La Diócesis restituye en Alcantarilla y Jumilla dos pequeños templos que inmatriculó pese a no ser suyos

Los detalles acerca de las idas y venidas en la titularidad de esta construcción religiosa –levantada al estilo de las típicas ermitas murcianas del siglo XVIII– se han conocido ahora, a raíz del informe de inmatriculaciones difundido la pasada semana por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y confeccionado a partir del listado remitido por el Gobierno. El caso del templo del Agua Salá, dedicado a la Virgen de la Salud porque, según la tradición, los vecinos se salvaron de una epidemia tras encomendarse a la imagen, no es el único.

El documento de la CEE revela al menos otro conflicto a cuenta de los bienes que se atribuyó la Iglesia mediante el recurrente artículo 206. Tiene como protagonista una perdida ermita, en mitad de un bello mar de viñas, en la falda jumillana de la Sierra del Carche. El Obispado inscribió como suyo este oratorio de una finca familiar, de mediados del siglo XIX y consagrado a Santa Rosa, hasta que en 2016 se presentó su dueño. Con la escritura y la declaración de herederos en la mano, este particular, afincado en Pinoso (Alicante), acreditó la titularidad. El proceso quedó zanjado en 2020, cuando la Diócesis dio de baja la propiedad en el Catastro.

Como publicó LA VERDAD, el informe de la CEE menciona en la demarcación bajo tutela del obispo Lorca Planes un total de 28 «incidencias». Cuatro de ellas –las más relevantes– tienen que ver con otros tantos bienes que no pertenecen a la Iglesia. Además de las citadas ermitas y de una finca rústica –ya vendida– en Alhama, aparece otro pequeño templo. Se trata de la capilla de la Virgen Milagrosa en Peña Zafra de arriba (Fortuna), levantada en 1947 por los vecinos de este núcleo de apenas medio centenar de habitantes. Nadie se explica cómo acabó figurando en el mencionado listado. Porque el Obispado asegura que nunca lo inscribió a su nombre. Y el Ayuntamiento lo tiene anotado en el catálogo municipal con el número de referencia 1.1.000.47.05. De hecho, consta que el Consistorio, como dueño, ha realizado obras de reparación en la ermita.

Lo cierto es que en el primer listado de las inmatriculaciones que facilitó la Diócesis de Cartagena hace ahora un año no constaba ninguna de estas cuatro propiedades. Así que desde el Obispado achacan los desajustes a la información que recopiló el Gobierno de los registros, con datos al parecer incorrectos o desactualizados. «Desconocemos qué criterios ha utilizado». En esa misma línea se ha manifestado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien habla de que el Estado le ha adjudicado «erróneamente» a la Iglesia bienes que no son suyos. En los casos de Alcantarilla y Jumilla, lo fueron, al menos sobre el papel. Y solo dejaron de serlo a raíz de que sus legítimos titulares alegaran.

La relación depurada ahora por la CEE arroja 444 bienes inmatriculados por el Obispado de Cartagena. Al ecónomo diocesano, José Carrasco, no le consta «ninguna reclamación» sobre ese patrimonio, según declara a este diario. En febrero del año pasado, cuando se publicó el primer listado, que abría la puerta a posibles demandas en los juzgados, varios colectivos ciudadanos, ayuntamientos y hermandades religiosas de la Región anunciaron que barajaban reivindicar algunos de los bienes.

En el punto de mira destacaban tres cementerios, varias capillas y un santuario. Pero a la sede del Palacio Episcopal, en la murciana plaza del Cardenal Belluga, no ha llegado aún alegación alguna. Carrasco defiende que todo lo inscrito pertenece a la Iglesia. Recuerda, por ejemplo, que un juzgado ya les dio la razón en 2002 en la disputa por el camposanto de La Palma (Cartagena), declarando el archivo definitivo. «Y el de La Paca (Lorca) pertenece a la parroquia desde tiempo inmemorial».

«No tenemos interés por nada que no sea nuestro. Además, todo ese patrimonio, iglesias, cementerios, casas sacerdotales, centros parroquiales, está al servicio de la comunidad, del pueblo», sentencia. El ecónomo y administrador general de la Diócesis indica que las reclamaciones que llegan al Obispado son «muy puntuales». Entre los últimos casos, una disputa con el Ayuntamiento de Molina de Segura a cuenta de la ermita Beltrán, en Los Valientes. El Consistorio exige casi cien mil euros por la reconstrucción de este bien catalogado y argumenta que el Obispado, como dueño, no ha realizado unas mínimas obras de mantenimiento para evitar la ruina del oratorio. De momento, lo que la Iglesia ha hecho es renunciar a esa propiedad, para intentar dar carpetazo al asunto.