Expertos reclaman mayores controles en la gestión de las ayudas europeas

«Uno de los puntos débiles de la administración pública española es su capacidad para ejecutar dinero, no solo fondos o ayudas, sino también su propio presupuesto. Y ahora tampoco se han hecho los deberes. La explicación tiene que ver con la inercia cultural de las administraciones púbicas que tiene una manera de funcionar que no se caracteriza por la eficacia ni por la eficiencia», explica Víctor Almonacid, director de prevención de la agencia antifraude de la Comunidad Valenciana.

Almonacid agrega que el cumplimiento de la legalidad en los organismos públicos, en ocasiones «es más formal que orientado al servicio», lo que abre la puerta al fantasma de la corrupción, «que es más que una sombra y está muy presente», subraya. «Que haya mucho dinero en juego que tiene que ejecutarse en poco tiempo, genera una gran oportunidad para el que tiene la intención de defraudar los intereses públicos. El reto, no obstante, es ponérselo difícil», añade Óscar Roca, director de prevención de la oficina antifraude de la Generalitat de Cataluña.

Estos dos expertos participaron ayer en un seminario celebrado en el campus de La Merced de la Universidad de Murcia, organizado por la Cátedra de Buen Gobierno, cuyo codirector, el catedrático de Ciencias Políticas Fernando Jiménez ejerció de moderador.

El fraude es uno de los mayores temores en la gestión de los fondos 'Next Generation', por lo que estos especialistas abogan por instaurar canales internos de denuncias anónimas en cada administración pública.

«Cuando alguien decide corromperse, cobra mucha importancia la figura de la persona alertadora. Para ello hay que ponerle a su disposición un canal que no suponga un riesgo para su carrera profesional o su familia. Ese canal ya existe en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que es la unidad competente para recepcionar estas denuncias. Sin embargo, no contempla denuncias anónimas, hay que identificarse y eso disuade a muchos denunciantes», manifiesta Roca.

Almonacid indica que si bien estos canales son obligatorios, según una directiva europea, en España aún están en una fase de anteproyecto. «En cada administración pública debería haber un canal interno para denunciar presuntos casos de corrupción», señala.

España es el país que más fondos 'Next Generation' recibirá, lo que supone «una gran oportunidad, pero también un gran reto», que afectará a las generaciones venideras si no se aprovechan bien. Para Roca hay dos medidas principales para el éxito: la gestión de los conflictos de intereses y el análisis de riesgos para la integridad.

«Hasta ahora hemos confiado en el control posterior. Pero no es suficiente, porque nos centramos en la respuesta a un perjuicio que ya se ha producido. Hay que anticiparse al daño, ir a los factores de riesgo, detectarlos y actuar sobre ellos. Eso solo se puede hacer con un análisis previo en cada ayuntamiento o comunidad», apunta Roca.