Alfonso Martínez Baños, José Vélez y Marisol Sánchez Jódar en la sede del PSRM.

La defensa de Vélez trata de tumbar la causa por la plaza de toros al «haberse excedido el plazo»

El delegado de Gobierno está citado a declarar como investigado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos

Sábado, 3 de diciembre 2022, 10:14

El despacho Pardo Geijo Abogados, que defiende al exalcalde de Calasparra y actual delegado del Gobierno, José Vélez, remitió esta semana un escrito al juzgado solicitando la nulidad de las actuaciones alegando que la instrucción ha excedido el plazo establecido legalmente.

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Vélez está citado a declarar como investigado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de la localidad para la celebración de unos festejos taurinos. El magistrado dictó el pasado 23 de noviembre una providencia en la que cita a Vélez el 17 de febrero del próximo año para que preste declaración.

El penalista Raúl Pardo-Geijo expone, no obstante, que la fecha de la comunicación del auto de incoación fue el 24 de marzo de 2021 y que la prórroga de las actuaciones no se acordó hasta el día 26 de abril de 2022, «fuera de plazo». En este sentido, el requerimiento indica que se han de sumar 12 meses a partir del día de incoación, el 24 de marzo de 2021, para obtener el 'dies a quem', esto es, el día del vencimiento de dicho plazo, «que no es otro que el 24 de marzo de 2022». Bajo este argumento, la defensa de José Vélez expone que «no se puede prorrogar aquello que ha vencido o expirado, aquello que ha caducado». Asimismo, refiere que la única resolución válida que se puede dictar es «la clausura de la instrucción y el sobreseimiento, siendo, por tal razón, nulas –o inválidas–todas las actuaciones procesales practicadas con posterioridad».

Existen precedentes como el 'caso Pasarelas', en el que un juez de Lorca acabó ordenando el archivo de las diligencias al expirar el plazo legal. En la causa por supuesta corrupción en la Ciudad del Sol, desgajada del 'caso Auditorio', se agotó el tiempo que la ley concedía para cerrar la investigación.

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