Exculpan de un presunto delito al exjefe de los forenses e impiden revisar sus cuentas

Según los indicios recabados por la Guardia Civil y el juzgado, el investigado conocía las actividades del supuesto líder de la organización criminal, Rachid S. y, aun así, consintió que empleados de Medicina Legal de Murcia y Cartagena enviaran a miembros de esa red fotos de cadáveres de inmigrantes argelinos ahogados en el mar durante sus viajes en patera a España. En lugar de realizar «acciones tendentes a la denuncia de ilícitos penales», señaló la Benemérita, el funcionario permitió la remisión de esas imágenes y de otros datos confidenciales a las funerarias. Estas la usaron para contactar con familiares de los muertos y lograr contratos de devolución de los cuerpos a Argelia, presuntamente al margen de los procedimientos legales y con altos beneficios económicos.

La Fiscalía respaldó la petición del abogado del forense, Francisco Martínez Escribano, y la Audiencia les dio la razón. Lo hizo en una resolución dictada el 13 de mayo y no recurrible. En ella, menciona que, según la Fiscalía, «aun en caso de ser ciertos los hechos que se le imputan» al funcionario, «su comportamiento no puede incluirse» en el Código Penal. Y ello porque «no se encuentran los médicos forenses entre los funcionarios que tienen la obligación de perseguir los delitos». En cualquier caso, apunta la Audiencia, las fotografías ya habían sido tomadas y habían sido distribuidas» cuando él supo de su envío.

El forense declaró a la Guardia Civil que supo de las fotos por una empleada de la ONG Cipimd (Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos), con sede en Almería; y que instó a empleados del IML de Cartagena a dejar de realizar y difundir de imágenes de cadáveres en las salas de autopsias.

La Audiencia sí mantiene la imputación del exjefe del IML por otros cuatro delitos: descubrimiento y revelación de secretos, contra la libertad de conciencia, contra el respeto a los difuntos y de tráfico de influencias. Indica que el recurso no combate estas imputaciones, posteriores a la de no haber perseguido un delito.

En un segundo auto, fechado el 20 de mayo, la Audiencia anula la orden del juzgado de realizar una investigación patrimonial para aclarar si el forense recibió pagos por facilitar a funerarias y a la ONG fotos de cadáveres y datos reservados. El juez mandó analizar las cuentas bancarias del imputado en tres bancos, pero al tribunal indica no le consta que esté imputado por blanqueo de capitales.

En la causa, el juzgado investiga a una veintena de personas, incluidas policías nacionales y guardias civiles de varias provincias que habrían dado información a la ONG. Las defensas niegan los delitos y señalan que el envío de fotos y datos fue con ánimo solidario, para ayudar a identificar y repatriar a los fallecidos.