El Estado pide penas mínimas por un fraude de ayudas europeas cometido hace 26 años

Después de 26 años desde que supuestamente se cometiera un fraude de subvenciones europeas en el seno de la empresa Conservas Vegetales Murcianas SA (Covemur), estas diligencias judiciales siguen a la espera de que se fije una fecha para el juicio. La única noticia positiva es que la tramitación de este procedimiento, que desde el año 2000 está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Molina de Segura, parece ya definitivamente cerrada, una vez que la Abogacía del Estado, que todavía no había calificado estos hechos, acaba de presentar su escrito de conclusiones provisionales.

La acusación estatal se dirige contra cinco presuntos responsables de esa defraudación, entre ellos un solo responsable de esa fábrica, A. L. G., ya que dos de las personas que estaban al frente de su gestión fallecieron hace ya largos años.

El escrito de la Abogacía del Estado coincide en lo básico con las consideraciones fácticas y jurídicas establecidas por el Ministerio Fiscal hace dos años, cuando sostuvo formalmente que los responsables de esta fábrica, radicada en Archena, elaboraron presuntamente un plan en la campaña 1995-96 para aprovecharse de unas subvenciones que la entonces llamada Comunidad Económica Europea otorgaba a la transformación de frutas y verduras. Estos fondos estaban destinados a la conversión de esos productos en conservas, siempre y cuando se pagara un precio mínimo a los productores.

Con ese supuesto propósito defraudador, los responsables de Covemur habrían realizado supuestamente diversas maniobras para hinchar falsamente las cantidades de producto manufacturado y, con ello, también de los fondos públicos percibidos.

Así, tanto el Ministerio Fiscal como ahora la Abogacía del Estado, afirman que, en lo referente a las transformaciones de tomate, Covemur declaró haber elaborado casi 2,7 millones de kilos de conserva, cuando en apariencia solo el 18,14% de esa cantidad había sido realmente producida.

De esta forma, teniendo en cuenta que cada kilo estaba subvencionado con 12,6 pesetas, la empresa solicitó e ingresó ayudas por importe de 33,8 millones de pesetas, de los que 27,7 millones (166.619 euros) tenían un origen presuntamente fraudulento.

Otro tanto habría ocurrido respecto al melocotón, pues la firma aseguró haber producido casi 3,9 millones de kilos de conserva, cuando tan solo el 7,75% respondería a la realidad. En esta ocasión, logró unas ayudas de 56 millones de pesetas, de los que 51 millones (310.340 euros) procederían de las maniobras ilícitas.

Para justificar la adquisición, presuntamente ficticia, de grandes cantidades de tomate y de melocotón, habrían contactado con productores de Toledo y Madrid, quienes habrían confeccionado falsos albaranes y facturas.

Aunque el delito contra la Hacienda Pública, en su modalidad de fraude de subvenciones, puede estar castigado con hasta cinco años de prisión, las evidentes dilaciones indebidas que ha sufrido este procedimiento han llevado al fiscal a pedir penas de solo cuatro meses, que la Abogacía del Estado eleva hasta año y medio para cada uno de los cinco acusados. Además, reclaman el abono de indemnizaciones y multas que superan el millón de euros.

Temas

• Juzgados