Cristina Narbona: «El empeño en criminalizar el 8-M no tiene el menor recorrido judicial»

–España empezó sufriendo una crisis sanitaria, luego derivó en una crisis económica, y ahora en una crisis política unida al peligro serio de fractura social.

–España se enfrenta, igual que el resto del mundo, a un desafío de extraordinaria envergadura, el más grave desde la Segunda Guerra Mundial. El enemigo, en este caso, es un virus desconocido, respecto de cuyo comportamiento y tratamiento la comunidad científica tiene aún muchas dudas; y que ha comportado problemas muy similares en todos los países europeos en cuanto a la cuantificación de los fallecidos, a los repuntes y retrocesos en el confinamiento, a la disponibilidad y calidad de los test, del material sanitario y de los equipos de protección.

–¿Abusa el Gobierno del estado de alarma? ¿Toma medidas que exceden este marco?

–Ante este desafío, en muchos países de nuestro entorno se han adoptado medidas restrictivas excepcionales para frenar el contagio, análogas a las adoptadas en España; una decisión muy diferente, por lo tanto, de la irresponsable y miope reacción de gobiernos ultraconservadores, como los de Estados Unidos y Brasil, que claramente han puesto la economía por delante de la salud.

–¿Ha cometido el Gobierno demasiados errores?

–El Gobierno de España, como el propio presidente ha reconocido, ha podido cometer errores, como el resto de los gobiernos: pero a diferencia de la reacción ante la crisis de 2008, donde las instituciones europeas –y por la tanto también España– implementaron medidas que comportaron un aumento de la desigualdad y de la pobreza, en esta nueva crisis sanitaria y económica, nuestro gobierno está impulsando una respuesta nacional y europea que da prioridad a la atención a los más vulnerables, y apuesta por una recuperación 'verde', así como por el fortalecimiento de los servicios públicos de sanidad y de atención a la dependencia.

–Usted es economista y fue embajadora de España en la OCDE, ¿qué opina de la implicación de la Comisión Europea?

–La importante propuesta de la Comisión Europea sobre el futuro Fondo de Recuperación responde en gran medida a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Se abre así para España una expectativa de aportación de hasta 77.000 millones de euros a fondo perdido, además del resto de facilidades crediticias que facilitarán las medidas ya adoptadas por nuestro Gobierno y la consiguiente superación de la crisis. En este momento hay cuatro millones de trabajadores que no han perdido su empleo gracias al apoyo del Gobierno a los ERTE; más de dos millones de autónomos que han recibido ya una prestación para compensar la reducción de su actividad, miles de pequeñas y medianas empresas que han obtenido financiación a través del ICO... ; se han prohibido los desahucios y los cortes de suministro de agua y de energía; y lo más reciente, se ha cumplido el compromiso de Pedro Sánchez de crear un ingreso mínimo vital que beneficiará de forma inmediata a 850.000 hogares vulnerables. Por cierto, todas estas medidas de 'escudo social' tienen una especial incidencia en una región como Murcia, con carencias sociales e índices de pobreza muy preocupantes.

–Crecen las protestas en la calle.

–Es lógico que muchos ciudadanos manifiesten su dolor y su rabia por los efectos terribles de la pandemia, que ha puesto de manifiesto las graves consecuencias en toda España de los recortes en la sanidad pública y en la atención a la dependencia; una lección que confío evite repetir errores semejantes en el futuro. Hay que entender también el malestar y preocupación por la crisis económica, dados los plazos a veces dilatados de tramitación de las medidas de apoyo, que requieren además la implicación de todas las administraciones. Lo mismo cabe decir de la distribución por parte del Gobierno de recursos materiales y económicos a las comunidades autónomas, que en muchos casos han tardado en materializarse. Todas las administraciones tienen su parte de responsabilidad en la gestión de la pandemia, siendo las comunidades autónomas las competentes en materia sociosanitaria, algo que no ha cambiado con la declaración del estado de alarma, y que observo que muchos ciudadanos desconocen.

–¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno? ¿Y la oposición?

–Esa responsabilidad compartida debería ejercerse sin intentar convertir la pandemia en una cuestión partidista; es lamentable, y muy grave , la actuación obstruccionista de los grupos de la oposición, que contrasta con la cooperación de la mayoría de los gobiernos autonómicos, así como con la unidad entre diferentes partidos políticos que se ha mantenido en otros países de nuestro entorno, y que es imprescindible, por ejemplo, para controlar los contagios. Algunas manifestaciones contra el Gobierno, incumpliendo la exigencia de distanciamiento social y de protección pueden contribuir a repuntes no deseables de la pandemia e incluso a un retroceso en el avance hacia la 'nueva normalidad'.

–Hay numerosas denuncias contra el Gobierno. ¿Qué recorrido cree que tendrán?

–En estos momentos existen querellas contra responsables de diferentes administraciones, en particular a causa de la deficiente atención a nuestros mayores –que representan más de la mitad de los fallecidos–, y que la Justicia deberá valorar, de acuerdo con sus respectivas competencias.

–¿Le pasará factura electoral al PSOE? ¿Es un partido irreconocible respecto a etapas anteriores?

–Lo más importante es que el Gobierno de coalición siga trabajando con determinación, en permanente diálogo con las comunidades autónomas para salvar el máximo de vidas. Los ciudadanos en su momento tendrán la palabra.

–¿Usted comparte el pacto con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral?

–La derogación de la reforma laboral del PP es uno de los principales compromisos incluidos en nuestro programa electoral, y posteriormente en el pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, que se desarrollará en el marco del diálogo social, en el que ya se han conseguido avances importantes, como la subida del SMI hasta los 950 euros y la prórroga en la aplicación de los ERTE. Se trata de erradicar la elevada precariedad de nuestro mercado de trabajo, que afecta particularmente a los más jóvenes, y de reconstruir derechos laborales, así como la negociación colectiva, imprescindible para defender a los trabajadores más vulnerables. Es un objetivo compartido por todo el Gobierno, más allá de las formas de expresar esta prioridad. Comprendo que quienes no han conseguido gobernar tras las últimas elecciones generales, utilicen cualquier pretexto para cuestionar al legítimo Gobierno de coalición.

–¿Cree que este acuerdo del PSOE y Podemos con el grupo abertzale le duele a gran parte de la sociedad española, y también a muchos socialistas?

–Por favor, menos hipocresía respecto de Bildu, que es hoy día un partido político legal, como muy bien lo definía Javier Maroto, hoy portavoz del PP en el Senado, cuando alcanzaba acuerdos con Bildu siendo alcalde de Vitoria. Todo el mundo sabe cómo ha combatido el PSOE contra ETA, hasta conseguir el cese de la violencia. Me parece infame que se pretenda utilizar –otra vez– las víctimas del terrorismo para desacreditar a los socialistas, que hemos sufrido numerosas bajas a causa de ETA. Yo misma he estado muchos años en sus listas, necesitada de protección policial. Y también tuve ocasión de ver al PP atribuyendo al PSOE la autoría 'intelectual' del atentado de Atocha en 2004. Fuera de España, ningún partido conservador entendió aquella abominable argumentación.

–Han surgido divisiones en el Gobierno entre PSOE y Podemos, ¿cree que se agrandarán?

–En todos los gobiernos existen posiciones diferenciables, incluso en los gobiernos monocolor. Lo digo por experiencia propia, habiendo sido ministra durante la primera legislatura de Zapatero. Los debates internos no son señal de debilidad o de confrontación: y en todo caso la última palabra la tiene el presidente.

–¿Cuánto cree que durará el pacto de gobierno? ¿Se ve el PSOE arrastrado por Podemos?

–Nuestra perspectiva es mantener durante toda la legislatura el Gobierno de coalición que en su momento consiguió el apoyo de la mayoría de los diputados; y que sigue consiguiendo, semana tras semana, el apoyo mayoritario a las medidas que plantea.

–¿Le parece bien que el presidente del Gobierno salga todas las semanas en televisión? ¿Utiliza cualquier cosa para mantenerse en el poder, contradiciéndose o mintiendo?

–Creo que el presidente Sánchez cumple con creces su obligación de explicar a la ciudadanía las medidas que el Gobierno va adoptando, teniendo en cuenta la gravedad del momento. Y no se trata de un monólogo, sino de comparecencias que incluyen un número muy importante de preguntas, demostrando así su compromiso con la transparencia. En cuanto a las supuestas contradicciones, el Gobierno se ve obligado a garantizar objetivos diferentes, a veces difíciles de hacer compatibles. Las salidas iniciales de los niños son un ejemplo de decisión controvertida, en la que en todo caso tenía que primar la precaución. O el uso de la mascarilla, ahora obligatoria porque ha aumentado la movilidad y con ello el riesgo de no respetarse las distancias debidas. Basta mirar fuera de España para comprobar que en otros países se han producido también cambios análogos en las decisiones sobre la gestión de la pandemia, como resultado de la evolución en la comprension de la misma.

–El último episodio sonado es la destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, a raíz de la investigación judicial sobre posibles negligencias del Gobierno en los días previos al estado de alarma. ¿Cree que la percepción social es muy negativa por esta decisión?

–En el Ministerio del Interior, igual que en otros, se producen cambios en los niveles directivos con cualquier gobierno. En la etapa de gobierno de Rajoy, el ministro Fernández Díez hizo un uso masivo de la posibilidad, completamente legal, de la libre designación, sin que se suscitase ningún escándalo. Ahí está la hemeroteca. En el caso del ministro Marlaska, el cese de Pérez de Cobos ha coincidido con el cumplimiento de su compromiso de equiparar los salarios de las fuerzas de seguridad nacionales con las autonómicas, que estaba ya previsto desde hace bastantes meses.

–La juez que lleva el caso ha llamado como imputado al delegado del Gobierno en Madrid. ¿El Ejecutivo central se enfrenta a serios problemas judiciales?

–El empeño de criminalizar la manifestación del 8-M no tiene el menor recorrido judicial, a la vista de la opinión de numerosos expertos sobre su incidencia marginal en el contagio del virus, teniendo en cuenta que solo en el metro de Madrid se trasladaban más de un millón de personas diarias, y que, además, en aquel momento todas las administraciones autorizaban actos masivos porque no se había todavía puesto de manifiesto el grave riesgo de contagio.

–El Mar Menor sigue en estado crítico mientras discuten las administraciones. ¿Qué hacer?

–La degradación del Mar menor es la consecuencia de 25 años de procesos de gran impacto ambiental. Siendo ministra, intentamos articular una respuesta a través de una comisión especial. El PP gobernaba en la mayoría de las administraciones y bloqueó la puesta en marcha de las medidas aconsejadas por los expertos y consensuadas. Como tuve ocasión de decir en uno de mis últimos viajes a la Región, no habrá recuperación económica en el Mar Menor si no hay recuperación ambiental. Lamento profundamente que el Gobierno autonómico siga eludiendo el ejercicio de sus competencias, intentando exigir del Gobierno de la nación lo que no le corresponde. Me consta que la Consejería de Agricultura tiene ya casi dos mil expedientes de parcelas sin autorización para regar, incoados por la Confederación, que no han sido resueltos.

–¿Hay que reducir regadíos en el Campo de Cartagena?

–El diagnóstico realizado por el Ministerio confirma la grave contaminación del acuífero del Campo de Cartagena, y el incumplimiento de la directiva europea de nitratos obliga al establecimiento de medidas que corresponde implementar al Gobierno autonómico. Por cierto, en el marco del Fondo de Recuperación Económica propuesto por la CE, se establecerán objetivos ambiciosos en materia de biodiversidad y agricultura, entre otras cosas para promover la reducción del uso de fertilizantes y plaguicidas, para fomentar la recuperación de humedales y espacios forestales y para el incremento de la agricultura ecológica. Eso significa que los agricultores que adopten esa hoja de ruta se beneficiarán de incentivos específicos. Así que la restauración del Mar Menor podría ser una palanca de actividad económica muy interesante. Para eso es fundamental la colaboración entre el Gobierno de España y de Murcia. Estoy muy de acuerdo con la propuesta de los socialistas murcianos a propósito de un verdadero cinturón verde para proteger la laguna, así como la necesidad de una ordenación territorial que evite repetir errores del pasado. En todo caso, si el Gobierno murciano sigue instalado en la inacción o en la implementación de normas de dudosa legalidad, no cabe descartar una intervención directa del Ministerio como consecuencia de la gravedad de la situación actual.

–¿El Gobierno va a cambiar las reglas del Trasvase y recortarlo?

–Se ha superado afortunadamente la 'criminalización' del agua desalada que frenó el desarrollo del Programa AGUA durante mi etapa de ministra, mientras el Gobierno regional promovía su propia planta en condiciones de dudosa legalidad. Hoy la mayoría de agricultores y ayuntamientos piden seguridad en el suministro a precios razonables. En eso trabaja el Ministerio con la perspectiva de ampliar y conectar las desaladoras. El futuro del Trasvase Tajo-Segura, como dice con razón el secretario de Estado Hugo Morán, será cada vez más una decisión de la naturaleza que una decisión política, debido al progresivo efecto del cambio climático. Y hay que garantizar la máxima autosuficiencia de la cuenca, dada la importancia económica y social de la disponibilidad del agua. En cualquier caso, con los socialistas nunca ha faltado agua del Trasvase, pero en Murcia ya saben lo que es no tenerla. Garantía y seguridad de suministro, a precios justos, es el objetivo de cualquier gobierno responsable.