Los letrados en huelgan tildan de «irresponsabilidad» que el Ministerio espere aún seis días para escucharlos

Los letrados de la administración de justicia (LAJ), inmersos desde el pasado 24 de enero en una huelga indefinida que mantiene prácticamente paralizados los juzgados, tildan de «irresponsabilidad» que el Ministerio haya aguardado hasta el 16 de febrero para convocar al comité de huelga. «Nuestra preocupación es máxima porque esa fecha supone cinco días más, al menos, en los que los juzgados estarán parados», remarca María del Mar Garcerán, delegada territorial de la unión progresista de letrados de la administración de justicia de Murcia (UPSJ), una de las convocantes del paro.

Los integrantes de este colectivo quisieron dejar constancia este viernes de su «estupor» y «desconcierto» ante esta decisión del Ministerio con una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia. «La ministra tendría que haber convocado al comité de huelga ayer», remarca Garcerán. Hace hincapié, además, en que los LAJ, antes de plantarse con esta contundente medida de presión, ya habían realizado varias jornadas de paro previas en noviembre, diciembre y enero –con un seguimiento, en algunas ocasiones, de hasta un 90%– para protestar contra la paralización de los acuerdos a los que habían llegado con el Ministerio. «A la ministra no le pilla de nuevas», subraya. El colectivo reclama, entre otras cuestiones, una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que, sostienen, entonces se les compensara.

La ausencia de estos profesionales en sus puestos de trabajo obligó, desde el pasado 24 de enero, a aplazar más de 5.000 actuaciones judiciales en todos los partidos judiciales de la Región, según los datos facilitados por las organizaciones convocantes. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mostró su preocupación por la situación de bloqueo que se vive en los tribunales. Advirtió, además, de la «difícil» labor de recolocación de estas causas que los juzgados tendrán que hacer una vez que el paro acabe y que podría llevar a que los asuntos aplazados se hagan esperar aún más de un año.

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