Sánchez insiste en su inocencia en el alegato final del juicio que puede llevarle a la cárcel
La defensa del expresidente de la Comunidad trata de desmontar la acusación de prevaricación que lleva aparejada la pena de 2 años y 6 meses de prisión
«Quiero agradecer el trato dispensado y escrupuloso, no solo del tribunal de la Sala, sino también de los funcionarios de la administración de justicia que han facilitado el trabajo en todos estos días. Por último, quiero decir que siempre que he tenido responsabilidades públicas he tenido dos fines: la búsqueda del interés general y el cumplimiento de la ley, y les aseguro que en este caso también ha sido así».
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Esta fue la última declaración del expresidente de la Comunidad y exalcalde de Puerto Lumbreras en el turno de última palabra de la sesión que cerró el juicio del 'caso Auditorio' que investiga presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde. Acto seguido, el juez Juan del Olmo, presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, agradeció a los acusados, «siempre es duro sentarse en esa posición», su comportamiento digno de elogio. «Ahora esperemos hacer justicia», concluyó.
Así acabó la última jornada del juicio, durante la cual la defensa de Pedro Antonio Sánchez, el abogado José Antonio Choclán, pidió, en su exposición de conclusiones, la libre absolución de su cliente al considerar que «no ha quedado acreditado ninguno de los tipos penales por los que se le acusa». Inició su intervención manteniendo que el proceso judicial que se lleva a cabo debería enmarcarse dentro de un procedimiento «administrativo y no penal» y reiteró que todas las decisiones sobre la obra fueron adoptadas en órganos colegiados. «No hay un solo informe técnico de alguien que ponga un reparo a la actuación administrativa».
Asimismo, advirtió de que pocos casos podrán encontrarse en la jurisprudencia penal en los que no haya habido una sola oposición «ni por un funcionario, ni jurídico ni técnico, ni por un órgano de control». El abogado manifestó que el tipo penal de prevaricación conlleva, además de una irregularidad, «que debe ser clamorosa», la existencia de «resoluciones que provoquen un resultado material injusto que afecte a la esfera de los derechos de los ciudadanos. Nada de eso hemos oído por parte de las acusaciones», señaló.
Visto para sentencia
El juicio del 'caso Auditorio', el más esperado de los últimos años, el caso que hizo apearse a Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de la Comunidad Autónoma y de la política, llegó este martes al final del trayecto tras quince sesiones en la Audiencia Provincial. La primera vista arrancó el 27 de septiembre, con una gran expectación en la puerta del Palacio de Justicia de Murcia. La imagen del expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, accediendo a los juzgados para sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial era muy codiciada. Las diligencias se materializaban en la sala de vistas siete años después de que se iniciaran, para dar cuenta de una serie de supuestas ilegalidades que se habrían cometido en 2005 en torno a la redacción del proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras, su adjudicación, su construcción y la recepción de las obras.
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Pero la primera jornada deparó la primera sorpresa cuando el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, retiró uno de los tres delitos que le imputaban al exalcalde de Puerto Lumbreras: el de fraude de subvenciones porque «así lo establece la jurisprudencia existente por parte del Tribunal Supremo», indicó el representante del Ministerio Fiscal.
La consecuencia inmediata era que la pena inicial de cuatro años y medio de cárcel quedaba en dos años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación continuada, y fraude y prevaricación. Además, se retiró la petición de la multa de seis millones de euros y se mantuvo la pena total de 19 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.
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Al día siguiente, llegó la declaración más esperada. Pedro Antonio Sánchez responsabilizó a los técnicos y al director del proyecto, el arquitecto Martín Lejarraga, procesado también en la causa, de todas las decisiones discutidas que se tomaron en el proceso de adjudicación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras.
El expresidente de la Comunidad Autónoma reiteró, asimismo, su desconocimiento de todos los detalles del expediente municipal -también de todo aquello que él mismo rubricaba- y enfatizó que no era su cometido corroborar que todo se cumplía en tiempo y forma. «El alcalde solo envía el documento», apuntó en su declaración.
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Lo que pide el fiscal
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Pedro Antonio Sánchez. Por el delito de fraude y prevaricación, la pena de 2 años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito de prevaricación continuada, 10 años y 1 día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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Arquitecto Martín Lejarraga. Por el delito de fraude en concurso con prevaricación y prevaricación continuada, 2 años y 3 meses de prisión y un total de 17 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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Caridad García Vidal. Para la secretaria municipal pide por los delitos de prevaricación continuada y fraude en concurso con prevaricación 2 años y 3 meses de prisión y 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público con pérdida de su condición funcionarial.
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Responsable de Ecisa Vicente Gimeno. Por fraude y prevaricación, la pena de 2 años y 3 meses de prisión y 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La modificación de la obra, origen de las supuestas irregularidades
El fiscal mantiene que el núcleo que originó las supuestas ilegalidades del proyecto del auditorio y donde nace el delito de fraude y prevaricación «se produce en la ejecución y aprobación del proyecto modificado» que atribuye a los cuatro acusados. Así, en su calificación final, asegura que los acusados Pedro Antonio Sánchez, Caridad García Vidal, Martín Lejarraga y Vicente Gimeno Merino, «a sabiendas de la inviabilidad técnica y económica del proyecto de febrero de 2008, acordaron ejecutar de hecho el proyecto modificado fechado en abril de 2009 para enmendar los excesos de certificación realizados y poder documentar como obra recepcionada y terminada una obra en construcción».
Expone que Pedro Antonio Sánchez aprobó dicho proyecto en Junta de Gobierno Local del 17 de septiembre de 2010, «con la ilícita colaboración de la secretaria municipal Caridad García Vidal». Por su parte, la dirección facultativa de las obras (Martín Lejarraga) puso de manifiesto la supuesta necesidad de modificar el proyecto de febrero de 2008 aprobado para atender a unas supuestas necesidades surgidas por el retranqueo del proyecto de reparcelación del sector en el que se ubica la parcela. En abril de 2010, se hizo el último pago a la empresa Ecisa de 5.659.597 euros, esto es, el precio total de la obra contratada, pero solo estaba construido el 61,96% de la misma. Y, desde entonces, la obra está parada porque ya se había gastado el presupuesto.
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