Díaz Manzanera lamenta que lleguen a la Fiscalía denuncias políticas «inaceptables»

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, lanzó este jueves un mensaje de advertencia ante el arranque de la cuenta atrás para las próximas elecciones locales y autonómicas. Lamentó que sigan llegando a este organismo denuncias políticas «absolutamente inaceptables», algunas de las cuales «archivamos de plano», y recordó que «no se puede utilizar esta vía para esto». Dejó además claro su deseo de que estas prácticas no vuelvan a incrementarse al acercarse la fecha en la que los ciudadanos tendrán una nueva cita con las urnas.

La cabeza visible de la Fiscalía murciana compareció ante los medios de comunicación para desgranar las principales conclusiones de una memoria que recoge el trabajo de los 72 profesionales que, en estos momentos, integran el organismo. En el transcurso de su intervención, Díaz Manzanera volvió a referirse a la excesiva judicialización de la política que, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, ya ha denunciado en otras ocasiones. Explicó que buceando en la estadística del organismo se percató de que, entre inicios de 2020 y octubre de 2021, se archivaron el 77% de «las denuncias que se estaban interponiendo por parte de formaciones políticas y que se demostró que no tenían pruebas». Insistió en que «no se puede estar utilizando la Justicia para estos fines».

Díaz Manzanera aprovechó esta cita anual para poner sobre la mesa la situación en que, a día de hoy, se encuentran las causas abiertas a raíz de la contaminación del Mar Menor. En este sentido recordó que la Fiscalía ya presentó hace meses un escrito en el que acusa a más de una treintena de personas físicas y jurídicas -entre ellas ex altos cargos- por los supuestos vertidos ilegales a la laguna -el conocido como 'caso Topillo'-. El fiscal superior explicó que actualmente se están tramitando los recursos de las defensas y se mostró esperanzado de que el procedimiento llegue cuanto antes a la Audiencia Provincial y el juicio se pueda celebrar «lo antes posible, en 2023». Reconoció, no obstante, que las fechas dependerán en última instancia de los magistrados.

Díaz Manzanera volvió a incidir, no obstante, en que las vías para solucionar la realidad de la laguna no están en la justicia. Se mostró convencido «de que tiene que haber una solución para que el Mar Menor mejore» pero incidió en que esas soluciones, a su entender, serán «a largo plazo, no a corto plazo».

La actividad de la Fiscalía repuntó el pasado año en casi todas las materias tras un año marcado por la pandemia, la imposición de restricciones sociales y la práctica paralización judicial. Este organismo llegó a incoar más de 80.000 diligencias previas, un 16,19% más que un año antes. Este repunte normaliza las cifras tras el bajón que supuso para la Fiscalía el primer año de la pandemia -las diligencias previas cayeron un 15,4% y la celebración de juicios más de un 31%-. La memoria de la Fiscalía refleja un incremento de los delitos de lesiones, de aquellos vinculados a la siniestralidad laboral o de los robos y usurpaciones de viviendas -okupación-, entre otros.

Los delitos sexuales no fueron además una excepción y el año pasado las incoaciones de la Fiscalía por este tipo de casos aumentaron un 28,9%. Díaz Manzanera explicó que este organismo llegó a incoar hasta 557 diligencias por presuntas agresiones sexuales a lo largo de 2021 -una media de dos cada día laborable-, frente a las 383 tramitadas solo un año antes. El año pasado también se registraron 424 diligencias por abuso sexual, 45 por acoso y una docena por utilización de menores con fines pornográficos.

En este punto, el fiscal superior hizo mención a la colaboración establecida con el Obispado para perseguir posibles abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia. En ese sentido, dio a conocer seis casos que se encuentran judicializados después de que el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, los pusiera en conocimiento del Ministerio Público.

El fiscal superior subrayó, asimismo, el repunte de casos de trata. Explicó que a día de hoy los juzgados tramitan 23 procedimientos y la Fiscalía tiene abiertas seis diligencias. Han sido detectadas 25 víctimas. «Es el submundo más absoluto», incidió, anunciando que tras el verano se redoblarán esfuerzos para perseguir esta lacra «desconocida».

La memoria que la Fiscalía ha puesto encima de la mesa recoge, además, un «preocupante» nuevo repunte de los casos de violencia de género. El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, explicó que a lo largo de 2021 se incoaron hasta 8.343 procedimientos por casos de malos tratos en la Comunidad, un 28,2% más que el año anterior.

Lejos de lo que ocurre en otro tipo de delitos, la Covid no supuso un descenso de la violencia sobre la mujer, de tal forma que este repunte se suma al que ya percibieron los fiscales cuando, en plena pandemia, con el confinamiento y la obligada convivencia en los domicilios, las denuncias por malos tratos seguían llegando a sus despachos.

Preguntado por esta cuestión, Díaz Manzanera no supo encontrar una única causa que explique la persistencia de este tipo de violencia, pero remarcó que «es un problema de base, de educación» que se «debe trabajar con la gente joven». En este sentido, advirtió de que la persecución judicial de estos delitos no está logrando un efecto disuasorio. El año pasado, concretamente, se incoaron 3.775 diligencias por lesiones y maltrato familiar, 101 por amenazas. 1.118 por maltrato familiar habitual, 19 por acoso familiar y 26 por coacciones. Los juzgados de toda la Región dictaron hasta 1.612 sentencias.

En el transcurso de su intervención, el fiscal superior aplaudió la reforma legal que modifica la dispensa que la ley ofrecía a las mujeres maltratadas para que pudieran no declarar, durante el juicio, contra su pareja o su expareja -recogida en el artículo 416 del Código Penal-. Una medida que llevaba años denunciando que provocaba que muchos procedimientos acaben archivándose y a la que ahora no pueden acogerse las mujeres que se hayan personado en la causa o que hayan accedido a declarar inicialmente.

Está a la orden del día pero la justicia, en la persecución de la ciberdelincuencia, sigue tropezando con complicadas trabas. El fiscal superior puso el énfasis en las «dificultades prácticas»a las que se enfrentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de parar los pies a los delincuentes que actúan en la Red. «El rastro del autor del ciberdelito se transforma y puede desaparecer con rapidez».

Díaz Manzanera explicó que uno de los obstáculos en estas pesquisas, «es la facilidad para registrarse en las redes sociales, en las que basta ser titular de una cuenta de correo electrónico». De esta manera, cualquier persona puede darse de alta y de baja en breve espacio de tiempo», siendo difícil verificar si la persona que se da de alta es verdaderamente quien dice ser. «Esto pasa no solo con los maltratadores, sino con todos los delincuentes que actúan tras la pantalla del ordenador o del móvil», incidió el representante del Ministerio Público. En este punto, remarcó que los pantallazos, que muchas víctimas tratan de utilizar como prueba, no suelen ser aceptados en los juzgados.

A este problema se suma, además, el factor internacional. La mayoría de los medios, según explicó, para averiguar la IP o el perfil creado necesitan diligencias en países extranjeros. Entran en juego entonces las comisiones rogatorias que, señaló, complican bastante la persecución de los delitos que se cometen en internet.

Cortes de luz, presiones psicológicas, averías sin arreglar... Esos son solo algunos de los ejemplos de 'mobbing' inmobiliario con los que la Fiscalía tropezó el pasado año. Un tipo de acoso, ejercido normalmente por los dueños de una casa sobre sus inquilinos, que llevó en 2021 a iniciar ocho diligencias frente a las dos de 2020.

El fiscal superior también dio a conocer la acusación que la Fiscalía ha formulado contra el secretario de la Fundación Juan de la Cierva, procesado por presunto descuido y abandono de los fondos documentales del archivo del inventor del autogiro. Reclama dos años y tres meses de prisión y 598.737 euros por responsabilidad civil.

Asegurar que una orden de alejamiento se cumple puede, en ocasiones, ser un asunto de vida o muerte. Hasta 62 víctimas de violencia de género empleaban, al cierre del pasado año, pulseras GPS en la Región para poder vigilar el necesario distanciamiento con su agresor. Una tecnología ideada para proteger a la víctima que, sin embargo, lleva años registrando algunos problemas técnicos que, advierte la Fiscalía, han llevado a «muchas» víctimas a desistir. El problema, advirtió Díaz Manzanera, se sufre especialmente en algunas poblaciones de Murcia donde, por sus escasas dimensiones geográficas o por tratarse de zonas rurales, existe escasa señal o cobertura. Ello genera «multitud de informes de incidencias» al centro que gestiona estos aparatos y lleva a algunas víctimas a desistir de esa protección.

José Luis Díaz Manzanera reiteró este jueves las quejas por la acuciante falta de medios personales y materiales que sufre la Fiscalía de la Región de Murcia. En la actualidad, cuenta con 66 fiscales -y otros seis de refuerzo- , pero son «claramente insuficientes», precisó. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia se ha convertido en los últimos años en la primera del país en carga de trabajo y, sin embargo, es también la primera en el ratio por población, con un fiscal por cada 23.070 habitantes. Aunque este año la plantilla aumentó levemente con la incorporación de cuatro nuevos profesionales, el fiscal superior incidió en que «faltan, al menos, unos quince fiscales para equipararnos a la media nacional». Se mostró esperanzado en que, con la entrada de otros 70 fiscales, prevista para final de año, Murcia pueda mejorar sus cifras.

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