Javier Pérez Pérez: «Debe existir una tarifa plana de agua para todos los regantes»

–Reclama la creación de una ley que ampare a las comunidades de regantes y que regule su funcionamiento. ¿Cuáles son las disfunciones que existen?

–Las principales son de índole fiscal, puesto que de los servicios que prestan a sus comuneros, unos están sujetos al IVA y otros no, en función del origen de los caudales de agua que distribuyen. Tampoco tiene sentido que deban estar sujetas a la legislación de contratos del Estado a la hora de licitar y ejecutar obras.

–En su libro 'Las nuevas comunidades de regantes' destaca que están en «una indefinición jurídica brutal». ¿Ejemplos?

–La actual doble caracterización público-privada de las comunidades de regantes hace que se generen muchas dudas que surgen en su funcionamiento diario. Esa situación de inseguridad debe terminar a través de un nuevo estatuto jurídico. No tiene sentido que estén tuteladas por las Confederaciones y al tiempo puedan ser sancionadas por estas.

–Sostiene que son las entidades que mejor gestionan el agua en la Región, por lo que no se las puede criminalizar. ¿Cómo ve la situación actual del sector?

–Es muy preocupante porque está siendo criminalizado injustamente cuando ha sido durante la pandemia uno de los sectores, junto con el sanitario, que ha sostenido nuestra sociedad suministrando alimentos. También ha contribuido a mantener nuestro PIB regional. Por eso no entiendo esa criminalización que se ha puesto de moda como consecuencia de la actual situación del Mar Menor, que no viene de ahora ni mucho menos. Lo que me parece de 'locos interesados' es pretender cargarse el Trasvase Tajo-Segura achacándole ser –de todos los males que sufre la laguna– el peor.

–¿Qué análisis hace de las medidas para evitar que la actividad agrícola siga impactando en el acuífero y en el Mar Menor?

–Las medidas que se recogen en la ley del Mar Menor deben aplicarse de inmediato por parte del Gobierno regional, al tiempo que el Estado debería estar ejecutando las obras previstas en el Plan de Vertido Cero para la laguna. Sin ambas actuaciones coordinadas el Mar Menor no tiene futuro.

–¿Qué otras medidas aplicaría?

–Además de controlar el uso de fertilizantes y modificar la roturación de los cultivos, habría que eliminar las playas artificiales, prohibir el uso de embarcaciones a motor, modificar los actuales pantanales de los puertos deportivos y obligar de una vez por todas que las depuradoras municipales dejen de verter porquería a la laguna. Y, por supuesto, mantener la actual moratoria urbanística. Todavía recuerdo, siendo director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el año 1992, mis declaraciones en prensa anunciando una posible moratoria que nunca se produjo. Me cayó la del pulpo y al poco tiempo fui cesado, agradeciéndome, eso sí, los servicios prestados.

–La sociedad estatal Acuamed, vende agua, pero luego llega la CHS y sanciona a los compradores porque no tienen concesiones. Es lo que ha ocurrido en Valdelentisco. ¿Qué hacer?

–Acudir a los tribunales, como así están haciendo muchos usuarios de aguas suministradas por las desaladoras de Acuamed. Como ya he señalado alguna vez, estamos ante un verdadero caso de 'hidroesquizofrenia'.

–A raíz de una denuncia suya, la Fiscalía ha abierto diligencias sobre los convenios de la desaladora de Valdelentisco. ¿En qué fase está esa investigación?

–En fase de averiguación de los hechos denunciados por parte de la Fiscalía. A fecha de hoy no le puedo decir más.

–¿Qué futuro le ve al Trasvase?

–Está en grave peligro. Lo que ocurre es que su cierre se va a producir de forma prolongada en el tiempo, con la adecuada anestesia suministrada a los regantes por parte del actual Ministerio. Frente a este futuro cierto, la desalación no es solución, es complemento. Hay que elaborar para nuestra cuenca un 'mix' hídrico, tanto de procedencias de caudales como de precios resultantes, intentando establecer una especie de tarifa plana para todos los regantes, a fin de que compitan en igualdad de condiciones.