencias por el delito de conducción bajo los efectos de las drogas «son prácticamente inexistentes» en la Comunidad y alertaba de la «situación de impunidad» que se generaba.

Esta realidad llevó a Lanzarote y al propio fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, a preparar una nueva instrucción, dirigida a la Guardia Civil y las policiales locales de la Comunidad, en la que remarcaban que se debían remitir atestados a los juzgados de todos aquellos casos de conductores que se hubiesen visto implicados en accidentes y diesen positivo en drogas. Una instrucción que tampoco parece haber surtido efecto.

Ambos aprovecharon, además, una memoria de la Fiscalía para hacer esa propuesta de reforma legislativa que cayó en saco roto. «Hicimos una propuesta para que fuese considerada delito la conducción con la mera presencia de drogas, lo que es actualmente la sanción administrativa, pero no se consideró oportuno», recalca el fiscal especialista. «Nosotros no podemos hacer nada más. La Fiscalía ha hecho todo lo que está en su mano».

Aunque la conducción tras la ingesta de drogas no es el caso, cada año miles de conductores se las ven con la justicia en la Región por cometer delitos sobre el asfalto. Según datos recogidos en la memoria anual de la Fiscalía murciana, 2.780 automovilistas fueron condenados el pasado año por infringir las normas al volante. La cifra supone una media de siete condenas diarias por delitos contra la seguridad vial y un descenso importante –de hasta un 15,1% – en un año marcado por la pandemia, las restricciones sociales y la paralización judicial. La conducción bajo la influencia del alcohol y la circulación sin permiso son las conductas más repetidas en estos asuntos.

Las irresponsabilidades sobre el asfalto pueden tener muchas consecuencias y una de ellas es, incluso, la de atravesar los muros de la prisión. Hasta 28 murcianos cumplieron penas de prisión el pasado año por delitos de tráfico, según los datos desgranados por el Ministerio Público. La cifra, aunque llamativa, es nimia, porque no es habitual que los juzgados ordenen el ingreso en prisión directamente por delitos de tráfico. El grueso de conductores que acaban entre rejas son personas que aceptan una sentencia por conformidad en casos de conducción bajo los efectos del alcohol o sin permiso y que, más tarde, incumplen la obligación de pagar la multa.