Los diez juzgados con mayor atasco de la Región de Murcia superan los 25.000 casos pendientes

Los órganos civiles de Murcia y Cartagena rebasan hasta en un 173% el límite máximo de trabajo que marca el Poder Judicial

Lunes, 14 de junio 2021

«El sistema de Justicia es incapaz de asumir la entrada de asuntos». El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual ... del Riquelme, no tuvo reparos en reconocer este jueves, durante la presentación de la memoria anual del organismo, la impotencia que asalta a diario a la magistratura a la hora de afrontar un atasco judicial que, pese a los esfuerzos, no deja de crecer. Año tras año, los juzgados murcianos repiten en los primeros puestos del 'ranking' de los más saturados del país y las reivindicaciones de apertura de nuevos órganos resuenan por los pasillos.

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Un descenso a las estadísticas permite arrojar luz sobre la preocupante situación en la que se encuentran muchos de estos órganos. Solo los diez juzgados más saturados de la Región ya acumulan la friolera de 25.000 asuntos pendientes, a tenor de los datos que el TSJ recoge en su informe. Una realidad que afecta especialmente a la jurisdicción civil, cuyos órganos ocupan nueve de los diez primeros puestos de esta lista, y que exige a gritos el refuerzo de una administración arrinconada por una elevada litigiosidad y una de las más bajas ratios de jueces por habitantes del país –10,8 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media nacional de 11,9 jueces–.

Cláusulas suelo

A la cabeza en el 'ranking' de los órganos con mayor atasco de la Región se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia, que desde 2018 ejerce como único órgano de la Comunidad especializado en cláusulas suelo –antes asumía esta labor el número 11–. El pasado año, pese al embate de la Covid y a la consiguiente paralización judicial, este órgano llegó a despachar 2.681 asuntos, una media de siete casos cada día. Pese al esfuerzo, al cierre del pasado año, sobre su mesa quedaban aún 5.287 expedientes que aguardaban respuesta.

El TSJ reclama tres juzgados de Primera Instancia en Murcia, uno en Cartagena y sendos órganos de Primera Instancia e Instrucción en Lorca y Molina

La tasa de pendencia de este órgano (1,97) llega a triplicar la nacional. Esta ratio –que surge del cociente entre los asuntos que un órgano tiene pendientes al final del año y los que ha sido capaz de resolver en ese periodo– es uno de los indicadores que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) utiliza para medir la 'salud' y la buena marcha de un órgano o de una jurisdicción concreta.

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En términos generales, la Región soporta una tasa de pendencia de un 0,75, mientras que la nacional se situó el pasado año en el 0,60. Los diez juzgados más colapsados de la Comunidad, sin embargo, llegan incluso a triplicar esa tasa, que permite atisbar, además, el tiempo que podría necesitar ese juzgado para deshacerse de semejante atasco. En el caso del juzgado especializado en cláusulas suelo, por ejemplo, si el ritmo se mantuviese constante y el órgano no ingresase más procedimientos, se emplearían casi dos años en conseguir acabar con este 'stock' de asuntos, de acuerdo con los cálculos del Consejo.

El presidente del TSJ se mostró convencido, sin embargo, de que estos procedimientos podrán aligerarse en los próximos meses. La tramitación especializada de este tipo de causas recabó, en sus inicios, fuertes críticas, pero Pasqual del Riquelme incidió en que en cuatro años se ha logrado dar respuesta a más de 12.000 de estas demandas.

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Vigilancia penitenciaria

El segundo órgano con mayor atasco de la Comunidad es el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena, que arrastra hasta 2.415 casos pendientes y una tasa de pendencia de 1,51. De acuerdo al informe, este juzgado ingresó el pasado año 1.951 casos y llegó a despachar 1.595.

Los murcianos esperan una media de 10,1 meses para lograr una primera respuesta en Civil

En el tercer escalón aparece el único juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Región, con un atasco de hasta 2.339 casos. Este órgano, con sede en Murcia pero alcance regional, llegó a recibir el pasado año hasta 4.180 expedientes. Una cifra altísima que, sin embargo, compensó resolviendo hasta 3.985 casos. La tasa de pendencia de este órgano es de un 0,58, bastante por debajo de la media regional y nacional.

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Los juzgados de Primera Instancia de Murcia y Cartagena copan el resto de puestos de este 'top ten' del atasco judicial: el número 12 de Murcia, con 2.396 casos pendientes; el número 11 de Murcia, con otros 2.285... Los civiles destacan también, no obstante, entre los órganos que soportan una mayor carga de trabajo. Los juzgados de Primera Instancia de Murcia, por ejemplo, han ingresado de media, en los tres últimos años, 2.075 asuntos, prácticamente el doble de la carga máxima de trabajo que fijó en su momento el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que rebasan en un 173%.

Los órganos civiles de Cartagena, por su parte, superan el módulo de trabajo fijado por el Poder Judicial en un 157%. Estos módulos llevan años sin actualizarse, pero sirven de referencia para entender cuán alejados están los juzgados de esa «carga de trabajo razonable» que la magistratura y los sindicatos llevan años reivindicando.

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Estos módulos de trabajo sirven, además, al TSJ para fijar sus prioridades a la hora de solicitar la apertura de nuevos órganos. El TSJ hizo hincapié esta semana en que son necesarios 16 nuevos órganos en la Comunidad, aunque prioriza siete de ellos de cara al próximo año. Reclamó una plaza de magistrado en la Sección Quinta de la Audiencia, en Cartagena; tres juzgados de Primera Instancia en Murcia, uno en Cartagena y sendos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Lorca y Molina. La jurisdicción civil en Lorca soporta una carga de trabajo que excede en un 156% el tope fijado por el Poder Judicial, pero la palma se la llevan los juzgados de primera instancia e instrucción de Molina, con un exceso de trabajo que llega a rebasar los límites en un 227%.

Armarse de paciencia

Esta amalgama de cifras, módulos de trabajo y tasas de resolución tiene un efecto directo y claro en la vida de los ciudadanos. Los órganos civiles de la Comunidad siguen siendo los más lentos del país, de acuerdo al último informe publicado por el CGPJ –en base a datos de 2019–. Una tardanza en la respuesta que, previsiblemente, se verá agravada por la crisis derivada de la Covid.

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Los murcianos actualmente deben armarse de paciencia y esperar hasta 10,1 meses de media para encontrar una primera respuesta a su demanda en los juzgados de Primera Instancia, Primera Instancia e Instrucción y Familia de la Región. La media a nivel nacional es de 7,4 meses. Esta jurisdicción dirime desahucios, reclamaciones de deudas, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tráfico, pero también tramita separaciones y divorcios, establecimiento de pensiones de alimentos para los hijos...

En los últimos años, según refleja el informe, la tardanza no ha hecho más que empeorar. En 2015 los murcianos aguardaban 9,6 meses de media, un tiempo ya muy dilatado que ha ido aumentando hasta los 10,1 meses.

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La espera queda, además, bastante alejada de la que sufren los manchegos (9,2 meses), que ocupan el segundo puesto en esta lista negra, e incluso duplica el tiempo medio de respuesta que estos órganos consiguen en otras regiones, como Asturias (4,1), Navarra (4,5) y La Rioja (5,2). La respuesta a un recurso civil en la Audiencia se hace esperar 8 meses.

Pasqual del Riquelme: «El retraso puede acabar lastrando la recuperación»

El presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, recalcó esta semana que «la crisis social y económica consecuente a la pandemia coloca al sistema judicial español, y también al de la Región, ante un reto de extraordinarias proporciones». Advirtió de que «el más que previsible masivo incremento de la conflictividad social y económica generará, ya lo estamos percibiendo, un correlativo aumento de la litigiosidad». Un escenario, alertó, que se sumará al que la Justicia lleva años sufriendo y que se caracteriza por una excesiva lentitud. «El riesgo de mayor retraso en la respuesta judicial en tiempos económica y socialmente útiles a la multitud de conflictos que van a generarse, puede terminar lastrando la recuperación económica, el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema», remarcó. Tras poner esa idea encima de la mesa, Pasqual del Riquelme incidió en la necesidad de seguir reclamando más medios materiales y humanos para la Justicia murciana.

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