La costa rellena los huecos libres en la Región de Murcia

En los despachos municipales de Urbanismo se escudan en que la ley ampara el derecho de los propietarios a edificar, sobre todo en el Mar Menor, donde la moratoria solo fue un sueño ya olvidado, que dejó la espita abierta a toda promoción inmobiliaria.

Algunas nuevas urbanizaciones ya están en obras, y otras se encuentran en tramitación en la Comunidad Autónoma, a la espera de un informe ambiental. Miles de viviendas nuevas están en gestación con el azul del mar como reclamo. Olvidados los sinsabores del 'boom' inmobiliario de los noventa, la vivienda de playa vuelve a ser un negocio en alza. Las grúas vuelven a pinchar el cielo, movidas por cotizaciones que llegan a los 1.916 euros por metro cuadrado en La Manga o los 1.586 euros en Águilas, según el portal Fotocasa.

Mientras tanto, surge la pregunta sobre si el litoral murciano puede soportar más habitantes, permanentes o temporales, más bañistas y más vehículos, en localidades donde las reivindicaciones de mejores carreteras y servicios sanitarios más completos llevan desoídas varios años.

Hacia el sur de la Región, el plan parcial Urci en trámite prevé reservar 328.844 metros cuadrados de edificabilidad en una franja costera frente a la playa de Matalentisco con intensa afluencia turística por el atractivo de las cercanas Cuatro Calas. Las viviendas ya festonean la primera línea antes de llegar frente a la isla del Fraile, donde una megaurbanización comenzó a transformar este espacio singular hace años con una licencia expedida tiempo atrás, que se ha reactivado para levantar 60 viviendas hasta encapotar la cima de la montaña.

El foco de los constructores está sin embargo orientado hacia los terrenos que separan Águilas de Calabardina, en zona de distribución de la tortuga mora.

Al menos 8 proyectos urbanísticos en trámite transformarán la zona con planes parciales como Villa Isabel, Nueva Águilas, Cala Honda, Los Collados Weiss, Cumbre los Collados, Todosol, Los Lagartos y Collados de Sotomayor. Casi 600.000 metros cuadrados de edificabilidad, algo así como siete veces el estadio Santiago Bernabéu. «Todos tienen su sistema de espacios libres, por tanto, casi la mitad son zonas verdes, deportivas y dotacionales, y cuentan con evaluación ambiental, que incluye medidas correctoras», aclara la alcaldesa, María del Carmen Moreno. El Plan General de Ordenación Urbana ya contemplaba estos desarrollos de tierras, la mayoría propiedad de la Sareb y otros bancos, que impulsan los proyectos para revalorizarlos de cara a la venta a promotores urbanísticos. Moreno cree que «Águilas crece ordenadamente». Sobre si el municipio tiene capacidad de aumentar su carga territorial, señala que «estos planes parciales van acondicionados al desdoblamiento de la carretera de Calabardina, y los promotores se tendrán que comprometer por medio de un aval».

Lo que está por llegar a Calabardina es «uno de los planes más preocupantes de la costa», señala el director de ANSE. Advierte de que «la naturaleza que queda cada vez es menor, y la calidad de vida empeora».

«Mi objetivo es pasar de los 37.000 a los 57.000 habitantes y saltar a la liga de los mayores», afirma el alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo. Busca «un desarrollo controlado y de alto 'standing', con hoteles para conjugar el turismo y la residencia». El gobierno local «tiene predisposición a resolver los planes que llevan 20 años en proceso» y que añadirán al municipio casi 7.000 viviendas. Están pendientes de aprobación definitiva las 437 viviendas en el Cabezo del Faro, que incluirá la cesión de 8.500 metros cuadrados, en los que se levantará el Museo Fenicio. El alcalde destaca la descontaminación del suelo minero que tienen que hacer los propietarios para consolidar la urbanización.

En cantidad de viviendas, le sigue el plan Bahía, con 3.016 casas y 1.300 plazas hoteleras, en segunda línea de mar, aunque su forma de herradura enlaza con la costa. Cerca de las Gredas de Bolnuevo crecerán 911 viviendas. La Comunidad obligó al promotor a reducir 16 hectáreas en el proyecto inicial, pero su cercanía a la Zona de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Interés Geológico no deja de despertar recelos.

El más controvertido es el plan parcial El Mojón, con 2.419 viviendas en unos 2,4 millones de metros cuadrados. La decisión de levantar chalés, pisos y hoteles depende ahora del Consejo Jurídico de la Comunidad Autónoma. Campillo ve en estos planes «una apuesta por Mazarrón que creará riqueza para todos por medio de unos proyectos que cuentan con el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para garantizar los recursos hídricos, con informes ambientales y el visto bueno de Cultura y de Patrimonio Histórico, así que lo controlamos todo bien». Cree que su impulso será «una forma de presionar a la Comunidad para mejorar los servicios sanitarios, que llevamos años pidiendo». Destaca el hospital privado con 34 camas en Camposol, pero reclama «un hospital público que evite a los vecinos tener que desplazarse a Cartagena».

Desde ANSE, Pedro García presentó alegaciones al plan de El Mojón porque cree que «sería la puntilla a la zona, con las playas colapsadas y la enorme presión inmobiliaria». Alerta de que «las dos parejas de búho real que habitan en la sierra de La Muela- Cabo Tiñoso acuden a alimentarse a estas extensiones agrícolas abandonadas».

El carpetazo que el Plan General de Ordenación Urbana ha dado a planes polémicos, como Novo Cartago, El Vivero, La Loma de Mar de Cristal y una urbanización de Los Urrutias, ha hecho respirar a muchos. Las 12.000 viviendas que sumaban estos proyectos, además de los hoteles, hubieran ocupado 1.230.000 de metros cuadrados, que ya no serán urbanizables si se aprueba la propuesta del Gobierno local. Fuentes municipales afirman que «son proyectos en tramitación inicial, por lo que no hay riesgo de tener que pagar indemnizaciones costosas a los dueños». El equipo de Noelia Arroyo ha decidido proponer además la protección de la ladera marítima de Cala Reona, una superficie de 650.000 metros cuadrados donde se propuso la construcción de 800 viviendas.

Queda pendiente que los vecinos de La Azohía respiren también cuando el Ayuntamiento garantice que las 135 viviendas previstas no afectan al palmeral ni al bosque de eucaliptos. El Ayuntamiento confirma que los dos edificios de cuatro plantas previstos se harán fuera del palmeral. En Urbanismo afirman que no hay ya proyectos urbanísticos en el litoral, más allá de alguna casa aislada y de baja densidad.

Las 504 viviendas con licencia ya está tomando forma en La Manga en tres proyectos diferentes. Junto al pabellón deportivo, se levantan 300 pisos en una promoción que comenzó hacia ya varios años. Al norte del puente de El Estacio, los 116 nuevos alojamientos turísticos empiezan a mirar al Mediterráneo. El tercer plan es el que dejará plantadas 88 viviendas a la altura del Pudrimel.

Y por increíble que parezca, aún queda espacio dispuesto para nuevas torres, ya que el fin de la moratoria urbanística ha reactivado el dinamismo inmobiliario en La Manga. Al menos seis parcelas urbanas de la zona norte están destinadas a alojar edificios. Tres de ellas están clasificadas como residencial colectivo y otras tres son hoteleras. «Mientras no se apruebe el planeamiento no se sabe el número de unidades», afirma el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez. Una de las hoteleras es la que ocupaba el viejo Lagoymar, ya demolido. El edil asegura que está en redacción el Plan General de Infraestructuras, que «aclarará si la zona cuenta con los servicios básicos adecuados y cómo mejorarlos».

Si no se quiere construir más en La Manga, el concejal asegura que «habrá que indemnizar, por eso buscamos fondos europeos o del Estado». Para el diputado socialista Manuel Sevilla, es urgente «una nueva moratoria que se extienda hasta que la Comunidad realice el Plan de Ordenación del Territorio de la cuenta del Mar Menor, pero no hay interés».

En la segunda fase del Plan Parcial Nueva Ribera, que impulsó el cerebro del caso Malaya y después ha atraído a varios socios constructores, no hay movimiento a la vista, aunque el vallado que separa los terrenos de la playa de Las Salinas indica un seguro desarrollo futuro. «Debemos buscar soluciones de protección del espacio natural de La Hita», señala el alcalde, Mario Pérez Cervera. Les ha propuesto a los dueños crear un cordón verde que conecte el parque del Gonio con la playa y el área salvaje de La Hita.

La Vega Baja vive un nuevo fulgor del ladrillo. La construcción tira de la locomotora económica de la comarca, que hoy por hoy continúa siendo el lugar donde más de construye de la provincia de Alicante. Así lo indican los datos del Colegio de Arquitectos Técnicos de Alicante. Al cierre del pasado año, cuatro de cada diez viviendas de la provincia se construyeron en el territorio más meridional de la Comunidad Valenciana.

En la punta de lanza está un proyecto: 7.500 viviendas para albergar a 20.000 habitantes son las enormes dimensiones de lo que en septiembre del pasado año empezó a erigirse en la antigua finca de La Hoya, a las afueras de Torrevieja y en un entorno privilegiado con vistas a ambas lagunas saladas.

Lo más próximo a las dimensiones de La Hoya son las 2.200 viviendas que Gomendio emprende en Cala Mosca. En mayo del año pasado, autorizaban los trabajos que acabarán con el último kilómetro virgen del litoral oriolano. Todavía están tendiendo los viales al mismo tiempo que traslocan las especies protegidas hacia la microrreserva que este nuevo sector debe incluir.

Investigador del Grupo I+D y director de la Escuela de Arquitectura y Edificación, observa «la necesidad de actualizar las urbanizaciones del litoral, porque ya empiezan a definirse como un destino turístico maduro». Cree que tendría que ser una prioridad para los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma, pero considera que «aumentar la carga con más segundas residencias teniendo un parque envejecido es irracional». Alerta sobre la necesidad de tener en cuenta el cambio climático. «La solución no será otra que la retirada estratégica por la subida del mar y los temporales, lo que obligará a hacer rehabilitaciones».

Peñalver apuesta por emplear «las nuevas herramientas que tenemos para regenerar las áreas urbanas del litoral». Pone como ejemplo «las nuevas maneras de gestionar el agua con los nuevos sistemas de drenajes». Peñalver advierte de que «tenemos muchos deberes pendientes en algunos municipios» y señala la localidad pinatarense de Lo Pagán que, según afirma, «necesita repensarse y hacer cirugía urbana». Destaca también La Manga. «Son zonas colmatadas para vivir, pero si pudiéramos desestacionalizarlas, se les prestaría más atención y no solo a corto plazo», afirma.