Familiares de las víctimas de Atalayas piden una pieza separada que investigue la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia
El abogado de cuatro de los afectados remarca que «la corrupción no solo produce beneficios para los que intervienen en ella, sino que, a veces también produce muertes de inocentes»
Cuatro familiares de las víctimas de la tragedia de Atalayas han pedido al juez instructor que abra una pieza separada para investigar la responsabilidad que los miembros del Consistorio de Murcia puedan tener en este caso. En un escrito al que LA VERDAD ha tenido acceso, el letrado José Manuel Muñoz -que representa a cuatro de las trece víctimas del incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros- subraya que «existen suficientes indicios en las actuaciones del Ayuntamiento de Murcia que necesariamente exigen una investigación».
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Muñoz hace hincapié en que «estamos ante una supuesta actuación corrupta que debe de ser objeto de investigación, puesto que la corrupción no solo produce beneficios para los que intervienen en ella, sino que, a veces también produce muertes de inocentes». El letrado de la acusación particular incide en que «las consecuencias del dejar hacer las sufren muchas personas, a veces de forma difuminada y otras, de forma muy concreta como ha sido en este caso».
«No estamos ante un caso aislado», sostiene el abogado José Manuel Muñoz, «sino ante una estructura municipal que no ejecutaba las órdenes de cierre».
En ese escrito el abogado incide en la existencia de una orden de clausura y cierre de los locales incendiados que no fue ejecutada y subraya que «los responsables municipales no han justificado la causa por la que no se ejecutó la orden» de cierre. El letrado remarca, además, que solo dos días después de acordar la revisión de los expedientes de los locales de ocio nocturno, el Ayuntamiento procedió al cierre de otros siete locales en la ciudad de Murcia. «No estamos ante un caso aislado», sostiene esta parte, «sino ante una estructura municipal que no ejecutaba las órdenes de cierre». La acusación particular apunta a la posible comisión de un delito de prevaricación por omisión que, a su entender, debe ser investigado en una pieza separada.
«Riesgo de desaparición de expedientes»
Esta parte vuelve a incidir, además, en el «peligro de la alteración y modificación de los expedientes administrativos». Tal y como ya advirtió en un escrito previo, «se trata de documentación susceptible de ser modificada» y «existen múltiples pruebas sobre las que existe un alto riesgo de desaparición, por un inadecuado inicio de la instrucción judicial». El abogado reclama al juzgado que instruye el caso que adopte medidas urgentes que prevengan la posible desaparición de los expedientes que obra en manos del Ayuntamiento.
Muñoz reclama, asimismo, en su escrito que se le haga entrega del expediente administrativo dado que ya tiene constancia, según explica, de que ese documento está en manos de algunas personas, pese a existir secreto de sumario.
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