El Constitucional señala que la ley de derechos del Mar Menor crea «un nuevo tipo de persona jurídica»

El Tribunal Constitucional ha basado su rechazo al recurso de Vox contra la ley de personalidad jurídica del Mar Menor y de su cuenca en que esta normativa estatal, aprobada en 2022, tiene pleno encaje en la Carta Magna como «norma singular». Se trata de un desarrollo legislativo que busca dotar a la laguna de «derechos específicos, vinculados a su protección ambiental», y lo hace a través de una técnica inscrita en un «movimiento internacional en auge» en la última década. Se trata del movimiento que «promueve el reconocimiento de los llamados derechos de la naturaleza». Así lo explicó en un comunicado el TC este jueves, tras la sentencia dictada este miércoles por el Pleno del Constitucional, que avala la norma por siete votos a favor y cinco en contra.

El tribunal de garantías da cobertura, así, al argumento central empleado por los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que desembocó en la implantación de la Ley por parte del Congreso de los Diputados, tras la recogida de 600.000 firmas ciudadanas. La normativa está, ahora, pendiente de despliegue a través de un reglamento, lo que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Este puede o no tener en cuenta el criterio del Consejo de Estado, que puso algunos reparos, entre ellos lo relativo a la indefinición de la personalidad jurídica del Mar Menor. El TC despeja esta cuestión, al señalar que la norma crea «un nuevo tipo de persona jurídica»

En su nota, el TC recuerda que Vox impugnó la Ley 19/2022 «por razones competenciales y planteaba también otros motivos de impugnación por razones sustantivas contra ciertos preceptos». Y apunta que «es una norma respaldada por el rango y la competencia adecuados que materialmente busca la protección ambiental».

Agrega que el Constitucional, en 1995, este mismo órgano «reconoció el ambiente como un 'concepto esencialmente antropocéntrico', pero allí mismo también se decía que es un concepto relativo, concreto y dinámico. Se resalta que es el legislador quien ha de determinar las técnicas apropiadas para llevar a efecto el principio rector del artículo 45 de la Constitución Española, y ahora ha acogido una visión más ecocéntrica. También se subraya que la atribución de personalidad jurídica es diferente de la personalidad física, sin menoscabar la dignidad humana, y que la Constitución no reserva la tutela judicial efectiva para un determinado tipo de personas».

Asimismo, la sentencia del TC sobre el recurso de Vox «descarta la queja relativa al principio de seguridad jurídica, que la demanda vinculaba con el carácter inconcreto de los derechos que se confieren a la nueva persona jurídica, lo que nos sitúa en el plano de la técnica legislativa e impide que pueda prosperar el reparo». «La aplicabilidad de la disposición derogatoria única de esta Ley dependerá de los métodos de interpretación ordinarios en derecho». concluye el TC.

«Finalmente, se desestima la infracción de los artículos. 9.3, 25.1 y 81.1 de la Constitución Española. La sentencia descarta de plano la lesión de los artículos 25.1 y 81.1, dado que la textualidad de la Ley evidencia que no se están tipificando infracciones, delitos, sanciones o penas. Igualmente se excluye la quiebra del artículo 9.3, de nuevo porque las cuestiones de técnica legislativa o de rigor técnico son ajenas al Tribunal Constitucional».

Según el TC, han anunciado la formulación de voto particular los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, dijo este jueves acerca del visto bueno del Tribunal Constitucional a la Ley de personalidad jurídica del Mar Menor que «cualquier iniciativa» que contribuya a la protección y recuperación de la laguna «es bienvenida». En esos mismos objetivos sigue trabajando la Comunidad, aseguró. Para Vox, que presentó el recurso contra la normativa a través de cincuenta parlamentarios, «el fallo responde más a intereses políticos que a argumentos jurídicos». Así lo señalaron fuentes del partido en la Región de Murcia, que tiene al frente a José Ángel Antelo, e insistieron en sus argumentos previos a la decisión del Constitucional. Según la formación de Santiago Abascal, «esa ley es una aberración jurídica. La ILP es una ley comunista que atenta contra la libertad de empresa, contra aquellos que nos pagan el sueldo, es decir, el sector agroalimentario, y acaba con la propiedad privada en el entorno del Mar Menor, generando así un ente paralelo que será quien decida qué hacer».

«Celebramos el fallo reconociendo la constitucionalidad de la Ley, a pesar de la pretensión de Vox de torpedear cualquier normativa relacionada con la protección del Mar Menor o con la regulación de las actividades que impactan negativamente en la laguna». Así reaccionaron ayer al fallo del TC distintas organizaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Amarme.

Una de las consecuencias de la sentencia, indicaron, «debe ser la urgente aprobación del reglamento que regule y desarrolle algunos aspectos de la Ley» por parte del Consejo de Ministros. Esa norma debe incluir lo relativo a «la constitución, el funcionamiento y las funciones del Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, que conforman la Tutoría del Mar Menor». «Además, no debemos olvidar que sigue en discusión el artículo 6, sobre la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda representar al Mar Menor en los tribunales, a pesar de estar en vigor desde el momento de su aprobación y sin necesidad de reglamentación adicional», señalaron.

Insistieron en que es «imprescindible una verdadera coordinación y cooperación entre las administraciones implicadas, para recuperar el ecosistema del Mar Menor, con la participación de la sociedad y la implicación del sector empresarial».

El PP de la Región de Murcia recordó que la ILP tuvo su «voto favorable» para «contribuir a mantener el consenso social y político en torno a la recuperación y protección del Mar Menor». Los populares están «convencidos de que cualquier herramienta que pueda ser útil para continuar avanzando en la protección y recuperación del Mar Menor debe contar con el apoyo de todos los partidos». Lo señaló en pleno debate en la Asamblea Regional sobre la posible modificación de la ley autonómica de recuperación y protección de la laguna.

«Es una gran noticia que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley estatal», para la que los socialistas «nos movilizamos desde el primer momento», dijo el secretario general del PSRM-PSOE. Y ve superado otro de «los obstáculos de la ultraderecha». María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea, indicó: «Se impuso el sentido común frente al negacionismo climático y la defensa a ultranza del agroextractivismo más contaminante, que es lo que defiende Vox».

--

José Alberto

González Andugar

Redactor Murcia jagonzalez@laverdad.es

verdad

Temas

• Congreso de los diputados
• Vox
• Tribunal Constitucional (TC)
• Mar Menor