La fiscal pide una fianza de 900 millones a Valcárcel y a las empresas de la desaladora

La petición de esa cuantiosísima fianza de responsabilidad civil está contenida en un escrito presentado el pasado 27 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, cuya titular, la magistrada Isabel María Navarro, coordina la investigación judicial que se sigue contra Valcárcel. El documento acaba de ser notificado a las distintas partes de este procedimiento.

El mencionado informe del Ministerio Público tiene su causa en un recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Autónoma, que reclama precisamente no tener la consideración de responsable civil subsidiaria por los perjuicios al dinero público que habría causado este proyecto. Así lo estableció la magistrada instructora en un auto dictado el pasado marzo, en el que señalaba a la Administración regional como posible responsable civil. Sin embargo, la fiscal Neira coincide con la Comunidad en que no debe responder de esos daños, pues si bien por ley sería la responsable última de los actos delictivos causados por sus altos cargos y funcionarios, en este caso se da la circunstancia de que es a la vez la principal perjudicada. Y ello debido a que los fondos públicos que se podrían haber malversado con la adquisición de la desaladora eran suyos y, en último extremo, de los ciudadanos y contribuyentes murcianos. «No es que no haya terceros perjudicados –resume la fiscal–, es que están representados, no sin cierta paradoja, por la propia Comunidad Autónoma».

Una vez sentado que la Administración regional no debe responder de tales responsabilidades civiles, ni directa ni subsidiariamente, la representante del Ministerio Público pasa a señalar a quienes sí deberían cargar con esas posibles indemnizaciones futuras. Por lo que reclama que, dentro de la pieza de responsabilidad civil de esas diligencias, «se requiera a los investigados y sociedades no afectadas por el presente recurso (de la Comunidad) para que presten fianza por la cantidad de 900 millones de euros». La cuantía se extrae de la presunta cantidad malversada, que podría ascender a 600 millones de euros, más el tercio que establece el artículo 589 de la ley procesal. En estas diligencias, el único investigado hasta el momento es Ramón Luis Valcárcel, aunque como posibles responsables civiles podrían encontrarse las mercantiles que impulsaron desde la iniciativa privada el proyecto de la desaladora de Escombreras.

Como el mencionado informe se presentó en el juzgado antes de la comparecencia del expresidente regional, que tuvo lugar el pasado 19 de junio, la fiscal hace constar en su escrito que «una vez que sea oído en declaración judicial el investigado Ramón Luis Valcárcel Siso se solicitará lo procedente en torno al aseguramiento de las responsabilidades civiles, en este caso directas, que pudieran generarse». Es decir, que se solicitará que se garantice el abono de esas cantidades por las vías que sean necesarias, sin descartar un posible embargo de bienes.