Los nuevos derechos de los felinos de la Región de Murcia

Una de las más polémicas es la normativa referida a los gatos, que se clasifican dependiendo de su forma de vida, lo que ha dado lugar a los denominados gatos comunitarios. La nueva ley reconoce a todos los mininos como animales de compañía, aunque se reglamentan distintos tipos de felinos de acuerdo al nivel de socialización o el sitio en el que habitan. No es lo mismo un gato doméstico que otro que vive en una colonia en la calle. Para estos gatos comunitarios -con origen en felinos abandonados, extraviados o merodeadores- se establecen algunas normas que tienen como objetivo el control, cuidado y protección. Para llevarlo a cabo, se debe implementar un protocolo de actuación que los principales consistorios de la Región pusieron en marcha hace varios años. Pero ahora se produce una duplicidad de leyes: estatal y regional. Este programa sanitario conocido como CER (captura, esterilización y retorno) exige que estos mamíferos sean alimentados, censados, desparasitados y castrados con el propósito de reducir progresivamente su población.

La nueva ley especifica una batería de medidas para proteger a las colonias de gatos, como promover la colaboración ciudadana para que cuiden a los felinos comunitarios, la identificación electrónica a través de un microchip y la esterilización quirúrgica, una labor que los ayuntamientos deberán gestionar como si se trataran de protectoras de los animales. La norma también crea la figura del cuidador de colonia felina. Se trata de una persona que atiende a los gatos comunitarios siguiendo un método de gestión como el CER y que debe obtener un carné que acredite que puede entregar comida y bebida al gato porque, en caso contrario, podría acarrear una multa económica. Pero, este perfil genera un problema para las administraciones locales, puesto que acusan falta de presupuesto, personal y medios.

Sin duda alguna, las colonias suponen un quebradero de cabeza para los gobiernos municipales. En Murcia, hay más de 100 colonias de gatos registradas y unos 20.000 felinos urbanos que merodean las calles sin todavía un estricto control; en Cartagena, también se supera la cifra de 100 localizaciones y más de 12.000; mientras que en Molina de Segura se contabilizan 52 ubicaciones y más de 5.000 felinos extraviados por calles. En Lorca, por su parte, tienen censadas 12 colonias y estiman unos 2.000 mininos.

Desde las autoridades municipales de Murcia se han propuesto un ambicioso proyecto que, sin embargo, echó a andar casi cuatro años después de la ley regional y que ahora está obligado a apuntalar para ponerse de acuerdo a la normativa nacional. El Ayuntamiento pretende esterilizar a los 20.000 gatos que deambulan por las calles del municipio en los próximos cuatro o cinco años. «Estamos retrasados porque hemos tenido que adaptar nuestra ordenanza que databa de los 90 en concordancia con la normativa regional, pese a que esta última carece de desarrollo del reglamento», explica la concejala de Salud, Esther Nevado, promotora de esta iniciativa en colaboración con la federación de asociaciones animalistas Animur. Apenas han castrado a pocos más de cien ejemplares desde entonces.

La nueva ley les ha empujado a impulsar también los cursos para garantizar la alimentación a los felinos urbanos, por lo que están negociando con el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia con el objetivo de que sean profesionales del ramo quienes los impartan. Los alimentadores -unos 1.500 en la ciudad de Murcia y sus pedanías- «deben saber que no pueden darles comida destinadas a humanos o proporcionales ingentes cantidades de alimento», prosigue Nevado. Esta labor, a parte de por medio de las asociaciones integradas en Animur, también se está llevando a cabo por parte de vecinos anónimos que actúan por su cuenta y riesgo, lo que ha generado trifulcas entre los mismos residentes de los barrios. Precisamente, la nueva ley impone sanciones a quienes alimenten con comida que no sea pienso seco, pero la ordenanza prevé un periodo transitorio de 18 meses. «La Policía, hasta entonces, no va a multar a nadie que alimente por su cuenta, siempre y cuando se haga con comida seca y en ningún momento con comida humana y se lleve un control del agua para evitar la proliferación del mosquito tigre», insiste Nevado.

El Ayuntamiento de la capital del Segura cuenta con una partida de 30.000 euros, una cuantía ínfima para intentar minimizar el impacto de las colonias. «Calculamos que se necesita una dotación de dos millones de euros para abordar el problema en varios ejercicios», detalla Nevado, quien espera obtener unos 100.000 mediante la subvención que el Gobierno central lanzó en diciembre para que los ayuntamientos pudieran comenzar a censar y castrar a los primeros ejemplares de las colonias felinas. Sin embargo, sin el apoyo de los especialistas les resultaría una tarea imposible de ejecutar: localizar y señalizar con carteles todas las colonias y controlar su población para facilitar una convivencia pacífica con sus vecinos. «No se trata solo de saber cómo alimentar a los gatos urbanos, sino de conocer en general los derechos de los animales, aprender a actuar en casos de envenenamiento, mantener limpia la zona, desparasitar y saber dónde acudir para caparlos», asegura Cari Marín, portavoz de la delegación de Murcia de Animur y presidenta de la Asociación Vecinos Felinos de La Alberca.

Según las organizaciones en defensa de los animales, el Ayuntamiento de Cartagena se posiciona entre uno de los municipios más avanzados de la Región en cuanto a protección de las colonias de gatos, de los que se calculan unos 12.000 felinos comunitarios entre la ciudad y las barriadas. El Consistorio aprobó una ordenanza en junio que contempla un marco compatible con los potenciales cambios que pretende introducir el Ejecutivo nacional, pero llevan colaborando con Animur desde el 2020.

En el proyecto de ley se recogen diversas obligaciones que ya han sido asumidas por el gobierno municipal de Cartagena como los convenios suscritos con las entidades de protección animal del municipio para fomentar la adopción de gatos abandonados, así como las diversas campañas de esterilización de los gatos mediante la intervención de un veterinario habilitado; el desarrollo de campañas sanitarias de las colonias, incluyendo la desparasitación, vacunación e identificación obligatoria mediante microchip a nombre del Ayuntamiento; la instalación de casetas para cobijo y punto de alimentación y su puesta a disposición a las entidades de protección animal que, en realidad, son las llamadas a gestionar el problema.

Al mismo tiempo, está ultimando un programa municipal de control y gestión ética de colonias felinas, con la finalidad de proceder al registro y regularización, y a la expedición de autorizaciones para las alimentadoras, lo que obligará la nueva ley de bienestar animal. «No cabe duda de que con la modificación de la Ordenanza el pasado año Cartagena se sitúa en primera línea de la protección y el bienestar de los animales, lo que nos facilita la transición normativa ante el deseado y tan esperado marco legislativo estatal» señala el concejal de Sanidad, Manuel Padín.

En 2022 se han esterilizado unos 300 gatos, una cifra todavía reducida de la que se requiere para asegurar su protección. En ese mismo año, se gastó unos 25.000 euros. «La gestión que conlleva sería imposible sin la colaboración estrecha con protectoras que aportan voluntariado y, a su vez, sus propios fondos en muchos de los casos», subraya Cristina Zaragoza, presidenta de Animur, cuya tarea se concentra en el área de Cartagena.

La tardía puesta en marcha de protocolos de actuación viene explicada por la falta de reglamentación de la ley regional, alegan las oenegés de protección animal que esperan que la nueva ley estatal la subsane, al igual que la ausencia de presupuestos que permitan atajar un problema sanitario, social y de seguridad muy extendido en la Región. El Ayuntamiento de Lorca lleva tres años con el método CER (captura, esterilización y retorno), a través de protectoras de animales, pero la pandemia afectó su labor. Hasta el momento, solo han podido censar 300 gatos en 12 colonias.

«Necesitamos más recursos para controlar a los gatos urbanos y una mayor concienciación ciudadana», incide el concejal de Sanidad del municipio lorquino, José Ángel Ponce. En Molina de Segura, donde hay 52 colonias y más de 5.000 gatos vagabundos, también mantiene un acuerdo con una protectora desde hace dos años para hacer frente a este fenómeno. «Este año se está haciendo proyecto piloto con la puesta en marcha de un contenedor de reciclaje que derive como refugio para los gatos», cuenta el concejal de Salud, Miguel Ángel Cantero, que confía en obtener más recursos cuando se apruebe la nueva ley de manera definitiva. En esta localidad, las sanciones por alimentar a las colonias felinas sin autorización conllevan a una multa de entre 300 a 3.000 euros. La nueva ley y la línea de ayudas abierta han logrado que pequeños ayuntamientos de la Región también se apunten y comiencen a elaborar sus propios protocolos para esterilizar a los gatos.

Empieza a caer la tarde cuando Caridad y Analuz se asoman a la terraza de una vivienda adosada en la periferia de la pedanía murciana de Monteagudo. En ese instante, aparece una mujer cercana a los 60 años que suele alimentar, junto a otra vecina, a los cinco gatos comunitarios que deambulan solo por la calle donde residen. Las voluntarias, que ejercen como mediadoras del Ayuntamiento de Murcia, utilizan horas de su tiempo libre para acercarse a estos lugares supuestamente conflictivos, donde hay colonias ferales, y les explican cómo deben afrontar esta problemática antes de que estalle una guerra vecinal o, en el caso de que ya se haya producido, al menos extinguirla. «Hay compañeras que realizan visitas a las siete de la mañana para evitar que algún vecino les agreda físicamente como ya ha sucedido en varias ocasiones; incluso la Policía Local ha llegado a retirar el agua y la comida e increpar a las voluntarias por la presión vecinal», denuncia Caridad, quien subraya que dejar a los animales sin alimento en un entorno donde no pueden conseguirlo se considera maltrato animal. Ahora, la nueva ley refuerza la necesidad de autorizar mediante carnés a estas cuidadoras para que sean amparadas y protegidas.

Las activistas descubren que hay dos hembras sin esterilizar, por lo que urgen rápidamente a las vecinas a que las lleven a una clínica veterinaria oficial para proceder a su esterilización. «Todo sale de nuestro propio bolsillo, no solo el pienso, unos 70 euros al mes para unos 10 gatos, sino que muy a menudo asumimos el gasto de las castraciones, unos 100 euros aproximadamente por cada uno», incide la defensora de los animales, antes de precisar que también se encargan de desparasitarlos y controlar a los animales que están enfermos o sufren un accidente.

Tras obtener el compromiso de que los van a llevar a castrar, llaman a la puerta de otros residentes, que reclaman cambiarlos de sitio porque presuntamente se introducen en sus balcones e, incluso, se cuelan por la apertura de una ventana. Se quejan de que defecan, destruyen enseres y se arriman a sus hijos, lo que genera un gran temor. Todas estas molestias se las achacan a las personas que les dan comida, ya que creen que los miman para que sigan pululando por su zona. «Nos dejan excrementos por todos los sitios, nos rayan los coches y entran en nuestras casas al más mínimo despiste», deplora María Álvarez, una vecina de 34 años. También lamenta la suciedad que genera la comida que un desconocido les deja en el parque infantil.

Las voluntarias intentan transmitir tranquilidad en busca de «minimizar los problemas» ocasionados. «Los gatos no se van a marchar porque son territoriales, solo se pueden castrar para impedir que se multipliquen; si se les reubica, volverán al mismo punto o vendrán otros al nicho vacío», explica Analuz. Sin embargo, subraya que los mininos deben estar lejos de lugares sensibles, como centros de salud, escuelas o residencias de mayores. En las pedanías, en especial, se vive una gran tensión vecinal, que ha llegado a generar trifulcas que han requerido la intervención policial. «Sufrimos una presión constante por parte de vecinos que ignoran los derechos de estos animales y el trabajo que se hace con ellos», abunda Analuz. «Probablemente se desconoce la lucha sin tregua que tenemos las alimentadoras y gestoras de colonias».