El fiscal atribuye un enriquecimiento ilícito de más de 5 millones a Peñalver

Después de años prácticamente paralizadas, todo apunta a que esas actuaciones van a recibir ahora el impulso definitivo y, si el instructor lo considera pertinente y justificado, dictará el auto de tramitación por el procedimiento abreviado, en el que concretará las posibles responsabilidades penales de cada uno de los encausados y se les encaminará hacia el juicio. En este asunto concreto, además de Peñalver y su esposa, las actuaciones se dirigen contra un grupo de familiares directos de esta pareja, algunos conocidos intermediarios y conseguidores en materia de urbanismo y grandes promotores que habrían obtenido tajada del trato de favor del arquitecto municipal. Entre estos últimos destacan el propietario del Grupo RS, Ramón Salvador Águeda, y el impulsor de la hasta hoy frustrada recuperación del barrio de La Paz de Murcia, José López Rejas.

Toda la investigación orbita en torno a la figura de Joaquín Peñalver, a quien el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, acusa de haber montado una organización delictiva para sacar provecho millonario de su condición de arquitecto municipal y jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en el Ayuntamiento de Murcia. Así lo afirma en un extenso escrito-resumen de las diligencias instruidas hasta ahora, que ha remitido al juzgado para tratar de auxiliar al magistrado. El alto funcionario municipal, se recoge en el documento, habría constituido y controlado junto a su esposa Sandra dos sociedades, Urbasa y Payals, que debían servirle de «tapadera» para entrar en los negocios urbanísticos que le estaban vetados como funcionario municipal. Más tarde habría montado otra mercantil, Titobio SL, esta vez junto a otro socio y a su padre y su hermano, también encaminada a participar en operaciones inmobiliarias.

Una de las supuestas actividades en las que estaba inmersa Urbasa en los primeros años de este siglo era la adquisición de fincas forestales, que más tarde se vendían a promotores de grandes complejos urbanísticos. Esas masas arbóreas, ubicadas en zonas como Columbares, Lo Espinosa, Rapilejos, Trinidad, Acequeta, Lo Romo y El Fraile, se incorporaban a planes parciales en cualidad de sistemas generales, con lo que se conseguía otorgar mayor edificabilidad a los proyectos. Los constructores que adquirían esas fincas a Urbasa contaban, en apariencia, con la garantía de que esa 'traslación' de edificabilidad se les iba a autorizar, ya que se encontraba en manos «de los informes discrecionales del Servicio de Planeamiento que dirigía el señor Peñalver», en palabras del fiscal anticorrupción.

De algunas de estas operaciones de 'teletransporte' de edificabilidad se favorecieron empresas del ilicitano Ramón Salvador Águeda, con quien Joaquín Peñalver habría establecido «una auténtica sinergia y confluencia de intereses espurios», insiste el fiscal Lozano en su informe. A cambio de que el promotor comprara fincas forestales a la empresa Urbasa, con los elevados beneficios que ello le reportaba, Peñalver habría «proporcionado un trato de favor en sus informes técnicos a los proyectos del Grupo RS».

En otras actuaciones presuntamente ilícitas habría intervenido el constructor José López Rejas, como la consistente en dar entrada en el proyecto Nueva Vivienda Joven de Murcia a Sandra P. V., consciente como era en apariencia de que con ello lo que hacía era ganarse el supuesto trato de favor de Joaquín Peñalver. Una maniobra que, según el Ministerio Público, buscaba que el entonces jefe de Planeamiento «no se abstuviera (de intervenir), pese a tener intereses directos e indirectos en el procedimiento urbanístico a informar, y pretendiendo garantizarse así un influyente control técnico del proyecto, al entender que Joaquín Peñalver y él compartían intereses comunes».

De esta forma, insiste el fiscal, metiendo a Sandra P. V. como socia, López Rejas conseguía «un modo de prevalimiento sobre el funcionario».

Al margen de esas operaciones inmobiliarias, en las que también habrían participado directamente familiares de Sandra P. V., «que se aprovechaban a sabiendas de la condición de Joaquín Peñalver (como jefe de Planeamiento) para tratar de unirse a proyectos urbanísticos con un pequeño porcentaje y tratar de obtener beneficios ilícitos», otra de las supuestas fuentes de ingresos del funcionario municipal habría sido el despacho Peñalver Arquitectos y Abogados. Este gabinete profesional estaba gestionado formalmente por el padre y el hermano de Joaquín Peñalver, pero el fiscal entiende que se constituyó para dar entrada al alto funcionario de Urbanismo, quien sería «el principal beneficiario (...), a sabiendas de que incumplía las normas de compatibilidad».

A través de este despacho, el arquitecto municipal habría conseguido «compensar sus ilícitos servicios, mediante aparentes colaboraciones a conveniencia que, en apariencia, no se relacionaban con los expedientes tramitados en el servicio del que era jefe».

De esta manera, el gabinete habría copado un elevado número de proyectos de grandes empresas inmobiliarias que presuntamente recibían trato de favor de Peñalver en la Gerencia de Urbanismo. Y luego este recibía elevados pagos del despacho como colaboraciones puntuales.

La Fiscalía Anticorrupción considera que todos estos presuntos hechos se desarrollaron dentro de una auténtica trama corrupta, que habría permitido ingresar a Joaquín Peñalver y su esposa más de cinco millones de euros de origen ilícito. Y afirma que existen indicios sobrados de la comisión de delitos como el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas a funcionarios, el blanqueo de capitales, la falsedad en documentos públicos y privados y la asociación ilícita. Por todo ello, el fiscal Lozano pide al magistrado Juan Miguel Ruiz que ponga fin a esta investigación y dicte un auto en el que prepare el camino hacia el juicio para los presuntos responsables.